Veintiún años de inundaciones por una casa ilegal de El Rinconcillo: "Tenemos miedo a que llueva"

Algeciras/La resignación tiene forma de tablón de madera en la puerta de un garaje. Al menos aquí, en la urbanización El Greco del barrio de El Rinconcillo, todas las casas los tienen. Llama la atención que no son tablones improvisados, puestos de cualquier manera. Están colocados a conciencia, todos ellos siguiendo la estética de cada adosado, como si llevaran mucho tiempo y, sobre todo, como si quedara mucho para que dejen de ser necesarios. Es el remedio que los vecinos han encontrado para tratar de frenar la entrada del agua cuando llueve fuerte. La última vez, hace poco, el 29 de enero. Otras veces ha sido peor. La manzana entera se inunda cada cierto tiempo desde hace 21 años por el muro de una vivienda ilegal de dos plantas en el número 45 de la avenida Diputación sobre la que pesa una orden de derribo desde el 8 de febrero de 2010, pero que sigue en pie después de una larga batalla legal. El pasado año, la calle que vertebra El Rinconcillo se sometió a una reforma profunda. El viario no se pudo construir.

"Son las tablas del miedo", explica un vecino. "El miedo a que llueva y vuelva a entrar el agua como otras veces y algún día ocurra una desgracia", añade. La enorme vivienda se construyó sin licencia de obras en 2004 sobre unos terrenos que el Plan General de Ordenación Urbana preveía para construir un viario que desembocaría en la autovía. Hace cinco meses, 20 años después, salió a licitación el derribo por parte del Ayuntamiento, que se encargará de forma subsidiaria para después pasarle la factura al propietario. Este periódico preguntó al Ayuntamiento en qué situación está el proceso sin que hasta el momento haya habido una respuesta.

El 26 de abril de aquel mismo año se detectó la construcción irregular de la vivienda, pero el propietario hizo caso omiso de las advertencias de Disciplina Urbanística. El juzgado de los Contencioso-Administrativo número 1 de Algeciras dictó sentencia el 8 de febrero de 2010 ordenando la demolición. El dueño de la casa se negó a abandonarla y los operarios municipales no pudieron echarla abajo. La institución municipal solicitó auxilio judicial ante esta situación y, una vez que se habían realizado todos los requisitos legales y se había fijado fecha para la actuación, hubo nuevamente que suspenderla a instancia del juzgado de lo contencioso, al tener constancia de un recurso de revisión de la sentencia presentado por el propietario ante el TSJA con sede en Granada.

Aquello fue el comienzo de un largo proceso judicial que para los vecinos suena ya a "cachondeo". Lo que origina las inundaciones no es la casa, sino el muro, que no es ilegal, puesto que la parcela se compró con todas las de la ley y el propietario tiene derecho a efectuar el cerramiento. La cuestión es que toda el agua de lluvia de la manzana se dirige a una arqueta que hay en la parte exterior de una esquina de la casa cuya tubería discurre por debajo de esta y no da abasto para evacuar la lluvia.

El 17 de octubre de 2011, el Ayuntamiento anunció por primera vez el inminente derribo de la vivienda, toda vez que el Juzgado había concedido la autorización para acceder al interior de la misma. En junta de portavoces, el entonces delegado de Urbanismo, el popular Diego González de la Torre, reprochó a su antecesor en el cargo, el socialista Diego Sánchez Rull, que no hubiese ejecutado la sentencia en su momento. El 12 de diciembre de 2011, la Gerencia de Urbanismo anunció el auto dictado por el juez en el que se concedía la suspensión cautelar de la sentencia por la que se ordenaba el derribo hasta que se resolviera el recurso de revisión que presentó el propietario ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. De nuevo, se paralizaba el derribo. El 3 de mayo de 2012, el juzgado rechazó el recurso presentado por el propietario. El juez concedió autorización judicial al Ayuntamiento para el derribo el 31 de enero de 2013. Urbanismo anunciaba el inicio de los trámites para ejecutar de forma solidaria la orden de derribo, toda vez que el propietario había agotado el plazo legal para actuar de manera voluntaria. La sentencia que en principio cerraba el caso se dictó el 22 de febrero de 2017 por parte de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que declaraba “no haber lugar al recurso de casación” interpuesto por el dueño de la casa contra otra sentencia dictada por el TSJA el 12 de noviembre de 2015.

El 18 de diciembre de 2018, Urbanismo dictó un decreto por el que se concedía al obligado un mes para desalojar la vivienda ante la intención del Ayuntamiento de ejecutar de forma subsidiaria la demolición, aunque el 21 de enero de 2019, el propietario formuló un recurso de reposición que también fue desestimado. En febrero de 2020, el Ayuntamiento de Algeciras afirmó que estaba actualizando el proyecto para la ejecución subsidiaria de las obras de demolición. En septiembre de 2024, hace casi cinco meses, salió a licitación el derribo. De momento sigue sin producirse. Y las inundaciones continúan.