Los propietarios del edificio Escalinata de Murillo piden la licencia de obras para el derribo
Algeciras
Solicitan al Ayuntamiento de Algeciras que conceda el permiso "a la mayor brevedad" y cobre las tasas correspondientes
El inmueble fue declarado en ruinas en 2007 y desde entonces está pendiente su demolición; la licencia se pide para el proyecto presentado en 2008
La fallida construcción del parking Escalinata había dejado un problema más pendiente de resolver, más allá del largo litigio del aparcamiento: el derribo del edificio Escalinata de Murillo, que tuvo que ser desalojado por los daños estructurales provocados durante la construcción del parking y desde hace 20 años se mantiene como una mole fantasma y en ruinas en pleno centro de Algeciras. Ese problema podría entrar en vías de solución: los propietarios del inmueble han solicitado licencia de obras para su demolición "a la mayor celeridad".
El edificio fue declarado en ruinas en 2007 y desde entonces está pendiente su derribo. En 2008, los propietarios llegaron a presentar un proyecto de demolición y solicitaron una licencia de obras para ello. Esa actuación nunca llegó a ejecutarse y la cuestión no volvió a abordarse hasta 2017, cuando el Ayuntamiento emitió un decreto instando a los propietarios a "realizar las obras necesarias a fin de garantizar la seguridad de las personas y bienes, por el mal estado de conservación" del bloque. La comunidad presentó un escrito en el que declaraba su intención de derribarlo antes del 9 de febrero de 2018, pidiendo una ampliación del plazo establecido en ese decreto y anunciando que se seguiría el proyecto técnico ya presentado en 2008, además de ofrecerse a negociar una demolición conjunta con la del parking. Esta propuesta tampoco llegó a prosperar. En mayo de 2018 el Ayuntamiento y los vecinos desalojados alcanzaban un acuerdo para el pago de la indemnización pendiente y se volvía a incluir la necesidad de demoler el bloque, para lo cual se emplearía parte de la compensación pagada.
La posibilidad de hacer coincidir los dos derribos ha seguido sobre la mesa, pero los propietarios han decidido dar el paso y volver a solicitar la licencia de obras. Se remiten para ello al proyecto de derribo presentado en su momento, para el que ya fue concedido el permiso que después caducó. En un escrito registrado ante el Consistorio, reclaman que se abra un nuevo expediente, se proceda a la liquidación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y la tasa urbanística, y se informe de las fianzas a aportar. También se pide que se conceda la licencia "a la mayor celeridad" por razón del interés público.
Mientras tanto, queda pendiente la resolución del derribo principal, el del parking. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía debe pronunciarse todavía sobre la propuesta presentada por el Ayuntamiento de Algeciras para hacer una demolición parcial del aparcamiento. La adjudicataria de la obra, Spaniarq T10, alerta de los daños en los edificios colindantes de ejecutarse completa y de que "cualquier demolición que suponga una alteración importante de la sección de contención de terreno que históricamente hacía la Escalinata, también es inviable por las deformaciones que provoca". La única solución viable para la empresa es demoler toda aquella parte del edificio que sobresalga sobre la rasante original y mantener de esta manera la sección de contención del terreno. Los propietarios del vecino edificio Atlántida se han pronunciado en contra, mientras que los propietarios del edificio Escalinata de Murillo apoyan la propuesta del Consistorio, pero con la condición de que sirva para reconstruir la estructura original o un espacio monumental similar.
Sí se resolvía recientemente una parte principal del caso: el litigio entre el Consistorio y Nautagest por la resolución de la concesión del parking. Ambas partes llegaron a un acuerdo para el pago de la sentencia pendiente a favor de la empresa, el saldo de los impuestos y tasas adeudados, y con el compromiso de cesar todas las acciones legales en torno al proceso de construcción, concesión y explotación del parking. El Consistorio abonará 7 millones de euros a la empresa en concepto de ejecución de la sentencia, que le condenaba al pago de 7,4 millones más intereses.
El montante a recibir supondría un alivio para los vecinos del edificio Escalinata , que tienen que afrontar ahora el abono del derribo de lo que fueran sus viviendas. Aunque este proceso también se demora, ya que, según explica el ex presidente de la comunidad de propietarios , Emilio García-Sosa, "el Ayuntamiento ni siquiera nos contesta al escrito que presentamos". En el mes de agosto el teniente de alcalde delegado de Urbanismo dictó un decreto en el que reclamaba a los vecinos la demolición del inmueble, también pendiente desde hace años. La comunidad presentó un escrito en el que declaraba su intención de derribarlo antes del 9 de febrero de 2018, pidiendo una ampliación del plazo establecido en ese decreto y anunciando que se seguiría el proyecto técnico ya presentado en 2008. Además, la comunidad consideraba que no era necesario pagar una nueva licencia de demolición al tratarse de un cumplimiento de un decreto, como tampoco el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras ni la tasa por otorgamiento de licencia urbanística. Los vecinos también se ofrecían a negociar una demolición conjunta con la del parking (que tiene que acometer el Ayuntamiento por sentencia judicial) y reclamaban que se decrete el precinto inmediato del aparcamiento. Estas reclamaciones carecen de respuesta por ahora.
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