El proyecto de derribo del Escalinata, sin redactar ocho meses después de ser adjudicado

La aparentemente inacabable serie del derribo del parking Escalinata suma un nuevo capítulo. Ocho meses después de que el Ayuntamiento de Algeciras adjudicase la redacción del proyecto de demolición y la dirección de obra a la UTE Vising Innova 2016 SL y VS Servicios y Urbanismo SL, la adjudicataria no ha realizado los trabajos encargados. El Consistorio plantea una prórroga para que el proyecto pueda estar redactado lo antes posible y al mismo tiempo ha propuesto al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al requerirle este información sobre el cumplimiento de la sentencia, una vista con todas las partes implicadas en la causa para concretar las siguientes actuaciones. El derribo está pendiente desde 2016.

El Ayuntamiento adjudicó en noviembre de 2019 el contrato por 54.326,13 euros (IVA incluido). Por ese importe la adjudicataria tenía que elaborar un estudio de la estructura actual y su relación con las edificaciones y servicios existentes, redactar el proyecto de demolición, elaborar los estudios de seguridad y salud y de gestión de residuos, coordinar la seguridad y salud durante el derribo y ejecutar la dirección facultativa de la obra de demolición. Tenía un plazo de tres meses para la redacción del proyecto desde que se comunicara la adjudicación del contrato.

Ese plazo vencía el 12 de marzo, apunta el TSJA en su requerimiento. Pero como ha reconocido el Ayuntamiento al tribunal, la adjudicataria aún no ha ejecutado el trabajo. Según explican fuentes municipales, poco antes de la finalización de ese plazo se mantuvo una reunión con la UTE en la que se planteó la posibilidad de una prórroga ante la dificultad técnica de los trabajos, pero el inicio del estado de alarma bloqueó todo. Ahora, “una vez retomada la normalidad administrativa, actualmente estamos en conversaciones con la empresa para que procedan a la presentación del proyecto” aplicando esa prórroga que quedó en el aire. La otra opción sería la resolución del contrato y un nuevo concurso, lo que supondría un retraso más en el procedimiento.

Mientras tanto, en respuesta a la reclamación del TSJA, el Consistorio ha planteado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo “mantener ante esa Sala vista con todas las partes de esta causa, con total transparencia y buena voluntad, para analizar la viabilidad de las opciones planteadas y jurídicamente posibles que permitan el cumplimiento de la sentencia de referencia en el más breve plazo posible”.

Desde el Ayuntamiento se asegura que “este equipo de gobierno nunca ha dejado de preocuparse del caso Escalinata, y por ende de ejecutar la sentencia judicial del parking. Prueba de ello es que ya se ha abonado la cantidad de 1,3 millones de euros a los propietarios del Edificio Escalinata Murillo por los daños causados en el inmueble durante la construcción de dicho parking”.

No es la primera vez que el tribunal demanda al Ayuntamiento que agilice el cumplimiento de la sentencia. El aparcamiento fue declarado ilegal en el año 2004 y tras un largo periplo judicial y desestimarse todos los recursos del Consistorio en 2016 el TSJA ordenó de forma definitiva su derribo.

Desde entonces, el Alto Tribunal andaluz ha venido reclamando al Ayuntamiento que ejecute esa sentencia pendiente. Solicitó un calendario de actuaciones, pidió que se identificase a los responsables de la ejecución de la sentencia y ha preguntado en varias ocasiones por la marcha de los trabajos. A finales de 2017, el Consistorio comunicaba al juzgado que carecía de medios técnicos para la redacción del proyecto, por lo que encargaría el trabajo a una empresa especializada.

Intentó un acuerdo con los propietarios del edificio Escalinata de Murillo, que tuvieron que abandonar sus viviendas por los daños provocados durante la construcción del parking: una cláusula en el acuerdo para su indemnización por la que solicitarían al juzgado que se suspendiera la ejecución de la demolición. Tampoco resultó.

En agosto de 2018 se convocó el concurso para la redacción del proyecto del Escalinata, pero la adjudicación quedó aplazada hasta el pasado noviembre. A principios de este año, los propietarios reclamaron por escrito al tribunal que fijase un plazo máximo de seis meses para la demolición.