Un padre pide a la Junta que compruebe la veracidad de los empadronamientos

Antonio Gómez del Moral, padre de un niño de tres años que no ha obtenido plaza en los centros solicitados, reclamó ayer que la Consejería de Educación "verifique el empadronamiento de los 75 nuevos alumnos" admitidos para el curso 2011-2012 en el colegio Santa Teresa. Dijo que esa es su función, y que "es público y notorio, y todos los años se da, que hay fraude en los empadronamientos, y no se comprueba ni persigue".

Gómez del Moral se mostró indignado porque, incluso los propios padres lo pregonan: "que los empadronan con los abuelos, con tíos, amigos y el que tiene derecho, como mi hijo, se ve privado de acudir al colegio elegido". No quiere, dice, que los profesores hagan de detective, pero hay padres que hacen esa función.

Relató que su hijo no ha sido admitido en ninguno de los colegios, Santa Teresa, San Bernardo y Puerta del Mar, elegidos por ese orden por él para el próximo curso, ubicados en el entorno de su residencia y por tanto "con derecho a los 14 puntos que me otorga el decreto de admisión de alumno, por proximidad", apuntó. Añadió que en el caso del Santa Teresa, había 75 plazas vacantes, habiéndose quedado sin ella nueve niños, aunque dos de ellos lograron finalmente plaza en el San Bernardo.

A su hijo lo asignaron al Tinoco, un centro de infantil "al que mandan todos los que sobran de otros colegios", añadió. De allí, a los 6 años los remiten al Campo de Gibraltar, la mayoría, y al Puerta del Mar.

Gómez del Moral explicó que había ido al departamento municipal de Estadística donde, apuntó, le informaron de que en épocas de matriculación en los colegios se incrementa de manera poco habitual el cambio de empadronamiento. Apuntó que intentó poner una denuncia en el Juzgado de Guardia, pero se echó atrás al indicarle que "no hay delito y que no va a haber nada que hacer".

Existe la posibilidad de un recurso de alzada, según la Ley 40/2011 que regula los criterios para la admisión de alumnos. Para ello desde el 14 de mayo hay un plazo de un mes para presentarlo pero no se fía porque este debe pasar por la Consejería. En cualquier caso, anunció que piensa seguir adelante con sus denuncias y trasladarlas hasta el Defensor del Pueblo, no descartando la vía judicial, y anima a cualquier padre o madre que esté en las mismas circunstancias a ponerse en contacto con él.

Insistió en que no entiende por qué no se verifica "si esos niños viven o no viven" donde refleja el empadronamiento. Eso se solucionaría "comparando la dirección fiscal de los padres con la del empadronamiento del niño". Este padre opinó que se están conculcando derechos recogidos en el citado decreto que habla del acceso en condiciones de igualdad a los colegios públicos. Al respecto opinó que "si se presenta un empadronamiento falso" ya no hay igualdad. También mencionó que los municipios deben asistir a la Junta en la aplicación de los criterios de admisión de alumnos. Igualmente añadió, y así lo recoge el decreto, que Educación debe "asegurar que el procedimiento de acceso al sistema educativo goce de la mayor transparencia, eficacia y eficiencia posible", a la vez que apuntó la libertad de elección de centro, recogida también en el decreto.

Respecto a las comisiones de garantía de admisión, dijo que estas deben supervisar el procedimiento y garantizar el cumplimiento de las normas que lo regulan".

Preguntada al respecto la delegación provincial de Educación, su portavoz, indicó rotundamente: "la Junta de Andalucía no es competente en el padrón municipal, que es competencia de los ayuntamientos" y añadió que la Junta "tiene que dar por buenos los datos que ofrece un ciudadano" y resaltó que si alguien tiene alguna duda respecto a un posible fraude "debe denunciarlo". Con todo, añadió que existen medios como el recurso de alzada, con plazo para ello hasta el 13 de junio.