La odisea de 48 familias para comprar una casa en la urbanización Baelo Claudia II de Algeciras

Los vecinos de la urbanización Baelo Claudia II de Algeciras temen perder las casas en que llevan diez años viviendo sin que les den posibilidad de comprarlas después de, aseguran, haber sido estafados por la promotora Baelo Claudio y el grupo N&S.

El caso se remonta a 2013, cuando 48 familias adquirieron otras tantas viviendas en esta urbanización cercana al IES Isla Verde de Algeciras. En la mayoría de casos en régimen de alquiler con opción a compra por 55.000 euros, por lo que pagaron una entrada y varias mensualidades. "Pagamos 6.000 euros y después 300 euros cada mes durante varios meses hasta que vimos que la operación podía ser una estafa y la propia Policía nos dijo que dejáramos de pagar", explica a Europa Sur Joaquín López, portavoz de los afectados.

El grupo de vecinos sostiene que cuando las empresas promotora y constructora dieron la espantada (algo pendiente de ser juzgado por los tribunales el próximo mes de junio como supuesta estafa), los vecinos se organizaron como comunidad y levantaron embargos de luz, agua, basura y alcantarillado, los cuales han continuado pagando desde entonces a la par que han permanecido en las viviendas.

Diez años después, el pasado 23 de febrero recibieron la visita en casa de un representante de la empresa Altamira, compañía que gestiona el patrimonio inmobiliario del banco actual propietario de la urbanización. Después de confirmar los datos de los residentes, preguntó a las familias si deseaban comprar la casa, a lo que recibió una respuesta afirmativa en todos los casos.

Sin embargo, días después les llegó a casa una notificación del juzgado donde se les informaba de que los días 12, 13 y 14 de junio se procedería a la práctica de la diligencia de posesión de las viviendas. En otras palabras, un aviso de desahucio para todos los vecinos que ha dejado al grupo desconcertado.

"Yo no he dado una patada a la puerta, yo quiero comprarla o, al menos, tener la opción de hacerlo", expresa Joaquín. Él y su pareja tienen dos hijos y, al igual que otras familias, temen quedarse en la calle sin posibilidad de luchar por el que hasta ahora es su hogar. "Siempre hemos querido pagar y comprar o algunos casos alquilar, porque hay situaciones de vulnerabilidad. Las circunstancias que tienen ahora algunas familias no es la misma que cuando entramos aquí. Por ejemplo, hay personas mayores, discapacitadas, dependientes o incluso algún embarazo”, añaden los vecinos.

Después de incontables intentos de contactar con el banco sin recibir una respuesta, el abogado de la empresa, en su representación, informó a los vecinos de que podían hacer una primera propuesta de precio por su vivienda, aunque iba a ser rechazada directamente. En segunda instancia, han hecho una oferta formal que oscila entre los 70.000 y 80.000 euros.

"Hemos podido hablar con Altamira pero no nos dan respuesta porque nos dicen que somos okupas", añade ofendido Joaquín. Desde la inmobiliaria no han respondido a las solicitudes de información del caso que ha realizado Europa Sur.

"Tenemos la documentación con el contrato de compra. Los promotores de esta construcción nos han engañado y ahora nos vemos cerca de estar en la calle después de haber hecho pagos por nuestra casa y pagar los impuestos de todos estos años”, insisten.

En paralelo, la vertiente judicial continúa activa para esta comunidad de vecinos, ya que el próximo mes de junio se celebrará el juicio por la supuesta estafa que sufrieron en 2013 y que ha derivado en esta situación, diez años después.