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"No es un camino acertado". El presidente del Banco de Alimentos, Javier Peña, rechazó ayer el asalto a los supermercados. "No se puede obligar a nadie, a ninguna entidad, a tener una responsabilidad social" con los más desfavorecidos, subrayó el responsable de esta ONG. Peña declinó entrar "en el fondo de la protesta", pero sí quiso dejar claro que, sea cual sea su finalidad, debe cumplir "los cauces establecidos y la legalidad vigente porque los asaltos nunca pueden ser el camino normal de un comportamiento ciudadano porque al final eso lleva a la anarquía".
El Banco de Alimentos no aceptará, en el caso de que llegue a sus distintas sedes provinciales, los productos sustraídos en los asaltos a los supermercados de Écija y Arcos de la Frontera. "No aceptaríamos en ningún caso las consecuencias de un robo para ayudar a los más necesitados. Eso sería ir en contra de todo el marco legal en que vivimos", avisó Peña.
"Como responsable de una organización muy seria, y el Banco de Alimentos lo es, nosotros no entendemos que este sea un camino acertado. Es cierto que alimento y excedentes hay y mucho, pero tiene que llegar a los más necesitados en las mejores condiciones posibles y por el camino más legal porque, si no, como ha pasado en otros países, esto se convierte en que uno mismo se sirve y se lo lleva, y eso sería un desastre", advirtió el presidente de la ONG.
El asalto a los supermercados encontró el efecto mediático deseado por el alcalde de Marinaleda y parlamentario de IU-CA. Pero a ese logro hay que añadirle otro de un calado aún mayor: el de la algarada política. Tirios y troyanos salieron al escenario a hacer su valoración de la acción desarrollada por el SAT.
En las filas de la coalición de izquierdas, justificación, apoyo y defensa, e incluso la comparación para el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con un "sheriff del Oeste"; en las del PP, censura y hasta peticiones de dimisiones y ceses para altos cargos de IU-CA, como la directora de Vivienda, Amanda Meyer, que incluso arremetió en Twitter contra el presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Entre los socialistas, socios de gobierno en la Junta, rechazo.
CCOO criticó acciones de este tipo son "más efectistas que efectivas", que es, precisamente, lo que el SAT reconoce que ha buscado: ser efectista. Su secretatio de Comunicación, Fernando Lezcano, afirmó a continuación que "valdría la pena pararse a pensar qué circunstancias se pueden estar dando para que a alguien se le ocurra llevar a cabo una acción de esa naturaleza".
Al igual que CCOO, UGT también considera que acciones de este tipo no forman parte de su "tradición reivindicativa. Somos más partidarios de aquellas acciones que movilizan a cantidades cada vez mayores de personas que contribuyan generar dinámicas más masivas que fuercen cambios en la sociedad".
Opiniones
Carmen Crespo, delegada del gobierno: "Son hechos intolerables. Con acciones como ésta se alientan comportamientos delictivos, la violencia y el robo con fuerza".
Rafael Rodríguez, consejero de turismo (IU): "El asalto responde exclusivamente a la estrategia del SAT, y ni IU ni por el Gobierno andaluz se identifican con ella".
Ignacio García, Vicepresidente del parlamento: "Es de esperar que Fernández Díaz no se ponga a la altura de ministros de Interior bananeros que retienen a diputados".
Alfonso Alonso,. portavoz del pp en el congreso: "No se puede tolerar una acción delictiva porque haya un cargo público, obligado a dar ejemplo, y en este caso ha sido lo contrario".
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