El Supremo admite un recurso del Servicio Jesuita a Migrantes mientras crece la oposición al nuevo CIE de Algeciras

Algeciras/El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación presentado por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) contra la Dirección General de Policía, dependiente del Ministerio del Interior, por su negativa a proporcionar datos sobre la nacionalidad de las personas internadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en 2023. El SJM critica la falta de transparencia y advierte que la información pública es clave para visibilizar vulneraciones de derechos en estos espacios.

En este contexto, la organización mantiene su rechazo al inminente CIE de Botafuegos, en Algeciras, que será el mayor del país. Para manifestar su oposición, el SJM ha convocado una marcha de protesta en la ciudad el próximo 14 de diciembre.

La entidad sostiene que la política migratoria del Gobierno sigue siendo "opaca y represiva", y aboga por alternativas más humanas para gestionar las situaciones de irregularidad administrativa.

El CIE actual, en la antigua cárcel de La Piñera, alberga en estos momentos a 27 ciudadanos no comunitarios en situación irregular. El nuevo tiene capacidad para 500, 205 menos de las previstas cuando se decidió su construcción, en 2017, cuando el España volvía a ser ruta prioritaria en la búsqueda del sueño europeo para miles de migrantes y el Gobierno no daba abasto para albergar a todos los que cruzaban el Estrecho. Ahora, esa cifra ha caído de forma notable tras la recuperación de las relaciones con Marruecos.

El edificio se encuentra junto a la carretera CA-9208, cerca del centro penitenciario de Botafuegos. Este nuevo centro, financiado en su mayor parte por la Unión Europea a través de Frontex, ha costado más de 33 millones de euros. Pretende servir de modelo a todos los que se construyan para sustituir a los actuales, tanto en España como en otros países europeos. De hecho, es uno de los pocos que no han sido implantados sobre viejas prisiones en desuso, antiguas comisarías o cuarteles cerrados, como ha sido hasta ahora la tónica habitual.

Este nuevo modelo quiere implantar un mismo funcionamiento para todos los CIE en el que los migrantes se distribuyan por sexo, procedencia, nacionalidad y religión, y que cuente con todos los servicios asistenciales, desde enfermería a espacios para abogados y ONG.