Cataluña logra arrancar del Gobierno una antigua reivindicación de Andalucía

La Generalitat ha conseguido que el Gobierno central vaya a pagarle 750 millones de euros en concepto del déficit de infraestructuras del Estado en Cataluña. Se trata de un compromiso nacido de una disposición adicional de su Estatuto; Andalucía, con un precepto legal similar, no podrá cobrarlo, al menos en esos términos, porque no cuenta con un acuerdo previo de la comisión bilateral ni recurrió ante el Tribunal Supremo. No obstante, Pedro Sánchez se comprometió con Susana Díaz a mejorar la inversión en Andalucía.

Andalucía aprobó en 2007 un Estatuto que en muchos aspectos fue una copia del catalán. La disposición adicional tercera (DAT) es uno de ellos. Donde el Estatut obliga al Estado a invertir en infraestructuras en Cataluña un montante similar al peso de esta comunidad en el PIB español, el andaluz liga el porcentaje de esa inversión a la proporción de su población. Es decir, que los Presupuestos Generales del Estado debieron dejar durante siete años en Andalucía del 17% al 18%de la inversión total regionalizada.

Inversión regionalizada

Esto sólo se cumplió en los primeros años, tanto en Cataluña como en Andalucía, pero llegó el recorte de la inversión con la crisis económica desatada a partir de 2008, y ambos estatutos se incumplieron. Pero en junio de 2010 se publicó la sentencia contra el Estatut, que especificaba que esa disposición no era de obligado cumplimiento, porque el Gobierno central es el encargado de marcar sus pautas de inversión.

A pesar de ello, la Generalitat prosiguió sus negociaciones con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, y la comisión bilateral entre ambas instituciones reconoció una deuda por este concepto de 750 millones de euros. Ése es el dinero que la Generalitat recibirá en 2019 si se aprueban los PresupuestosGenerales del Estado. Posteriormente, la Generalitat acudió al contencioso, y el Supremo le dio la razón, no por la obligación estatutaria -que el Constitucional había puesto en duda-, sino por el acuerdo firmado en la comisión bilateral.

Aunque los gobiernos andaluces siempre han demandado el mismo cumplimiento, la comisión bilateral Junta-Estado no abordó esa deuda; por tanto, no se recurrió, aunque sí hubo una carta, sin valor jurídico, de la Intervención General del Estado calculando el déficit en 1.504 millones de euros por los años 2008 y 2009. Ésa es la diferencia entre el caso andaluz y el catalán.

Lo que sí cobró la Junta, aunque en solares, fue una deuda derivada de otra disposición adicional, la segunda, la llamada “deuda histórica”, derivada del atraso socio-económico andaluz.

Los anteriores presidentes de la Junta, tanto Manuel Chaves como José Antonio Griñán, demandaron con insistencia los pagos de la DAT. Se llegó a dar el caso de que Griñán lo hizo ante el propio Chaves, cuando éste fue vicepresidente con Zapatero y responsable de estas comisiones bilaterales. Pero el asunto decayó con la crisis económica.

Pago en cuatro años

La Generalitat llegó a este acuerdo con el Gobierno este martes 25 de septiembre, y a los 750 millones de euros añade otros 700 millones por el despliegue del cuerpo de Mossos. Esta comisión no se reunía, en el caso catalán, desde julio de 2011, cuando Zapatero intentaba recomponer los pecios de la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto. No obstante, el pago se realizará en cuatro años.

Lo que sí tiene cierta importancia para Andalucía es la derivada parlamentaria de este acuerdo, ya que puede significar el apoyo de ERC y del PdeCAT a los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Para la Junta, estas cuentas supondría 350 millones de euros más debido al acuerdo alcanzado con Bruselas para la relajación del déficit. Estos sólo llegarán si la senda de déficit supera el bloqueo del PP en el Senado y la posterior aprobación de las cuentas en el Congreso.

Aunque Andalucía haya perdido, al menos por ahora, la oportunidad de la disposición adicional, el presidente Pedro Sánchez se comprometió con Susana Díaz a mejorar las inversiones en infraestructuras en la comunidad. La Junta siempre ha aspirado a que el montante fuese proporcional al peso de la población, aunque ya no exista esa obligación estatutaria.

Por otra parte, el acuerdo alcanzado el martes con la Generalitat imprime algo de optimismo al Gobierno de Pedro Sánchez sobre la aprobación del Presupuesto, en unos momentos de crisis debido al caso de la ministra de Justicia. Aunque haya pasado desapercibido, ese mismo día el presidente de la Generalitat, Quim Torra, aseguraba en Barcelona que tendría presupuestos autonómicos en 2019, lo que equivale a que no convocará elecciones anticipadas. Ello es lo que hace pensar a un acuerdo con PdeCAT y ERC.