Casi tres años después de que comenzara su construcción en una parcela de 20.000 metros cuadrados que el Ayuntamiento de Algeciras cedió al Ministerio del Interior, la obra del nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras está a punto de concluir. La previsión es que la llave se entregue a la Policía Nacional, encargada de la custodia de este tipo de edificios, durante este mes de febrero. Entonces comenzará a prepararse el traslado, en principio previsto para la Semana Santa aunque en cualquier caso antes de que acabe el verano, según han confirmado a Europa Sur fuentes policiales.  

La intención es que la mudanza sea progresiva para comprobar que todo funciona correctamente. Además, no se admitirán nuevos ingresos durante los meses previos al traslado para  reducir el número de internos al mínimo. El CIE actual, en la antigua cárcel de La Piñera, alberga en estos momentos a 27 ciudadanos no comunitarios en situación irregular. El nuevo tiene capacidad para 500, 205 menos de las previstas cuando se decidió su construcción, en 2017, cuando el España volvía a ser ruta prioritaria en la búsqueda del sueño europeo para miles de migrantes y el Gobierno no daba abasto para albergar a todos los que cruzaban el Estrecho. Ahora, esa cifra ha caído de forma notable tras la recuperación de las relaciones con Marruecos.

El edificio se encuentra junto a la carretera CA-9208, cerca del centro penitenciario de Botafuegos. Según explicó cuando empezó a construirse el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, “se necesitarán 300 puestos de trabajo para echar a andar cuando el centro esté terminado”.

Este nuevo centro, financiado en su mayor parte por la Unión Europea a través de Frontex, ha costado más de 33 millones de euros. Pretende servir de modelo a todos los que se construyan para sustituir a los actuales, tanto en España como en otros países europeos. De hecho, es uno de los pocos que no han sido implantados sobre viejas prisiones en desuso, antiguas comisarías o cuarteles cerrados, como ha sido hasta ahora la tónica habitual.    

Este nuevo modelo quiere implantar un mismo funcionamiento para todos los CIE en el que los migrantes se distribuyan por sexo, procedencia, nacionalidad y religión, y que cuente con todos los servicios asistenciales, desde enfermería a espacios para abogados y ONG.

El de Algeciras cuenta con siete edificios residenciales en los que desaparecen las habitaciones comunales que ahora son habituales en los CIE para dar paso a estancias de dos personas, cada una con su baño (una reivindicación antigua). Habrá espacios destinados a los servicios sociales y ONG, zona para visitas y entrevistas con los abogados y sala de juegos. El centro se articula en torno a un patio central donde se sitúa una cancha de juego y un auditorio al aire libre.

Últimos detalles en el nuevo CIE de Algeciras.

En concreto, el proyecto detalla que habrá un edificio principal con funciones de control de acceso, registro y Administración, un edificio de visitas para comunicaciones, otro para servicios con las centrales de instalaciones, cocinas y lavandería, así como dos edificios de 20 y 16 habitaciones independientes, respectivamente, otros cuatro de 26 habitaciones independientes cada uno, así como uno especial de 22 estancias.

Se contempla, además, que las personas más vulnerables porque tengan algún problema físico, enfermedad, sexualidad, jóvenes de edad incierta con probabilidad de ser menores, etcétera deben ser alojadas en edificios separados respecto de las personas que requieren un seguimiento más directo por haber manifestado comportamientos agresivos.

Estudio

El 70% de las personas que ingresan en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) presenta una sintomatología elevada de depresión y ansiedad con un inicio de estos signos a partir de su internamiento y una prevalencia por encima de la media de situaciones de nerviosismo, soledad, tristeza o problemas para dormir. Así lo evidencia un estudio presentado por el Centro Investigación y Acción Comunitaria de la Universidad de Sevilla (CESPYD) y el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que ha tomado como muestra 87 entrevistas realizadas a personas internadas en centros de Algeciras, Madrid y Valencia y ha combinado visitas a los centros e investigación académica.

Dos de cada diez personas encuestadas aseguran haber intentado infligirse daño a sí mismas durante su internamiento, por lo que el informe sitúa a los CIE como espacios de riesgo para el desarrollo de los problemas de salud mental de las personas internas, quienes se enfrentan a la pérdida de libertad, despersonalización e incertidumbre.

El 87% de los extranjeros internos está dispuesto a acudir a un servicio de ayuda psicológica si fuese ofrecido por el CIE, por lo que, según recomienda el estudio, las autoridades deben ofrecer un servicio de acompañamiento psicológico que cuente con competencias culturales adecuadas.

Las personas internas valoran de forma positiva la atención sanitaria y policial, aunque estiman negativamente la atención jurídica, debido a la falta de información y dificultades en la comunicación con su abogado, y la alimentación en los centros. El estudio ha concluido que la detención contribuye de forma directa al empobrecimiento de la salud mental, al generar un daño psicológico a largo plazo, y ha situado a los centros de internamiento como contextos de riesgo para prácticas autolesivas.