“El Derecho se ha convertido en una cuestión de muchas incógnitas”

Eusebio Pérez Torres es desde desde 2007 el jefe de la Abogacía del Estado en Andalucía, Ceuta y Melilla. En este entrevista analiza la importancia de los asuntos que afectan al Estado en Andalucía frente a otras comunidades autónomas y explica el reto de la institución para adaptarse a un Derecho convertido en “una cuestión de muchas incógnitas y distintos planos”.

— ¿Cuántos abogados del Estado ejercen bajo su jurisdicción?

Unos 30, más tres en el servicio jurídico de la Agencia Tributaria y además contamos con una figura que para nosotros es fundamental que son los letrados habilitados, licenciados en Derecho procedentes de otros organismos que colaboran con nosotros, porque si no sería imposible llegar a tantos pleitos.

Son entre 50 y 70 personas que hacen un trabajo excelente pero el único problema es que el sistema es poco estable, depende de su buena voluntad, disponibilidad y carga de trabajo que tengan en sus destinos.

— ¿Qué volumen de trabajo tiene la Abogacía del Estado en Andalucía?

Solo en Andalucía Occidental el año pasado entraron más de siete mil pleitos. Andalucía, Ceuta y Melilla tienen el 60% de los pleitos de extranjería de toda España.

— ¿Algún caso le ha supuesto un especial quebradero de cabeza?

Dolores de cabeza todos los días y sobre todo en la función consultiva, donde tienes que decir cómo es algo en Derecho, y eso en los tiempos que corren es muy complicado porque el Derecho se ha convertido en una cuestión de muchas incógnitas. Hay tantos planos en el Derecho actual que un asunto se puede ver desde la óptica de la libre competencia, la organización administrativa o los derechos individuales y todos confluyen en el mismo problema.

Uno de los casos que me ha dado más quebraderos de cabeza ha sido el hotel del Algarrobico en Almería, donde se solapan la legislación medioambiental (porque está en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar), la urbanística porque fue un impulso del ayuntamiento de Carboneras, y la de Costas porque es un dominio público marítimo-terrestre. Tres legislaciones sectoriales en manos de tres administraciones, cada una con cartografías que podían coincidir o no, con sus reformas y disposiciones transitorias. Y todas convergen en el mismo espacio que es la playa del Algarrobico.

— ¿La Administración se equivoca a veces?

No comete disparates, son errores que se producen por la gestión masiva y en esos casos proponemos el allanamiento. Tráfico pone millones de multas al año, es imposible que ahí no haya errores. Yo digo a mis compañeros que nuestro objetivo es ganar el 97% de los pleitos, ellos se sorprenden y yo les digo que el 100% sería un escenario inhumano, donde la Administración no habría cometido ningún error y eso no puede ser. Lo que hay que tener son procedimientos ágiles para depurar los errores y no empeñarse en defenderlos.

“El tamaño importa”

— ¿Qué problemas específicos tiene Andalucía?

En Andalucía hay muchas competencias estatales que no hay en la España interior como las costas, los puertos y las fronteras. Y a la inversa: Andalucía proporciona al Estado muchísimo trabajo.¿Dónde puede tener el Estado más problemas: en una provincia de la España interior o en dos ciudades como Ceuta y Melilla que están enclavadas en otro país, en el norte de otro continente, con todo el problema migratorio y sus tensiones?

El tamaño importa. Cuando voy a una reunión y me piden que resuma los asuntos importantes de Andalucía, hay una diferencia de escala muy grande. Los demás tienen que informar de equis y yo tengo que informar de 10 equis. No es lo mismo 8 millones de habitantes que 300.000.

Los demás lo comprenden pero después de ese reconocimiento debe venir una traslación en medios, en funcionamiento, en sistemas de relación de unos y otros. Y en eso está toda la organización.

— ¿Qué reformas necesita la Abogacía del Estado?

La Abogacía General del Estado está planteando una reforma completa de su organización y una estructura adecuada a las necesidades actuales de asistencia jurídica al Estado.

Nos afecta la enorme litigiosidad que tiene el Estado, la complejidad de los problemas y una estructura a mi juicio anticuada. La Abogacía del Estado no tiene un cuerpo de apoyo como el Tribunal Constitucional, donde hay 12 magistrados y mas de 30 letrados que les apoyan, y el mismo esquema existe en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Yo creo que es muy complicado aumentar indefinidamente el número de abogados del Estado y funcionarios. No solo aquí sino en cualquier organización, también los jueces están planteándose hasta qué punto sería mejor tener una oficina común y que no haya veintitantos juzgados sino uno solo servido por funcionarios comunes y por una serie de magistrados.

— ¿A qué se debe la complicación actual?

El Derecho ha pasado de ser de un servicio utilizado por una pequeña parte de la población, la burguesía, a que gran parte de la sociedad sea titular de derechos y obligaciones. En la Andalucía rural de principios del siglo XX la inmensa mayoría de la población no tenía relaciones jurídicas: no tenía vivienda propia, hipoteca, pleitos con el vendedor ni tenía que pagar impuestos. El trabajador del campo no tenía nada que dejar en herencia a sus hijos y como mucho tenía una aparcería con el dueño de sus tierras.

Lo grande de nuestro mundo actual es que hay veintitantos millones de sujetos de derechos y obligaciones en España. Eso supone la democratización del Derecho, que tiene que llegar a todo el mundo.

“Cuando hay elecciones nos echamos a temblar”

— ¿Sigue siendo cierta la buena preparación de los abogados del Estado?

Para mí este es el mejor master en Derecho que hay en España porque la oposición está configurada para aprenderse el ordenamiento jurídico entero. Luego la experiencia en la Administración enseña mucho, yo me sorprendo de los pleitos que han llevado muchos de mis compañeros y compañeras jóvenes sin haber cumplido todavía los 30 años. Eso no lo hubieran visto nunca en un despacho privado.

Y la respuesta está en el mercado, en la demanda constante de abogados del Estado para la actividad pública, la privada y para la política. Cuando hay elecciones nos echamos a temblar porque nos hacen polvo si nos quedamos de golpe sin 20 personas a las que nombran para ministerios o secretarías de Estado.

— Qué pasó en el juicio del procès, cuando la Abogacía del Estado no acusó por rebelión, como la Fiscalía?

La Abogacía del Estado es un cuerpo intrínsecamente jerarquizado porque si no seríamos un grupo de abogados que comparten despacho pero donde cada cual toma sus decisiones.

Si hay una organización, tiene que haber un jefe. La Abogacía del Estado nació a finales del siglo XIX para proporcionar una unidad de criterio en el ámbito de la asistencia jurídica al Estado. A medida que el asunto tiene más relevancia, la decisión va subiendo de nivel y en el juicio del procès, uno de los más importantes que ha habido en los últimos años, evidentemente era la abogada general del Estado quien tomaba las últimas decisiones.

Desde el punto de vista técnico estas cosas pasan todos los días: un compañero lo ve de una manera y otro de otra. En una organización, esas cosas se resuelven jerárquicamente.

—Además la sentencia del Supremo les dio la razón

También lo iba a decir. Pero el tema era difícil porque no había jurisprudencia. Sobre el IRPF hay cientos de sentencias pero ¿cuántos delitos de rebelión o sedición se dan en España?

— Si no hubiera sido abogado del Estado, ¿en que le hubiera gustado trabajar?

Lo que ha estado más cerca de mi mentalidad ha sido la función judicial y de hecho concurrí a una plaza en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que no obtuve.

—¿La Abogacía del Estado se ha adaptado bien al estado de las autonomías?

Creo que era una necesidad porque la estructura territorial básica en España actualmente es la comunidad autónoma. Y eso se traduce en que la organización judicial culmina en un Tribunal Superior de Justicia, la Agencia Tributaria tiene un delegado especial para Andalucía, el delegado del gobierno es de toda Andalucía… y no tiene sentido que esas estructuras regionales no tengan en la Abogacía del Estado un interlocutor del mismo nivel.