Espías marroquíes en España: los encargados de vigilar a los súbditos de Mohamed VI

Rabat tiene desplegados en España a cerca de treinta agentes secretos. Se ocupan, sobre todo, de que los marroquíes no conspiren contra el régimen de Mohamed VI, no publiquen en prensa o redes sociales nada que perjudique a los intereses de su Gobierno y no se vinculen a mezquitas salafistas, chiítas o de corrientes islámicas como Justicia y Caridad, ilegal en Marruecos pero reorganizada en el Levante español. Algunos de estos espías se camuflan como personal de servicio de los consulados o corresponsales de prensa marroquíes.

En la Embajada de Marruecos en Madrid y en cada uno de los doce consulados que este país tiene distribuidos en España hay siempre una puerta permanentemente cerrada con llave y sin letrero o indicativo alguno. El personal de limpieza tiene instrucciones concretas de entrar a hacer su trabajo en estos despachos solo cuando hay alguien dentro. Nunca hay ningún documento sobre las mesas y las pantallas de los ordenadores están siempre orientadas de forma que no puedan ser observadas o fotografiadas, a través de las ventanas, desde el exterior. Además de los agentes de la DGED, el servicio exterior de la inteligencia marroquí, a estas dependencias solo acceden sus imprescindibles colaboradores más inmediatos: soplones y chivatos a sueldo que dan parte semanal de lo que predican los imanes en las mezquitas, de los que critican a Mohamed VI en privado y de quienes militan o simpatizan con organizaciones -de un amplio espectro ideológico y establecidas en España- consideradas "enemigas del régimen, como Justicia y Caridad, Onda, Hermanos Musulmanes o el Hirak. Gracias a esos informantes y a un eficaz instrumento de represión, la estabilidad del régimen está a salvo.

El Hirak sigue siendo uno de los principales objetivos de la DGED. Ese movimiento de oposición popular que tanto incomoda al Makhzén (el auténtico gobierno en sombras de Marruecos, integrado por la Casa Real y la élite económica del país) ya fue duramente reprimido en Alhucemas y la región del Rif en 2018 con el encarcelamiento de hasta 600 activistas, pero la mayoría de sus cabecillas lograron escapar hacia España y Países Bajos, donde se reorganizaron. En Marruecos salían a las calles a reclamar infraestructuras básicas, hospitales y universidades para su "castigada" región, pero algunos se atrevieron a señalar al rey de Marruecos como responsable del abandono histórico que aseguran padecer. Enarbolaron en sus manifestaciones banderas de la extinguida y efímera República del Rif y pancartas con el rostro de Abdelkrim al Jattabi. Ahora están pagando la factura por sus temerarias reivindicaciones: su líder, el joven Nasser Zafzafi, cumple una condena de veinte años de prisión en una cárcel de Tánger por haber interrumpido el sermón político de un imán-funcionario en la mezquita de su barrio. Ya lleva seis en prisión. Como él, otros cinco jóvenes, también activistas del Hirak, sin delitos de sangre, “se pudren en cárceles inmundas”, denuncia Redouán, un portavoz rifeño que huyó de la persecución militar y se refugió en Barcelona.

El Hirak, que recibe en España el apoyo moral de Podemos, especialmente a través de su eurodiputado Miguel Urbán, actúa en Barcelona fuertemente vigilado por la DGED: “Nos siguen siempre muy de cerca, a cada evento en que intervenimos, para que no saquemos los pies del plato, y tenemos que tener mucho cuidado porque todos tenemos familia en Alhucemas”, denuncia Redouán, que asegura conocer perfectamente a todos los agentes marroquíes en Cataluña y a sus colaboradores. “Siempre hay alguien grabándonos con un móvil”, concluye.

El conflicto del Sáhara es otro de los asuntos que sacan de quicio a los agentes de la DGED y a su red de infiltrados. Yassine Mansouri, jefe de los espías marroquíes, ha dado recientemente órdenes a sus hombres para que no permitan a ningún marroquí en la diáspora promover el derecho de los saharauis a la autodeterminación ni a ninguna otra solución distinta a la única admisible para el régimen: la absoluta soberanía marroquí del disputado y rico territorio.

Aunque en Marruecos el Sáhara es el “asunto nacional” y no hay fisura alguna sobre el criterio oficial de su soberanía, fuera de las fronteras del reino muchos marroquíes de origen saharaui se sienten libres para expresar su opinión en medios de comunicación, redes sociales e, incluso, manifestarse frente a las sedes diplomáticas de su país. En España, tanto los españoles como los marroquíes que trabajan por la “desocupación y liberación” del Sáhara reciben el apoyo de los partidos y sindicatos más a la izquierda del espectro político. Pero también reciben la atención y vigilancia de los agentes de la DGED.

Islamistas radicales

El islamismo radical está también en la agenda de los espías de Mohamed VI: Rabat no quiere ni oír hablar de que la mayoría de los yihadistas que actúan en Europa son marroquíes. Pero esa es, de momento, la única realidad: por eso persigue a todos los marroquíes que coquetean con el fundamentalismo islamista. Cuando Marruecos detecta a un radical en suelo español, primero, informa al Ministerio del Interior español de la peligrosidad y filiación del individuo. Después, por su cuenta, lo abordan y persuaden para que abandone sus proyectos o contactos. De no obedecer con prontitud, su familia en Marruecos se expondrá a las consecuencias.

Si hay un islamismo que preocupa especialmente al Makhzén es el de Justicia y Caridad, una organización ilegalizable en Marruecos porque rechaza que Mohamed VI sea el legítimo jefe espiritual de los musulmanes marroquíes y que descienda de la casa del profeta. La DGED controla los movimientos del que considera “líder visible” en España de esta oscura fraternidad, Mounir Benjelloun, y de las mezquitas adscritas a su federación o al movimiento juvenil Onda. Benjelloun, por su parte, niega tajantemente cualquier vínculo con esta organización.

Desde sus despachos, presididos por enormes fotografías de Mohamed VI y Hassan II, los agentes de la DGED, militares y varones en su inmensa mayoría, reportan también diariamente a la Oficina Central de Investigaciones Judiciales (BCIJ, por sus siglas en francés) en Rabat un dossier de prensa con todo lo que se publica en España que afecta a los intereses políticos y económicos de su país. Cuentan estos agentes, además, con un presupuesto mensual para pagar no solo a confidentes, sino también a determinados periodistas, politólogos e influencers españoles para que publiquen en medios y redes información favorable a los intereses de la todopoderosa corona. Aunque hacer un listado de esos columnistas y tertulianos en nómina que defienden los intereses marroquíes escapa a las pretensiones de este artículo, no resulta difícil reconocerlos: publican siempre simultáneamente sobre los mismos temas y en la misma línea ideológica, al compás de las consignas puntuales que reciben.

La anterior directora del CNI, Paz Esteban, cinco días antes de ser destituida el pasado 2022, dejó claro que Marruecos espiaba a España. Se refería, obviamente, al spyware Pegasus, pero también a los agentes que están fuera del control de la conocida como La Casa. Y es que Marruecos mantiene en España un doble servicio de información a través de su agencia de inteligencia: el oficial, que trabaja en colaboración estrecha con el CNI para asuntos de terrorismo, y otro, formado por un ejército de eso que los franceses llaman agents noirs: espías fuera de todo control legal que campan a sus anchas por el territorio español y no dudan, para la consecución de sus objetivos, en recurrir a sobornos, chantajes y amenazas incompatibles con los principios de la Constitución española.