STAJ denuncia que el nuevo sistema Adriano impide trabajar con normalidad a una funcionaria con discapacidad visual de un juzgado de Algeciras

Algeciras/El Sindicato de Trabajadores para la Administración de Justicia (STAJ) denuncia que la implantación de la nueva aplicación informática de gestión procesal Adriano no cumple con la normativa de accesibilidad para personas con discapacidad visual. La entidad señala que el pasado 20 de noviembre fue nombrada funcionaria interina del cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa en un Juzgado de Primera Instancia de Algeciras una persona invidente. La ONCE le instaló el programa que necesita para acceder al ordenador, pero cuando comenzó a trabajar descubrió que la plataforma Adriano no ha previsto la accesibilidad para personas con discapacidad visual, por lo que le es imposible, por ejemplo, leer una diligencia que ha escrito, entre otras cosas.

El 4 de diciembre STAJ presentó un escrito dirigido a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Publica en el que se le daba traslado de los problemas que habían surgido en el sistema, además de múltiples incidencias presentadas por la afectada, sin que hasta la fecha se haya producido ninguna modificación ni ningún cambio en el programa.

El sindicato también lamenta que "lejos de agilizar una administración de Justicia lenta y caduca", este nuevo proyecto no ha hecho más que "ralentizar trámites que con la antigua versión podían realizarse en la mitad de tiempo y con mayor facilidad". "Prueba de ello son, entre otros, que el nuevo visor ya ha sido denunciado a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales porque los caracteres no están bien definidos, borrosidad en la pantalla o falta de nitidez y la necesidad de cambiar el mismo en pos de la salud laboral de los funcionarios de Justicia", indica el sindicato.

STAJ también señala que el resto de operadores jurídicos, como abogados, procuradores, peritos, etc., encuentran numerosas dificultades para el uso de esta nueva herramienta, que el sindicato recuerda que supuso una inversión de 20 millones de euros para resolver la precariedad y dispersión de servidores con la

implantación de un modelo centralizado de las funciones informáticas.

"Habrá que cuestionarse por qué motivo la Junta no cumple con la normativa y vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, incumpliendo las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables (artículo 63 del derecho de igualdad de oportunidades, del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre)", lamenta el sindicato.