Moreno ya ha pedido a Montoro que no suspenda la semana de 35 horas

sevilla/El recurso del Gobierno que impugna la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales para los empleados públicos de la Junta ya está en el Tribunal Constitucional. Lo reveló este martes el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, que también reconoció haber pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que estudie la posibilidad de no solicitar al Alto Tribunal la suspensión cautelar de la reducción de horas para los funcionarios impulsada por la Junta.

Había esperanzas en la Administración autonómica de que el recurso del Ejecutivo central no incluyese la anulación temporal del decreto y de los artículos de los Presupuestos regionales que permitían contratar a personal para cubrir las vacantes provocadas por la reducción de hora. La aspiración de la Junta se esfumó este martes con las declaraciones de Moreno, pero el líder de los populares dejó una puerta abierta para mantener la jornada semanal de 35 horas con su petición a Montoro.

El propio ministro de Hacienda mostró el lunes su disposición al diálogo para evitar un nuevo frente con la Junta, pero existe un obstáculo administrativo, según reveló el presidente del PP andaluz. Moreno explicó que al estar ya registrado el recurso con la petición de suspensión no está claro el procedimiento a seguir. Deslizó incluso la posibilidad de que el texto podría necesitar otro aval del Consejo de Ministros, pero el plazo para recurrir la decisión autonómica sobre las 35 horas acaba mañana y no hay reunión del gabinete de Mariano Rajoy hasta el viernes.

"Si se puede evitar, que se evite", añadió el político malagueño, que recordó el anuncio que hizo el lunes el Gobierno sobre su intención de implantar -de forma parcial- la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración estatal en 2018. Moreno quiso explicar así que el recurso de Ejecutivo contra la Junta no se debe al fondo de la cuestión sino al procedimiento. El líder popular aseguró que la impugnación se debe a que la Junta "se ha saltado el ordenamiento jurídico" y "no tiene competencias" sobre la jornada laboral de los empleados públicos. Y Moreno tiene claro que la decisión de la Administración autonómica se debe a que la Susana Díaz "sacó la calculadora electoral".

El Gobierno andaluz recibió irónicamente con "alegría y alborozo" que el líder del PP-A "quiera ir a Madrid" con la presidenta andaluza, Susana Díaz, para defender las 35 horas. "Pero le pedimos con ese mismo alborozo que exija también todas las necesidades históricas que tiene Andalucía", señaló el portavoz de la Junta, Juan Carlos Blanco, tras el Consejo de Gobierno. El Ejecutivo regional insta al central a "superar sus contradicciones y evite la suspensión cautelar". En la Administración regional ha llamado la atención el hecho de que en 72 horas el Gobierno central pasó de anunciar el recurso al Constitucional a admitir el pasado lunes por boca del ministro de Hacienda que estaba dispuesto a aplicar la jornada semanal de 35 horas a partir de 2018. Y lo más chocante es que justo cuando Montoro trasladaba su intención a los representantes de las comunidades autónomas en la comisión de seguimiento de la conferencia de presidentes, el ministro de Economía, Luis de Guindos, afeaba a la Junta en un acto en Málaga que "no hay ningún país de Europa" donde los funcionarios trabajen 35 horas a la semana.

La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, presentó en el Consejo de Gobierno un informe sobre las repercusiones que tendría la suspensión de la jornada laboral vigente para los 250.000 profesionales de la Junta. Montero incidió en la complejidad de adaptar de nuevo los turnos de trabajo diarios, especialmente en el sector sanitario. Esa circunstancia ya se tuvo en cuenta en su día al diferir la entrada en vigor de las 35 horas al pasado 16 de enero, tres meses después de su aprobación. Este mismo plazo de tres meses sería el que tendría efecto la suspensión cautelar, una vez que el Gobierno central ha avanzado su intención de implantar las 35 horas para todos los trabajadores públicos.