El puerto en el siglo XVIII: comercio con Gibraltar y contrabando

A partir de la firma de la Paz de Aquisgrán en 1748, las relaciones con Inglaterra se suavizaron y los contactos comerciales entre el puerto de Algeciras y el de Gibraltar comenzaron a ser frecuentes. La guarnición y la población civil de la Roca, aisladas del territorio circundante, se veían obligadas a abastecerse de productos de primera necesidad (carne, pescado, frutas, verduras, carbón, etc.) desde Marruecos o desde otras regiones más lejanas. Para los gibraltareños, abastecerse desde Algeciras, puesto que la comunicación por tierra estaba prohibida por el Tratado de Utrecht, era un modo de asegurar el avituallamiento de la plaza y de abaratar el costo de los productos disponibles.

Para los dueños de faluchos y los comerciantes, agricultores y ganaderos de Algeciras y su entorno, la posibilidad de comerciar de manera directa y lícita con Gibraltar, representaba la ocasión de incrementar su negocio, sabiendo que la colonia británica necesitaba abastecerse forzosamente de productos alimenticios y de carbón vegetal diariamente.

En 1758 se autorizó a las autoridades de Gibraltar a proveerse de víveres procedentes de la comarca desde el puerto de Algeciras, aunque con ciertas condiciones. En ese año, el Gobernador Militar del Campo de Gibraltar remitió al Rey de España una petición del Gobernador de Gibraltar por la que éste solicitaba permiso para abastecerse de víveres en el territorio español que circundaba la Plaza, pues al haberse interrumpido el comercio con la costa de Marruecos se encontraban muy escasos de vituallas y cerca de padecer hambruna.

El gobernador inglés basaba su petición en el Artículo 10 del Tratado de Utrecht, en el apartado que decía que “puede proveerse la plaza, en caso de necesidad, de España, siempre que lo haga con dinero al contado y nunca mediante trueque o intercambio de mercancías”. El Rey respondió, en documento que se conserva en el Archivo Histórico Nacional, que con arreglo a las restricciones de este Artículo y durante la expresada interrupción de comercio con África, “se permita solamente por el Puerto de Algeciras llevar las provisiones de que necesite la plaza de Gibraltar, sin perjuicio del abasto de Ceuta..., pagándose los dineros acostumbrados”.

También se estipulaba que los barcos utilizados para el transporte de dichas provisiones no podían traer género alguno en el viaje de retorno. Esta permisividad en las relaciones comerciales con la colonia británica iba a ser uno de los motivos que favorecieron el desarrollo del contrabando, aunque el problema de la entrada de mercancías ilícitas en España desde Gibraltar venía existiendo desde, al menos, el cese de hostilidades tras el asedio de 1727.

El 14 de diciembre de 1750, el Capitán General de Andalucía comunicaba al Marqués de la Ensenada la situación caótica que presentaba el comercio en la comarca, donde cada vez se observaba una mayor actividad fraudulenta procedente de la vecina colonia británica. Para atajar el problema del contrabando se había fundado, a instancia del Marqués de Villadarias el 2 de enero de 1705, la “Compañía de Escopeterosde Getares”, formada en un principio por 40 hombres, con la finalidad de vigilar el litoral norte del Estrecho e impedir el desembarco de mercancías prohibidas.

En un documento de 1761 se reconocía la existencia, con carácter generalizado y habitual, del contrabando entre Gibraltar y el puerto de Algeciras, intentándose poner fin al mismo mediante la imposición de una serie de condiciones a las embarcaciones españolas que llevaran géneros o víveres a Gibraltar, entre ellas, que antes de entrar en Gibraltar tendrían que fondear en el puerto de Algeciras para su reconocimiento y el abono de los correspondientes aranceles de los derechos de alcabalas, cientos y millones sobre todos los víveres y efectos que condujeran a la plaza británica; que no podrían traer en el viaje de retorno ningún tipo de género, sino dinero en efectivo y que la embarcación que entrara o saliera de Gibraltar sin haberse presentado en el puerto de Algeciras, sería embargada y sus patrones arrestados y castigados.

Tanto estas medidas, aunque pudieran parecer restrictivas para el comercio, como las que se tomaron para favorecer los intercambios con la costa marroquí, no cabe duda que beneficiaron al puerto de Algeciras, a los dueños de faluchos, a los armadores y a los vecinos que tenían alguna vinculación con la actividad mercantil.

El 18 de marzo de 1785 se remitió una orden al Comandante del Resguardo del Campo de Gibraltar en San Roque para que dispusiera que todos los géneros aprehendidos del comercio ilícito con Gibraltar se entregasen a la Administración de Algeciras. La documentación consultada demuestra que, a lo largo del siglo XVIII y a pesar de las severas medidas aprobadas, el problema del comercio fraudulento con Gibraltar no pudo ser atajado con éxito, muy al contrario, fue en aumento a causa de la negligencia o la complicidad de algunas autoridades españolas. La situación llegó a ser tan alarmante que el 19 de mayo de 1790 se redactó una Real Cédula prohibiendo ostentar cargos públicos a todas aquellas personas que, habiéndose ocupado en el contrabando, no hubiesen dejado el ilícito comercio desde tres años antes de la comunicación citada.

En abril de 1799, el embajador francés en Madrid se quejaba ante el Rey de España del ilícito comercio que muchos españoles establecidos principalmente en Cádiz y Algeciras hacían con la plaza de Gibraltar, a pesar de las reiteradas órdenes y providencias que prohibían estos abusos. El embajador de la República Francesa se basaba, al formular la denuncia, en el testimonio de un prisionero que había estado en Gibraltar y que, durante su estancia en la plaza, había visto entrar varios buques españoles con carga de vino, aguardiente y otros efectos, llevando certificados falsos que suponían iban destinados a Cádiz y Algeciras, y tomando de retorno en muselinas y otros efectos prohibidos, o en azúcar y cacao que fingen provenir de los dos mencionados puertos. A tal extremo llegaba la osadía de los comerciantes españoles y la complicidad de las autoridades, y tan elevado era el número de navíos que ejercitaban el comercio ilegal, que en ocasiones el Gobernador de Gibraltar tenía que confiscar sus cargamentos “por el uso indiscreto que se hacía de los salvoconductos ingleses”, como refiere un documento del año 1799.

Una Real Orden de 16 de abril del año citado intentó poner fin a aquella situación instando a los Administradores y Comandantes de Resguardo, desde la costa del Mediterráneo hasta la de Sevilla, para que se reunieran en Junta Provincial dos veces por semana y tomaran las medidas oportunas para remediar el mal. También se expresaba en dicha orden que los Jefes y Dependientes de Rentas que fueran cómplices de los contrabandistas perderían irremisiblemente sus empleos y serían tratados como traidores con todo el rigor de las leyes.

Al puerto de Algeciras acudían, en la segunda mitad del siglo XVIII, embarcaciones de comercio procedentes de puertos de la bahía de Cádiz, Valencia y Cataluña. Estos barcos, con sus dueños y patrones, venían atraídos por el auge que estaba adquiriendo Algeciras como puerto de comercio, pero, sobre todo, por las facilidades que sabían iban a encontrar para ejercitar el contrabando con la plaza británica. En el Archivo de Protocolos Notariales de Algeciras se conserva una serie de documentos sobre compraventas, contratos de comercio y arrendamientos de embarcaciones destinadas a actividades mercantiles realizadas en Algeciras entre 1770 y 1779. Embarcaciones que, en la mayor parte de los casos, provenían de puertos valencianos y catalanes.

Así, el 13 de junio de 1770 un tal Domingo Cocos, vecino de Villajoyosa, recibió de Pedro Uget la cantidad de 225 reales por el arrendamiento de una falúa, con matrícula de Alicante, denominada San Antonio de Padua, de 350 quintales. Un día antes, Jaime Orozco, vecino de Altea, vendió a Josef Guerrero, vecino de Marsella, una embarcación de tres palos de nombre Purísima Concepción, con sus entenas, velas, jarcias, anclas y demás pertrechos, que tiene y le pertenecen para estar navegable. En julio de 1779, Josef de Fravegas, vecino de Lloret, principado de Cataluña, vendió un falucho de una tonelada a Antonio Carmona, vecino de Algeciras.

En 1752 en Tarifa habían censadas catorce embarcaciones destinadas al comercio y en Algeciras diecisiete que se utilizaban con el mismo fin, la mayor parte de ellas para traficar con Gibraltar. Sin embargo, y a pesar de las órdenes, prevenciones y advertencias, el comercio ilícito con Gibraltar continuó siendo uno de los negocios más rentables de cuantos se ejercían en Algeciras y los pueblos de la comarca, aprovechándose de él, no sólo los comerciantes y armadores establecidos en Cádiz, Tarifa y Algeciras, sino también toda una cadena de personas pertenecientes a los más variados estratos sociales, desde los ricos hacendados, hasta los arrieros que transportaban las mercancías fraudulentas a los pueblos del interior en recuas de mulas, pasando por los campesinos y, a principios del siglo XIX, los bandoleros-contrabandistas.