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La reforma del Código Penal excarcelará al menos a siete presos de Botafuegos

La modificación legislativa conlleva la reducción de las penas por tráfico de drogas · Algunos internos ya han recibido las notificaciones de su próxima puesta en libertad, que se hará efectiva el 23 de diciembre

Vista desde el exterior de la prisión algecireña de Botafuegos, en una imagen de archivo.
J. Jiménez Gálvez / Algeciras

12 de diciembre 2010 - 01:00

Al menos siete presos de la cárcel de Botafuegos saldrán en libertad la semana próxima a raíz de la última reforma del Código Penal, según informaron a este periódico fuentes penitenciarias. De hecho, algunos internos de la prisión algecireña ya recibieron las primeras notificaciones de su pronta excarcelación, que se producirá de forma efectiva el 23 de diciembre -fecha en la que entrará en vigor la modificación legislativa impulsada por el Gobierno central y publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 23 de junio-.

Y es que la nueva normativa, aprobada por el Congreso de los Diputados el 29 de abril, implica una reducción de las penas máximas para los delitos de tráfico de droga, pasando de nueve a seis años de cárcel. Por ello, muchos presos condenados por este tipo de crimen se verán beneficiados del cambio del Código Penal. De hecho, desde Botafuegos recalcaron que desconocen el número exacto de internos que abandonará la instalación con la entrada de la nueva legislación; aunque, según sus cálculos, un mínimo de siete personas saldrán de ella.

Así, según subrayó el director de Botafuegos, Francisco Márquez, los trámites oportunos para estas excarcelaciones (así como las notificaciones requeridas) se están gestionando directamente desde las oficinas madrileñas del Ministerio del Interior. Además, también incidió en que son los propios jueces los que tienen que impulsar la puesta en libertad; que previsiblemente sólo afectará a los internos condenados a penas superiores a seis años de prisión.

Esta reforma del Código Penal se ideó con el objetivo de reducir las condenas por el trapicheo de estupefacientes y castigar con más fuerza a las redes de narcotráfico que operan en el país -y, sobre todo, a sus cabecillas-. Una intención que recogieron de forma literal los nuevos artículos integrados en la legislación española. Porque para los componentes de este tipo de asociaciones delictivas las penas se elevaron desde los nueve a los doce años para los casos más graves. Y, según subraya el texto normativo, también se les impondrá una multa por el cuádruplo del valor de la droga incautada. "A los jefes, encargados o administradores de la organización se les aplicarán las penas superiores", recalca también el Código Penal.

Un ejemplo claro de la finalidad de este cambio lo representarían los muleros, según señalaron fuentes penitenciarias. "Que constituyen los escalafones más bajos de estas redes", apostillaron.

La modificación legislativa salió adelante en la Cámara Baja con el apoyo del PSOE, CiU, Coalición Canaria, ERC y UPN. Por su parte, el PP, IU-ICV, BNG y UPyD se abstuvieron (los populares adoptaron esta posición, entre otros motivos, porque en el nuevo texto no se incluyó la figura de la cadena perpetua revisable). Los únicos votos en contra los emitieron los parlamentarios del PNV y Na-Bai.

Paralelamente, Francisco Márquez incidió en que la reforma del Código Penal también beneficiará a los condenados por delitos contra la seguridad vial. Así, los artículos referidos a este ámbito prevén hasta el 23 de diciembre sanciones monetarias para algunos supuestos y, en el caso de que no se abone el importe requerido, el acusado ingresa directamente en prisión. Dicha disyuntiva terminará con la entrada en vigor de los nuevos artículos del texto legislativo; puesto que los acusados tendrán también la posibilidad de sustituir la pena monetaria por trabajos en beneficio de la sociedad.

Por su parte, los presos de Botafuegos también comenzaron a solicitar y recibir los correspondientes permisos para pasar las fiestas de Navidad con sus familias. Tal y como destacó el director de la cárcel, desde el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria se remitieron a la instalación en los últimos días un "montón" de autorizaciones. Y, según matizó Márquez, todos estos consentimientos tienen un carácter ordinario.

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