Los 1.001 retrasos del caso Algesa

Más de tres años. Ese es el plazo que el juzgado de lo Penal número 2 de Algeciras lleva intentando celebrar el juicio contra los cargos de Algesa acusados de intentar vender la ropa falsificada que deberían haber destruido. A lo largo de ese tiempo, la vista oral ha sido señalada hasta en siete ocasiones y en seis de ellas ha sido suspendida, en la mayoría de los casos al alegar los abogados de la defensa la imposibilidad de asistir por tener otro juicio señalado para la fecha.

Después de esos tres años de espera, la defensa del ex gerente de Algesa, M. L. L. ha vuelto a pedir la suspensión del juicio por doble señalamiento pero se ha encontrado con la negativa frontal de juez y fiscal: la magistrada ha rechazado la nueva petición ante la probabilidad de que de seguir ese ritmo el juicio no pueda celebrarse y la Fiscalía ha apoyado la decisión en un duro escrito en el que acusa a la defensa de actuar “con manifiesta mala fe” y considerar la nueva petición “un abuso de derecho”.

El juzgado enjuiciará los días 13, 15 y 17 de enero a tres empleados de la empresa municipal (M. L. L., J. J. G. V. y J. M. C. M.) por un presunto delito contra la propiedad industrial, por el que la Fiscalía pide para cada uno de ellos un año y seis meses de prisión. El caso se remonta a abril de 2012, cuando el Servicio de Vigilancia Aduanera detuvo al entonces gerente, a un jefe de servicio y al jefe de taller conduciendo tres vehículos en los que transportaban ropa y complementos que habían sido decomisados y que habían sido depositados en el punto limpio de Algesa en Los Guijos. En dos coches y un remolque había un enorme acopio de prendas, camisetas, chándales, zapatillas, bañadores, relojes, gafas y bolsos falsificados con la enseña de distintas marcas muy conocidas. En total, 3.410 objetos.

El gerente aseguró entonces que las prendas iban a ser donadas a una asociación de mujeres maltratadas; los otros dos acusados, que se dirigían al vertedero con la carga pero finalmente habían decidido trasladarla a las instalaciones de Botafuegos por lo tardío de la hora.

Para el juez de Instrucción todo apuntaba a una posible comercialización de la ropa que debía haber sido destruida. Así lo corrobora el fiscal en su escrito de acusación, en el que explica que los acusados habían preparado la mercancía horas antes, cuando fingieron ante los agentes de Aduanas que había sido destruida.

El perjuicio económico causado ha sido tasado pericialmente en 226.000 euros, mientras que el beneficio probable total que podían obtener los acusados bajaba hasta los 32.356 euros.

El juicio fue fijado inicialmente para febrero de 2017, pero el abogado de M. L. L. pidió una primera suspensión, quedando señalado para marzo. Entonces fue el letrado de J. M. C. M. el que pidió el aplazamiento. La vista pasó a septiembre de ese año, cuando el primer abogado interpuso un recurso que motivó una nueva suspensión. Después llegaría uno de la Fiscalía por incompatibilidad de señalamientos, otro del abogado del ex gerente y otro de los dos letrados. Tras todos los retrasos surgió un nuevo problema para fijar la fecha de juicio: la falta de medios técnicos en la sala de vistas auxiliar. Finalmente, el juicio quedó fechado para enero de 2020.

Y de nuevo el abogado del que fuese gerente reclamó la suspensión de la vista. Es ante esta última petición ante la que la juez y el fiscal han mostrado su total rechazo. La magistrada, como ya adelantó Europa Sur, considera que llegados a este punto “deben primar otros derechos, como el de un proceso sin dilaciones indebidas, frente a la libertad de los letrados para asumir la defensa de otros asuntos o delegar en otros compañeros”. Es más, advierte la juez, de intentar compatibilizar todas las agendas, la celebración de la vista oral sería imposible.

La Fiscalía ha expresado su rechazo a la nueva suspensión impugnando el recurso presentado por el abogado en contra del rechazo de la magistrada. El fiscal jefe, Juan Cisneros, advierte que el derecho a la tutela judicial efectiva recogido en la Constitución “lo tienen todos los españoles”, no solo los acusados. La población tiene derecho “a que las conductas criminales sean juzgadas ante los tribunales en un plazo razonable”, por lo que “conculcaría este artículo permitir que los presuntos autores de un delito pudieran retrasar de manera continuada sus juicios mediante estrategias diversas”.

Para el fiscal, el rechazo de la magistrada a la nueva dilación del procedimiento es obligado. “Está obligada a rechazar la petición de suspensión porque está hecha con manifiesta mala fe”, advierte, y además “es un claro abuso de derecho que entraña un fraude de ley que no puede tener cobertura jurídica”. Se refiere al uso de un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil (el que regula la suspensión de las vistas) de forma “abusiva y fraudulenta” para conseguir un resultado contrario al ordenamiento jurídico: impedir que una conducta delictiva sea juzgada.

La Fiscalía insiste en la mala fe de la petición recordando que los letrados no tiene problema en ser sustituidos y sustituir a compañeros en otros procedimientos. Y alega que el derecho de los acusados a designar un letrado de su elección “tampoco es ilimitado”. La vista se ha suspendido ya seis veces, recuerda, y si la agenda de trabajo del letrado es incompatible con su participación en el juicio, señala en su alegación, “deberá requerirse a su cliente para que designe nuevo letrado o en su defecto se le asigne uno de oficio”.