Una policía sostiene que las letras presentadas por Gonzalo Boye para justificar el dinero incautado en 2017 eran "ficticias"

Una inspectora de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional ha aseverado este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga al narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo (Sito Miñanco) -que vivió en Algeciras entre 2015 y 2020-, y al abogado Gonzalo Boye -quien dirige la defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont- que los documentos presentados por este letrado para justificar la procedencia del casi millón de euros aprehendido en el aeropuerto de Barajas en 2017 eran "ficticios" y "falsos" y que en realidad pertenecía a la organización criminal.

Así lo ha señalado en su declaración para dar cuenta de los diversos informes que presentó en el marco de la investigación que desembocó en esta vista en la que se juzga a Sito Miñanco, a Boye y a unas cincuenta personas por delitos que van del blanqueo de capitales al tráfico de droga en el seno de organización criminal y falsificación de documento oficial. Para Boye, la Fiscalía interesa nueve años y nueve meses de prisión mas una multa de 2,7 millones de euros.

Boye, en concreto, fue procesado por la magistrada del Juzgado Central de Instrucción número 3, María Tardón, por su presunta participación en ese operativo orquestado con el objetivo de recuperar 889.620 euros que la Policía había incautado a miembros de la organización de Sito Miñanco en el aeropuerto de Madrid Barajas en febrero de 2017.

Estos correos humanos, que llevaban el dinero oculto en dobles fondos de su equipaje para moverlo hacia Colombia, fueron interceptados y esto provocó, según el relato de la magistrada, que los 'narcos' contactaran con Boye y con otro abogado, Jesús Morán Castro, para que elaboraran unos documentos que justificaran el origen legal del dinero.

De este modo, Boye y otros dos abogados, según la Fiscalía, habrían elaborado documentos y contratos de compraventa de letras de cambio para recuperar el dinero aprehendido por la Policía.

Entre esos correos humanos estaba Manuel Pedro González Rubio, quien mantiene que ese dinero era suyo y de nadie más, pero la agente ha desmentido que eso fuera así basándose en el análisis de sus cuentas y de sus empresas. Ha resaltado que su sociedad Complutum Seguridad tenía beneficios "muy bajos" según la Tesorería General de la Seguridad Social.

"La capacidad económica de Manuel Pedro, según la información que analizamos, no era tal como para poder tener esta cantidad de dinero en su poder (...), las cuentas apenas tenían saldos (...) y se nutrían fundamentalmente y principalmente de ingresos en efectivo, de los que no podemos saber el origen del dinero", ha explicado.

Sobre las letras de cambio objeto de investigación, ha recordado que de su análisis vieron que el supuesto comprador de las mismas, Rafael Alberto Rojas, "no tenía la capacidad económica" para adquirirlas tal y como se establece en los contratos privados de compraventa que se aportaron como justificación.

En cuanto al trabajo que realizó Boye para justificar el dinero aprehendido en Barajas, la agente ha indicado que en el expediente elaborado por el letrado había "copia y pega" de otro anterior también elaborado por él y que, de las conversaciones telefónicas intervenidas a investigados, pudieron comprobar que el supuesto propietario del dinero --González Rubio-- "no tenía ningún tipo de contacto con la defensa --Boye-- ni con las personas que presentaron las alegaciones a su expediente", por lo que era más bien un "instrumento".

Formato idéntico

Todo esto, les llevó a concluir que el dinero aprehendido en Barajas en realidad no era propiedad de González Rubio, sino que pertenecía a la organización que lideraba Sito Miñanco. "Por poner un ejemplo, en cuanto a los contratos privados de compraventa que se hicieron para justificar uno de ellos, la fecha de firma de ese contrato privado es un año anterior a la constitución de la hipoteca cambiaria que da origen a la letra. Esto es un indicio fundamental para ver que eran ficticios, eran falsos esos contratos", ha aseverado.

A esto, ha sumado que vieron que todos los contratos tenían "un formato idéntico" y que "todos los pagos se hicieron en efectivo a un plazo de 24 meses sin aportar ninguna garantía". Por todo ello, ha concluido que González Rubio era "un instrumento en el blanqueo de la operación, pero sin ningún poder de decisión".

Por otro lado, ha incidido en que "los contratos fueron elaborados --por Boye-- para justificar exclusivamente el origen lícito del dinero con base a letras cambiarias de los fondos que fueron intervenidos en el aeropuerto". Y ha puesto el foco en que el letrado no sabía "cuál había sido la vida, el transcurso, de esas letras, si habían sido endosadas... y, sin embargo, lo único que hicieron fue cuadrar fechas para que de esa manera el relato tuviese, al menos cronológicamente, una veracidad cronológica".

Pero ha añadido que, de las pesquisas, pudieron concluir que "los contratos presentados por Gonzalo Boye eran completamente ajenos a cualquier tipo de relato comercial lógico".

Comunicaciones continuas

La agente que ha declarado este lunes también se ha referido a otro informe, de 2019, en el que aportó nuevos indicios y contexto. Ha subrayado que detectaron "que existía una comunicación continua entre la hija de Prado Bugallo, Isabel, y Gonzalo Boye por WhatsApp". A su juicio, la hija de Sito Miñanco actuaba "como el nexo de unión con la organización de Prado Bugallo y Boye", quien actualizaba "en todo momento el estado de los trámites".

Además, ha destacado que vieron que Sito Miñanco abonó 8.000 euros al letrado como pago de su minuta a lo lardo de un periodo temporal pero que no recibió nada de González Rubio, quien en teoría era su principal cliente en la causa.

La defensa del narcotraficante gallego ha indicado, para tratar de combatir esas comunicaciones, que la hija de Sito Miñanco es abogada en ejercicio y que trabajaba con Boye, a lo que la agente ha indicado que no tenía constancia de ese extremo.

Por su parte, el letrado que lleva la defensa de Boye ha tratado de justificar que el abogado llevaba a Miñanco desde antes de esa aprehensión de dinero, y la agente ha comentado que conocían que al menos desde 2015 era su letrado. También ha insistido en que Boye y la hija de Miñanco se conocieron en cursos sobre Derecho que impartía el letrado y que por eso tenían relación.