Sexto acuerdo en una de las piezas de los ERE
Caso Ere
El acusado por el ERE de Flores Castejón acepta dos años de prisión y solicita la suspensión de la condena
El exdelegado de Empleo en Sevilla conocía "poco o nada" de las ayudas ERE de la Junta
El juicio por el ERE de Flores Castejón en la sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha terminado con un acuerdo entre las partes. De este modo, el acusado ha aceptado dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación. La defensa ha pedido la suspensión de la ejecución de la pena. Tanto la Fiscalía como la acusación popular, ejercida por el PP, han anunciado que se pronunciarán sobre la suspensión cuando se conozca el calendario de pagos de la responsabilidad civil, fijada en 75.000 euros.
Durante la sesión, la letrada de la defensa esbozó un plan de pagos de unos 200 o 250 euros al mes como máximo puesto que el acusado "tiene la nómina embargada y carece de propiedades". Se trata del sexto juicio de los ERE en el que se ha llegado a un acuerdo con los acusados. Según la Fiscalía, la empresa onubense Flores Castejón, dedicada al comercio de plantas y a la preparación de terrenos, solicitó en febrero de 2010 de una ayuda de 180.000 euros a través de la Dirección General de Trabajo. En este sentido, y según la Fiscalía, "consiguió que el director general de Trabajo, a quien conocía, beneficiara a su empresa con una ayuda por importe de 100.000 euros sin sujetarse a procedimiento administrativo alguno y sin que fuera fiscalizado por la intervención de la Junta de Andalucía".
De este modo, en su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal señala que en el impreso presentado para solicitar la ayuda carecía de sello de entrada en registro "ni se acompaña de listado nominal de los trabajadores de la empresa". En la solicitud se indicaba, tras describir la situación en crisis de la empresa, que el dinero se emplearía en "el pago de nóminas y seguros sociales así como ampliar la plantilla de trabajadores al poder cumplir con sus obligaciones sociales",.
Tras el acuerdo, el fiscal ha modificado su escrito de conclusiones, imputando al acusado de un delito de prevaricación y otro de malversación. Por su parte, el letrado del PP ha retirado la acusación de falsedad documental.
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