Decepción en el barrio de La Caridad de Algeciras tras tumbar el Congreso la ley contra los proxenetas
Sin acuerdo político
La iniciativa socialista pretendía modificar varios artículos del Código Penal para endurecer el castigo a quienes obtienen beneficios de la prostitución a costa de terceros
La peatonalización de las calles desplaza a prostitutas y clientes a un descampado tras la estación de autobuses
El Congreso deja caer la ley contra el proxenetismo
Dos mujeres protagonizan un altercado tras salir del edificio okupa de la calle Teniente Riera de Algeciras
Vecinos y asociaciones solidarias del barrio de La Caridad (también llamado del Carmen) en Algeciras han visto con decepción cómo los votos de PP, Sumar, Vox y otras formaciones han tumbado la reforma legal defendida por el PSOE por la que se pretendía prohibir el proxenetismo en todas sus formas, es decir, la obtención de beneficios económicos de la prostitución a costa de otra persona. La iniciativa se debatió el pasado día 21 en el Congreso de los Diputados.
Modificar el Código Penal para endurecer el castigo del proxenetismo, multar el pago por sexo y castigar con cárcel la tercería locativa, esto es, penar el lucrarse por destinar un inmueble o cualquier otro espacio para que otra persona ejerza la prostitución, aun con su consentimiento, eran las cuestiones que planteaba el PSOE y que podrían haber tenido una repercusión directa en algunas zonas del Campo de Gibraltar que sufren esta lacra.
Operaciones de la Policía Nacional llevadas a cabo en el último año como Muralla y Tusy, publicadas en Europa Sur, dan idea de la elevada actividad de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos en Algeciras. También las denuncias de los vecinos que residen en las calles cercanas al puerto algecireño y a la estaciones de tren y autobús, junto al paseo del antiguo Río de la Miel, donde se ejerce la prostitución en algunos hostales, clubes y pisos privados, como la antigua pensión Trujillo.
Un nuevo foco de la prostitución
Hasta hace poco, residentes del bario de La Caridad criticaban la situación de inseguridad, suciedad, ruidos, broncas y peleas a altas horas de la madrugada que sufrían por la presencia de proxenetas, clientes y mujeres que se prostituían en calles como Segismundo Moret, Cayetano del Toro, Río y Duque de Almodóvar, a pesar de que en los alrededores hay dos centros educativos (el Instituto Ventura Morón y el colegio San José Virgen De La Palma) o el parque de Las Acacias, además del museo municipal.
Antonio Jarillo Pérez, presidente de la asociación de vecinos del barrio del Carmen-La Caridad, explica a Europa Sur que la reciente peatonalización de algunas de las citadas calles y haber tapiado el antiguo solar de Almacenes Mérida ha hecho que la prostitución se desplace al gran descampado ubicado en las traseras de la estación de autobuses de San Bernardo, donde hay un aparcamiento público con escasa iluminación, a las calles Aníbal y Carteya y la avenida Gesto por la Paz.
"Ya no se ve el descaro de antes. El ambiente ha mejorado en algunas zonas desde que los coches ya no pueden circular, unido a la instalación de las cámaras de videovigilancia, aunque siguen funcionando algunos hostales y viviendas como prostíbulos encubiertos", matiza. "De todos modos, aplaudo cualquier ley que proteja a las mujeres de las mafias y aporte seguridad a los ciudadanos".
En esta misma línea se pronuncia Mari Ángeles Benítez, presidenta de Algeciras Acoge, que presta especial ayuda a los migrantes que cruzan el Estrecho. "Estamos de acuerdo con la proposición del PSOE para luchar contra el proxenetismo, del mismo modo que criticamos cualquier forma de explotación o trata de las personas como mercancía". Y añade: "La prostitución, en Algeciras, no solo se encuentra en la zona baja de la ciudad. Se trata, en su mayor parte, de un problema invisibilizado que se produce en pisos y clubes hasta convertirse cada vez en un hecho más oculto, fuera de la vía pública".
Ordenanza municipal
En Algeciras se aprobó en 2013 una ordenanza municipal contra la prostitución y la trata con fines de explotación sexual que establece sanciones no contra quien ofrece servicios sexuales, sino para las personas que los solicitan, negocian o aceptan, en consonancia con la iniciativa que acaba de dividir al Gobierno en el Congreso. En la ciudad ya se contemplan multas máximas de 3.000 euros y no solo se prohíbe la prostitución en la calle, sino también en los espacios privados cuando sus efectos "afecten negativamente a la convivencia y el civismo".
La normativa, en su artículo 15, dictamina que se considera una infracción muy grave si estas actividades se ejercen a menos de 200 metros de distancia de centros docentes o educativos u otros espacios con afluencia de público infantil o juvenil. También en espacios con gran afluencia de público, como puede ser cualquier acto de naturaleza cultural, festiva, lúdica o deportiva.
Desde la mezquita Al-Huda, en la calle Montero Ríos de Algeciras, llevan años reclamando una solución a estos problemas, según explica Mohamed El-Mkaddem, su segundo imán. "Hemos denunciado en varias ocasiones ante las fuerzas vivas de la ciudad y los responsables de seguridad ciudadana la prostitución y el trapicheo de drogas que se ejercen en las calles aledañas a la mezquita, sin éxito hasta el momento", expone.
"Siempre nos responden que no pueden hacer nada porque la prostitución no se considera un delito y la realidad es que el barrio está abandonado y genera mala imagen", añade El-Mkaddem, quien explica que, cada día, unos 350 niños acuden a la mezquita Al-Huda. Mientras no se produzca una alteración del orden público la policía no puede actuar, según ha explicado el Consistorio algecireño en alguna ocasión.
El PSOE se queda solo
Prostitutas del Colectivo de Trabajadoras Sexuales han celebrado el rechazo del Congreso a la ley del PSOE para prohibir el proxenetismo, mientras que feministas de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres han dicho que es "decepcionante". "Era una cortina de humo para tapar los casos de sus puteros y puteras, que hay muchos", han asegurado prostitutas del Colectivo de Trabajadoras Sexuales en declaraciones a Europa Press sobre la proposición socialista que se ha debatido este martes en la Cámara Baja.
En concreto, la iniciativa, que ha dividido al Gobierno, ha contado con 122 votos a favor (PSOE y BNG), 36 abstenciones (Vox y Podemos) y 184 en contra (PP, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y PNV).
La iniciativa socialista pretendía modificar varios artículos del Código Penal para endurecer el castigo al proxenetismo en todas sus formas.
En concreto, el texto modificaba el artículo 187.2 para subir la pena de prisión de dos a cuatro años, en lugar de uno a tres que hay ahora, "a quien, con ánimo de lucro, promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma".
También cambiaba el 187.3., donde se incluía una nueva letra que añade que "agrava la penas cuando la víctima sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor".
Finalmente, el último cambio se encontraba en el 187.ter 2., que reflejaba que, en el caso de que la persona que presta el acto de naturaleza sexual fuese menor de edad o persona en situación de vulnerabilidad, se impondrá la pena de prisión de uno a tres años y multa de 24 a 48 meses, en lugar de 18 a 24 meses "para adecuarlo a lo que dispone el Código Penal" (la extensión máxima de la pena de multa no puede superar los 24 meses).
Cabe recordar que actualmente, España sólo condena las conductas de prostitución coactiva (obligar a una persona a ejercer la prostitución mediante violencia, intimidación o engaño), la prostitución de menores y la trata. Numerosas organizaciones coinciden en que la mayoría de las víctimas están afectadas por múltiples vulnerabilidades: pobreza, nacionalidad, situación administrativa irregular, cargas familiares, violencia previa o falta de red social.
A falta de estadísticas oficiales, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) calculaba en 2012 que en España había unas 45.000 personas en situación de prostitución. In Género, una ONG que presta atención y acompañamiento a víctimas de trata y explotación sexual, añade que existen alrededor de 800 prostíbulos y 2.500 pisos donde se llevan a cabo estas prácticas.
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