La solución definitiva para el vertedero contaminante de El Cobre

El polémico vertedero de El Cobre de Algeciras vuelve a ser noticia, pero esta vez positiva. La solución definitiva para esta balsa de lixiviados que todavía se generan desde el depósito de residuos sólidos -pese a que la instalación municipal de Algeciras fue sellada en 2008- parece estar más cerca.

La empresa pública Agua y Residuos del Campo de Gibraltar (Arcgisa), que se encarga desde 2018 de la vigilancia y control de estos líquidos contaminantes, ha puesto en marcha el proceso para instalar un sistema de tratamiento previo físico-químico que permita la entrada directa y sin peligro de dichos lixiviados en la red de saneamiento, lo que evitaría que se siga produciendo su traslado en camiones hasta la depuradora (EDAR) algecireña.

La Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta en Cádiz ha abierto el periodo de información publica de la futura planta de El Cobre por el trámite de urgencia con el fin de obtener la autorización ambiental unificada del proyecto, impulsado por Arcgisa, dependiente de la Mancomunidad de Municipios.

El vertedero de residuos sólidos urbanos clausurado dispone de una red de recogida de lixiviados, cuyos caudales se concentran en una balsa de acumulación, para ser posteriormente conducidos mediante camiones cisterna al punto de tratamiento en la EDAR de Algeciras. Este proceso tiene un coste de aproximadamente un millón de euros al año para el Ayuntamiento de Algeciras.

La instalación del nuevo sistema supondría una inversión de unos 600.000 euros y evitaría ese gasto anual para las arcas municipales, además de evitar el trasiego de camiones con líquidos contaminantes, según explica el presidente de la Mancomunidad de Municipios, Juan Lozano, quien entiende que se trata de una buena solución para todas las partes.

El objeto del proyecto de depuración es diseñar un tratamiento físico-químico que permita rebajar los niveles de carga contaminante del lixiviado producido en el vertedero, para que de este modo se cumpla con los parámetros de vertido de la red pública de Algeciras. El líquido sería conducido a la EDAR de la Isla Verde a través del sistema de alcantarillado municipal.

La nueva instalación estaría ubicada en una zona anexa a la actual balsa de lixiviados, dada su proximidad al lugar de almacenamiento y a la tubería de conexión con el alcantarillado.

Los lixiviados que se están enviando a la depuradora en camiones son de una media de 35.000 m3 al año. En 2018 fueron 25.418 m3 y en 2019, 21.551 m3, pero según la propiedad ha habido años anteriores que han llegado a los 40.000 m3.

Según se explica en el proyecto, el tratamiento de los lixiviados producidos en el vertedero de El Cobre se realizaría por sedimentación de las partículas empleando coagulantes y coadyuvantes para su decantación. El documento señala que las analíticas realizadas al lixiviado cumplen con creces con los parámetros de vertido a la red de alcantarillado municipal, excepto para el parámetro pH, que da valores muy superiores a los límites permitidos. Es también necesario incorporar al proceso un regulador del pH, que se realizaría con un aditivo regulador en uno de los vasos de homogeneización.

De todo este proceso quedarían como resultado final dos corrientes. De un lado, el agua clarificada se dirigiría a la red municipal si cumple con los parámetros de vertido a la red de alcantarillado de Algeciras y si no, se devolvería a la actual balsa de lixiviados. De otro, los lodos decantados serían entregados a un gestor de residuos autorizados.

Eterna polémica

El vertedero de El Cobre fue escenario en 1996 de un vertido contaminante cuya responsabilidad acabó siendo dirimida en los tribunales. Durante los primeros meses de aquel año, se formó en el vertedero una balsa de aguas pluviales, entre el lugar donde se depositaban los residuos y el muro de contención. Esta balsa fue construida para retener los residuos, pero, con el fin de aliviar el agua acumulada, la concesionaria -FCC SL- realizó una zanja en el muro para darle salida.

Según constaba en las diligencias practicadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Algeciras, esta decisión se adoptó sin contar con ninguna autorización de la Confederación Hidrográfica del Sur.

En enero de 2001, el colectivo ecologista Agaden denunció que la balsa de lixiviados del vertedero había experimentado durante los últimos días un recrecimiento que amenazó con evacuar sin control los líquidos contaminantes que almacena. El entonces concejal de Medio Ambiente, Miguel Ángel Cruz, anunció medidas legales contra FCC SL. El Ayuntamiento había tomado el control del vertedero en diciembre de 2000 de manos de la empresa.

En 2003, cuando se anunció el proyecto de sellado y saneado del vertedero, el entonces concejal de Medio Ambiente, Diego Sánchez Rull, explicó que se había llevado a cabo un estudio sobre el estercolero de El Cobre para confirmar la existencia del paso de aguas subterráneas. Este informe, aseguró el concejal, determinó que tales aguas no pasaban por la instalación, motivo por el que desestimó la construcción de una depuradora en la zona, al considerarse innecesaria.

La Junta de Andalucía dio por sellado y saneado en febrero de 2008 el vertedero. El proyecto, desarrollado con el PSOE de Tomás Herrera al frente del equipo de gobierno local, contó con un presupuesto de cuatro millones de euros, cofinanciado por la UE.

La delegada de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía era entonces la linense Gemma Araujo, quien el 18 de febrero explicó en rueda de prensa que el sellado del estercolero estaba integrado en el marco del Plan de Calidad Ambiental del Campo de Gibraltar y que supuso la adecuación de un área de más de cien mil metros cuadrados para disfrute de la ciudad, por lo que se saneó y recuperó medioambientalmente los terrenos.

Un informe emitido el 10 de enero de 2018 por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (Intcf) desveló que los líquidos que emanaban del vertedero estaban provocando un "daño sustancial" a la calidad del arroyo de la Cava, suponían "un grave riesgo de contaminación para la masa de agua subterránea Guadarranque-Palmones" y podían acarrear "un riesgo para la salud de las personas" que la consumieran. El Ayuntamiento de Algeciras negó en varias ocasiones la existencia de todo vertido contaminante.

En marzo de 2018, la posible solución al problema se trató en la Mancomunidad de Municipios. Entonces la idea era la construcción de una tubería hasta la depuradora de aguas residuales de Isla Verde. El entonces presidente de la Mancomunidad, Luis Ángel Fernández, explicó que la inversión se repercutirá en la tasa de depuración de Algeciras, solo para el Puerto y las empresas, de forma que no supondría una subida de la factura para los ciudadanos.

Juan Lozano afirma que la obra que se proyecta ahora está por ver cómo se financia, aunque entiende que debe ser el Ayuntamiento de Algeciras el encargado de gestionar el dinero puesto que la instalación es suya.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Algeciras dictó en marzo de 2019 el archivo de la causa impulsada por la organización ecologista Agaden, que denunció en 2017 que se estaban produciendo vertidos de lixiviados desde el antiguo depósito de residuos que podrían estar causando graves daños al medio ambiente.

Un informe de la Junta de Andalucía, que considera que no se puede probar que exista esa afección, fue el principal argumento que utilizó la jueza para dictar el sobreseimiento de la causa, que había pedido la Fiscalía de Medio Ambiente.