El Sexenio Democrático en Algeciras: Vacas, aprehensiones de tabaco y un algecireño condecorado

Algeciras/De regreso a la realidad agrícola y ganadera de la constitucional Algeciras de 1870, “el labrador Joaquín Arana Carrasco, con domicilio en esta ciudad, recibió de Antonio Marques Pardo la cantidad de 20 escudos, o sean 200 r.v. para atender á los gastos de la sementera; y para su pago se obliga y compromete á entregar á su acreedor en todo el mes de Julio del presente año cinco fanegas de trigo limpio y de buena calidad, puesto de su cuenta y riesgo en casa de Marques, y si no lo hiciere, quiere o consciente, se le ejecute y apremie como por sentencia ejecutoriada, y grava á esta responsabilidad, dos vacas domadas de su pertenencia; de las cuales no podrá disponer mientras no pague las cinco fanegas de trigo; y si lo contrario hiciere será nulo y sin valor legal”.

Al mismo tiempo que estos hechos de carácter privado acontecían en nuestra ciudad, un noble de la eterna España y muy cercano a la zona, tuvo un muy cívico gesto para con el bien común de la comunidad provincial, cuando: “En vista de la manifestación hecha por el señor Conde de Luque de ceder gratuitamente el terreno que ha de ocuparse en sus tierras denominadas Las caballerías de Laojís para la construcción de la Carretera provincial que parte de la Villa de los Barrios á Medina Sidonia, pero entendiéndose que dicha concesión la hace por el tiempo que esté existente el referido camino, se acuerda dar las más expresivas gracias al referido señor Conde por el acto de patriotismo y desprendimiento de que se ha hecho mención”.

En otro orden de asuntos, las siempre complejas relaciones con la colonia británica generaban situaciones administrativas, como la que sigue: “Instancia de varios vecinos de la ciudad de Gibraltar en que denuncian el hecho de que D. Juan Morazo está construyendo una casa sin la competente autorización. Se acordó prevenir al Alcalde de S. Roque haga comparecer á su presencia á los individuos que suscriben la exposición y les manifieste que para tomar en consideración las denuncias que presentan están en el deber de expresar clara y terminantemente el objeto que se proponen; pues el estilo ambiguo y confuso que usan imposibilitan tramitar el expediente y que recaiga una definitiva resolución”. 

Coincidente con la carta de los citados gibraltareños y su “ambiguo y confuso estilo”, generado tal vez por la mezcla del español y del inglés, la corporación provincial, presidida por el algecireño José González de la Vega, y ante la falta de recursos provenientes de la capital del reino sin rey, se planta y pone en conocimiento del Gobierno constitucional del general Prim la dimisión de todos sus miembros en pleno. Días después y sin confusión alguna, el ministro de la Gobernación envía al presidente algecireño la siguiente carta: “Muy señor mío y estimado amigo; me he enterado de la sentida y razonada carta del 28, que en nombre de sus demás compañeros de Diputación se sirve usted dirigirme. Al defender en las Cortes públicamente á las Corporaciones populares, no he hecho más que hacerlas justicia y defenderme á mí mismo como hijo cariñoso y reconocido de ellas. Recibí el telegrama con la respetuosa dimisión de esa Diputación y no he resuelto nada sobre el asunto; por que si bien es verdad que la falta de recursos les ha puesto en ese caso apurado, también lo es que á Ustedes le sobra patriotismo, y que en obsequio al afianzamiento de nuestros principios darán una prueba más de el reiterado de aquella, y sufriendo un poco más la escasez de recursos hasta que muy pronto los haya y se haga una liquidación que les deje á salvo de sus adquiridos compromisos".

"En el mismo caso y aún algo peor se ha encontrado el Gobierno; y con fé, esperanza y buen deseo de que la colosal obra revolucionaria se consolide, ha esperado y espera en sus puestos el favorable resultado de sus incansables y eficaces gestiones para adquirirlos y que todo marche con regularidad. De todas las provincias he hablado repetidamente oficial, y particularmente al Ministro de Hacienda, diciéndole el peligro de un trastorno á que la falta de recursos nos podía conducir; pero lo he hecho muy particularmente de esa provincia, y si no los ha facilitado ya, no se tardará mucho en que lo haga. Así pues, yo espero muy confiado que por el bien de la patria consistente en que nuestra política se arregle en este país y en obsequio á mi persona que se lo ruega, se servirán Vds continuar en sus puestos sin producir un conflicto al Gobierno y prestándole, como hasta aquí, toda su eficacia, apoyo moral y material con lo cual darán una señalada prueba de abnegación, rendirán un tributo de consideración y respeto á la libertad, y al Gobierno y un favor especial á quién se ofrece de V afftmo. Amigo S.S.q.b.s.m.- Nicolás Mª Rivero”.

Los dimisionarios diputados provinciales, sensibles a la misiva del ministro y para tranquilidad de su excelencia, dieron marcha atrás: “La Diputación acordó haber visto con agrado la carta del señor Ministro, y que se conteste por el señor Presidente, manifestándole queda retirada la dimisión que de sus cargos se vieron precisados á hacer los Sres. Diputados, si bien espera el Cuerpo provincial que no cesará de gestionar en el Ministerio de Hacienda para que el Tesoro liquide en breve sus descubiertos con la provincia; porque no es sólo la honra de la Corporación, sino también la del Gobierno la que está comprometida para con los acreedores”.

Y mientras los tan reivindicativos diputados dan un paso atrás en sus económicas reivindicaciones, el Ejecutivo de Prim lo da hacia adelante en aquel -para los algecireños- feriado mes, creando dos comisiones ejecutivas: la primera, nombrada para informar acerca de la reforma del Código Penal, compuesta por Montero, Madrazo, Moncasi, Villalobos, Pascual y Genis; González (D. Venancio) y Rojo Arias; y la segunda para la abolición de la esclavitud, conformada por los señores Valdes Linares, Albareda, Gallego Díaz, Villalobos, Gimeno, Agius, Fernandez Vallin y Topete. La tan necesaria reforma sería aprobada a mediados del citado mes, concretamente el día 17. En su prólogo se estableció: “Autorización pedida por el Gobierno para plantear una notable reforma en el Código Penal de 30 de Junio de 1850 [...] Después de muchos años de regir las leyes penales, diseminadas en nuestros códigos, sin más intervalo que el tiempo de observancia de la sancionada el 27 de Julio de 1822, el 19 de Marzo de 1848 apareció el Código Penal anhelado [...] No obstante fué planteado con la reserva de mejorarlo á medida que se conocieran los vacíos que debían llenarse [...] Han traído una Constitución de que no hay igual ni parecida en el mundo, y á la que la historia, con su inflexible imparcialidad, juzgará en su día, y sin duda con ella la exigencia de que el Código sea el moderador de las libertades de la misma Constitución”.

Algeciras, aún inmersa en nuestro festivo y caracolero mes, se encuentra -como el resto de la nación-, con la aprobación del nuevo texto penal reformado en aquel 17 de junio de 1870. Y mientras en la capital del vacío reino se aprobada tan importante instrumento legal, en nuestras aguas acontecía lo que sigue, según se hizo público días después: “La barquilla auxiliar del pontón de Algeciras aprehendió en la noche del 17 del pasado un bote con dos bultos de tabaco en los arrecifes del Arroyo de Los Ladrones. La escampavía Insistente, de la sección de guardacostas de Algeciras, en unión de la llamada Gaditana, aprehendió un bote en aguas de aquella bahía con nueve bultos también de tabaco”. 

Prosiguiendo las noticias delictivas: “La barquilla auxiliar del pontón Algeciras capturó en la noche del 20 (junio), en los arrecifes de Punta Carnero, una barquilla con siete bultos del propio artículo. La escampavía Chispas, de la misma sección (Algeciras), aprehendió en la noche del 23 en aguas de aquella bahía una barquilla con 30 bultos también de tabaco [...] La nombrada Cierva de la sección de Algeciras aprehendió en la noche del 24 en aguas de Torre Carbonera un bote con once bultos de dicho artículo”. Sin duda, los textos legales adaptados a la nueva realidad constitucional de la nación hallarían en nuestra comarca -como aconteció en el pasado y ocurrirá en el futuro- sobrados ejemplos para su aplicación en el partido judicial algecireño.

Noticias judiciales aparte y en nuestra ciudad, en aquellos días posferiados es de comidilla general la siguiente protesta elevada a las altas instancias del Estado por el Comité progresista de Algeciras “contra la gran Cruz de Isabel la Católica que el señor ministro de Estado ha concedido á un administrador de loterías de Algeciras llamado Fermín Muñoz, por “los servicios prestados a la causa de la libertad en Algeciras”, expresando la reseñada: “El Sr. Sagasta sabe que para cumplimentar la ley de 8 de Agosto de 1855 se instaló una comisión compuesta de diputados constituyentes que habían de calificar á los individuos que en 1848 fueron deportados ó tuvieron que emigrar para eludir el serlo, á fin de remunerarlos del modo que la misma ley disponía. Dicha comisión la componían, entre otros, los Sres. Olea, en calidad de presidente; el malogrado Calvo Asencio, Rodríguez (D. Vicente), Montemar, como secretario, y no recordamos si también era vocal de ella el actual ministro de Estado; pero si no lo fue, perteneció á aquella memorable Asamblea y era íntimo amigo de los ya citados”. 

“Pues bien -prosigue la citada carta de protesta-, el Sr. Sagasta debe recordar que al disolverse la susodicha comisión en octubre de 1856, quedaron muchos individuos ventajosamente clasificados como consta en sus respectivos expedientes y certificaciones expedidas á su favor; y parecía natural, y hubiese sido un acto de consecuencia política, de deber en el hombre público, y sobre todo de rigurosa justicia, haber hecho un llamamiento á los interesados para dar cumplimiento á lo dispuesto en la citada ley. El Sr. Ministro no ha tenido por conveniente obrar así, y en el entretanto los que tienen un derecho legítimo y legal para ser premiados tienen que ver con paciencia cómo ostentan grandes condecoraciones hombres cuyos padecimientos y servicios son generalmente desconocidos y hasta de sus enemigos públicos”. 

La citada misiva enviada por el comité progresista algecireño de poco o nada sirvió ante el ministro, pues cuatro años más tarde (1874), el citado condecorado hacía uso legítimo del tratamiento de Excelentísimo. Tenía Fermín Muñoz Gutiérrez, que así era su segundo apellido, su domicilio en el número 11 de la calle Real, estaba casado con Rita Caballero Sanz, con quién había contraído matrimonio años atrás en la localidad vallisoletana de Aldea de San Miguel, tenían dos hijos y eran propietarios, entre otras, de la dehesa del Corchadillo, junto al Puerto de la Zarza y Las Corzas, que fueron del Estado por aplicación de las leyes desamortizadoras y adquiridas por Muñoz Gutiérrez, mediante subasta pública; además de diferentes viviendas repartidas por la ciudad, tales como una en la calle Carretas esquina Torrecilla; otra en calle de López nº 13; o, un patio compuesto de cinco viviendas en el número 10 de la calle Nueva o Matadero. Y todo ello sin que aún “ni sus enemigos públicos”, como así se expresara en la carta, siguieran sin conocer cuáles fueron los servicios prestados -lógicamente contrarios a los intereses del progresismo local-, para merecer tan alto honor. Tal vez alguno de aquellos algecireños y progresistas firmantes de la protesta haría suya la frase recogida en la obra teatral titulada El libro talonario, cuya autoría correspondía al que fuera nombrado dos años después (1872), ministro de Hacienda -y futuro premio Nobel (1904)-, el liberal José de Echegaray, quién puso en boca de uno de sus personajes: “Compré conciencias con oro y con oro compré secretos”.