El 5% de los teléfonos incautados en las cárceles españolas en 2022 fueron hallados en la de Algeciras

Un 5% de los teléfonos móviles incautados en las prisiones españolas a lo largo del año 2022 lo fueron en el centro penitenciario de Botafuegos, en Algeciras.

Según datos facilitados por el sindicato Acaip, el pasado año fueron aprehendidos 138 teléfonos móviles en la prisión de Algeciras. En el conjunto de España esta cifra asciende a 2.733 terminales, lo que supone un incremento del 21% respecto a las incautaciones realizadas en 2021.

Es la cantidad más alta registrada desde que aparecieron estos teléfonos, lo que supone -a juicio del sindicato- un riesgo para la seguridad de los centros penitenciarios.

"Los teléfonos móviles son objetos prohibidos dentro de las prisiones para evitar la continuación del delito, entre otros, de bandas organizadas o de violencia de género. Esto los convierte en elementos muy cotizados entre los presos, generando un mercado negro con los problemas regimentales que esto genera", explica Acaip, que destaca el trabajo que realizan los empleados públicos penitenciarios para evitar el comercio ilícito de estos elementos prohibidos.

"En muchos casos, estos teléfonos son utilizados para continuar con la actividad delictiva y sustraerse a los controles internos. Se trata de objetos muy cotizados por aquellos internos que tienen restringidas las comunicaciones como los presos por violencia de género, delitos de terrorismo o pertenecientes a bandas organizadas, por lo que su uso y presencia dentro de los centros los convierte en fuentes de conflicto por el control del mercado negro que se genera", continúa.

El sindicato asegura que los trabajadores penitenciarios dedican "grandes esfuerzos al decomiso de estos objetos, la mayoría de los cuales se camuflan fácilmente por su

reducido tamaño y escapan a los detectores de metales al ser sus componentes de plástico". "Podemos encontrarlos en los lugares más insospechados, por lo que es preciso una requisa exhaustiva de los módulos, lo que requiere del personal necesario y de una formación especializada", finaliza.

"La manera en la que estos terminales son introducidos son muy variadas, pero en los últimos años se ha detectado la utilización de drones para introducir smartphones de gran tamaño. Esto supone una merma importante de la seguridad en los establecimientos penitenciarios, ya que la presencia de objetos prohibidos perjudica gravemente el normal funcionamiento de una prisión donde debe primar una convivencia ordenada para poder cumplir con el objetivo de la reeducación y la reinserción", explica el sindicato, que insiste "en la necesidad de dotar de medios materiales y humanos suficientes para, por un lado, evitar su entrada y, por otro, realizar el control en el interior, a lo que habría que sumar el correcto funcionamiento de los inhibidores de las prisiones y su adaptación a las nuevas tecnologías. Si limitamos las posibilidades de uso, reducimos la

utilidad y evitamos el comercio ilícito".