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Editorial: Ajuste duro para la diferenciación

16 de mayo 2012 - 01:00

FINALMENTE, llegó el ajuste. El Gobierno andaluz aprobó ayer el llamado Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de sus cuentas, es decir, la revisión de su presupuesto para el año 2012 que habrá de ser evaluado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera previsto para mañana. Lo más favorable que se puede decir del plan es que era necesario para sanear las finanzas autonómicas y cumplir con el objetivo de reducción del déficit público exigido por la ley de estabilidad presupuestaria. También merece destacarse que el ahorro previsto se haya visto aumentado hasta los 3.500 millones de euros, lo que refleja una voluntad más ambiciosa que la manifestada hasta ahora por los gobernantes autonómicos. Con respecto a su contenido, lo más destacado es que consagra la estrategia de diferenciación del Gobierno PSOE-IU en relación con las políticas del Gobierno de la nación y la inevitable confrontación entre sus respectivos planteamientos para la salida de la crisis. De este modo, la Junta elude abordar un programa de austeridad en el gasto basado en la reducción de empleo público redundante o ineficiente y la eliminación de instituciones y burocracia, optando por la bajada de las retribuciones de todos los funcionarios y empleados públicos sin excepción, el incremento de la jornada y el empeoramiento de sus condiciones de trabajo. El problema de fondo del sobredimensionamiento del sector público permanece intacto. Por otra parte, vuelve a acentuarse la presión fiscal, con aumentos del tramo autonómico del IRPF -ya de los más altos de España-, carburantes, actos jurídicos documentados, patrimonio y juego. El ajuste conocido ayer es plenamente acorde con el discurso de investidura del presidente Griñán: más ingresos por la vía impositiva que perjudica al consumo y menos gastos, sobre todo en personal de la propia Junta, pero sin afectar a las prestaciones educativas y sanitarias. En el programa subyace la idea de que es posible gobernar con austeridad sin dañar el Estado de bienestar. Lo contrario que el Gobierno, esgrime la Junta.

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