El Supremo decidirá sobre el último intento del asesino de Diego Valencia para no ser enjuiciado por terrorismo

La Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) decidirá el próximo 27 de noviembre sobre el último recurso presentado por la defensa de Yassine Kanjaa, asesino confeso de Diego Valencia, para que la causa por la muerte del sacristán de la iglesia de La Palma el 25 de enero de 2023, en Algeciras, sea tramitada por un juzgado ordinario y no por la Audiencia Nacional (AN) como delito de terrorismo.

Tras cerca de dos años de diligencias por parte del Juzgado de Instrucción número 6 de la AN, perladas por un aluvión de recursos por parte de la defensa con el fin de dilatar el procedimiento, el TS tiene la última palabra para decidir a qué órgano jurisdiccional corresponde enjuiciar el asesinato. Si determina que la competente es la AN, está tendrá vía libre para fijar la fecha del juicio al quedar agotadas todas las vías para recurrir.

El pasado 5 de mayo, la Fiscalía de la AN dirigió un escrito al juzgado en el que consideraba que el asesinato de Diego Valencia se enmarca en el ámbito de los delitos deterrorismo recogidos en el Código Penal y que, por tanto, la instrucción de la causa debía seguir desarrollándose en la AN.

“Los hechos investigados revisten caracteres de un delito de asesinato y dos de asesinato en grado de tentativa”, indicaba el fiscal Emilio Miró Rodríguez, ex fiscal Antidroga de Algeciras, en la misma línea que las acusaciones particulares y populares personadas en la causa.

La defensa de Kanjaa, por contra, niega que los hechos ocurridos fuesen un acto terrorista -susceptible, en ese caso, de una condena de prisión permanente revisable- y que pide que la causa pase a un juzgado ordinario de Algeciras. El presunto yihadista, de 25 años y origen marroquí, antes de matar a Valencia con un machete en la plaza Alta de Algeciras, hirió gravemente al cura de San Isidro, Antonio Rodríguez Lucena -fallecido a causa de un cáncer el 8 de octubre de 2023- y a otras personas de diversa consideración.

“La identidad de las personas agredidas, el lugar de comisión de los hechos, los datos aportados al procedimiento sobre acceso a páginas de internet y las propias manifestaciones realizadas por el recurrente en su declaración como investigado permiten deducir que el fin pretendido se encuentra entre los enumerados en el artículo 573 del Código Penal y calificar los hechos como delito de terrorismo”, manifiesta Miró.

El fiscal recordó que la Ley de enjuiciamiento Criminal dispone que "los Juzgados Centrales de Instrucción y la Audiencia Nacional continuarán conociendo de la instrucción y enjuiciamiento de las causas por delitos cometidos por personas integradas en bandas armadas o relacionadas con elementos terroristas o rebeldes cuando la comisión del delito contribuya a su actividad, y por quienes de cualquier modo cooperen o colaboren con la actuación de aquellos grupos o individuos".

Anomalía psíquica

El escrito del fiscal estaba fechado el mismo día que el último informe psiquiátrico realizado por los forenses del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla por encargo del juzgado, quienes concluyeron que Kanjaa presenta un "cuadro psicótico, de probable filiación esquizofrénica".

Ese informe establece dos conclusiones. La primera es que el autor de la muerte de Valencia "presenta un trastorno compatible con el juicio diagnóstico de cuadro psicótico, de probable filiación esquizofrénica", en tanto que la segunda es que "independientemente de la filiación del cuadro psicótico, cabe inferir que, en el momento de tener lugar los hechos que se le imputan, el paciente presentaba una descompensación psicótica aguda con un importante grado de implicación afectiva y conductual, lo que afectaría muy severamente a sus facultades intelectivas y volitivas, que constituyen las bases psicopatológicas para la valoración de la imputabilidad".

Previamente a este informe, Kanjaa se había sometido a un examen preliminar por parte de los forenses de la Audiencia Nacional. Su conclusión era que el detenido presenta un cuadro compatible con un trastorno delirante, pero que era necesario un análisis más en profundidad. Ese examen corresponde con el del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla.

Para el fiscal, debe ser el tribunal el encargado de valorar el examen. "La valoración de los informe periciales y la determinación de sus consecuencias respecto de la imputabilidad de una persona es competencia de un tribunal. Determinar en qué medida una anomalía o alteración psíquica afecta a la concurrencia de un elemento del tipo, como es la finalidad con la que comete el delito es una operación de tal complejidad, que debe quedar reservada al tribunal encargado del enjuiciamiento, previa valoración de todas las circunstancias del caso a través de las pruebas practicadas", señala Miró.

Una versión contraria mantiene la defensa, que ha pedido de forma reiterada la inhibición de la Audiencia Nacional del caso en favor de los juzgados de Algeciras. El trastorno delirante apreciado en Kanjaa, a ojos de sus abogados, podría considerarse una circunstancia eximente que le liberaría de responsabilidad penal al ser inimputable y señalaría, a su vez, que no cometió el ataque con la intención de llevar a cabo un acto terrorista. Bajo esa perspectiva, la única intención del detenido solo era alterar gravemente la paz pública.

Hay una cuestión añadida no menor en el caso de que Kanjaa fuese condenado por asesinato y dos tentativas de asesinato de carácter terrorista puesto que, en ese caso, las víctimas o sus herederos tendrían derecho a ser indemnizadas por el Estado, de acuerdo al decreto de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.