El reparto de fondos para atender a los menores migrantes, nuevo frente
Inmigración
El Gobierno prevé repartir 38 millones entre las comunidades; 25 de ellos podrían venir a Andalucía
Ejecutivo y Junta reclaman “corresponsabilidad” en la atención a los menas
La distribución de los menores extranjeros no acompañados (menas) entre las distintas comunidades autónomas sigue en periodo de negociación. El pasado miércoles tuvo lugar una reunión técnica para preparar una conferencia sectorial que a finales de mes o principios del próximo tendrá que fijar una fórmula que permita aliviar la presión sobre algunas comunidades autónomas, especialmente Andalucía, una fórmula que incluirá el reparto de 38 millones de euros entre las regiones teniendo en cuenta el número de menores atendidos por cada una este año. Y ese reparto ha abierto un nuevo frente, en el que Melilla critica la cuantía que teóricamente recibirá Andalucía, Madrid protesta por haber quedado fuera de los fondos y Cataluña pide cambios en el sistema de reparto.
El Gobierno habilitará vía real decreto una partida extraordinaria de 40 millones para hacer frente al creciente número de llegadas de menores y prevé además bonificar con un 25% cada una de las nuevas plazas que oferten las autonomías para acogerles.
El borrador, al que ha tenido acceso Efe, establece un criterio de reparto según el cual se distribuirán inicialmente 38 millones de euros de forma proporcional al aumento de menores que haya tenido cada autonomía en los primeros nueve meses del año. De este fondo saldrán las compensaciones por las ofertas de nuevas plazas.
Además, plantea guardar dos millones para “cubrir los gastos derivados” de “un incremento estacional” entre el 30 de septiembre y el 31 de octubre conforme a los datos del Registro de Menores No Acompañados del Ministerio del Interior.
Las costas andaluzas han sido el principal lugar de llegada de estos menores. Según los datos de Interior, la comunidad andaluza tiene registrados 5.621 menores de un total de 11.174. Andalucía ha apelado por ese motivo a la solidaridad del resto de comunidades a través de la Conferencia Sectorial de la Inmigración.
La Junta no ha cuantificado el montante que recibirá por los menores, pero la senadora popular por Melilla Sofía Acedo ha criticado que vaya a recibir 25 de los 40 millones comprometidos en principio por el Gobierno.
Cataluña ha pedido que el reparto de ese dinero no se haga en función de donde llegan los menores registrados, sino de donde son atendidos. Fuentes de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat recuerdan que este año han atendido 2.413 menas hasta el 30 de septiembre y que en el último mes han atendido a 442.
El País Vasco es una de las cuatro comunidades autónomas con sus recursos saturados para acoger menas de otras regiones, una situación que, según han señalado a Efe fuentes del Gobierno autonómico, espera aliviar “con la solidaridad de otras autonomías”.
Madrid ocupa el sexto lugar en la tabla, pero el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, dice haber recibido ayer una carta de Sanidad, en la que se les comunicaba que esta autonomía no iba a recibir subvenciones porque no llegan menores, a pesar de que asegura haber atendido a más de 1.000.
Ayer, Junta de Andalucía y Gobierno central insistían en la necesidad de que la responsabilidad en la atención a los menores sea compartida entre todas las comunidades. La presidenta andaluza, Susana Díaz, resaltó que Andalucía está haciendo “un gesto enorme de solidaridad” al atender a todos los menores que llegan a sus costas, pero avisó de que “es una responsabilidad que tiene que ser compartida entre todos los territorios”, al tiempo que Europa da también una “salida colegiada a este drama humano”.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destacaba que, más allá del baile de cifras en el número de estos menores protegidos en las distintas administraciones, especialmente la autonómica, “lo primero” es “ponerse de acuerdo” y la “solidaridad y corresponsabilidad de todas las administraciones en garantizar el interés, la protección y el bienestar de estos menores”.
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