Los técnicos cuestionan la regulación andaluza de la libre elección de los centros

La Secretaría General Técnica de Educación cuestiona el primer planteamiento normativo que modificará el procedimiento de escolarización para facilitar la libre elección de centro a las familias. El departamento técnico de la Consejería de Javier Imbroda avisa en un informe de que la modificación del número de unidades autorizadas en los centros docentes públicos que adecue "la oferta a la demanda de las familias" puede llegar a ser "contraria" al principio de "seguridad jurídica" por el que se rigen las Administraciones públicas.

La Consejería de Educación ha iniciado el trámite que desarrolla una de las noventa medidas del acuerdo de Gobierno suscrito por el PP y Ciudadanos. Se trata de la variación del decreto de 2011 que regula la admisión del alumnado en los centros docentes públicos y concertados de Segundo Ciclo de Infantil, Primaria, Educación Especial, Secundaria Obligatoria y Bachillerato, con el objetivo principal de "facilitar a las familias el ejercicio del derecho a la libre elección del centro escolar", concretó el departamento de Imbroda durante su anuncio en el Consejo de Gobierno en mayo.

Observaciones técnicas

En sus comentarios a los borradores del Proyecto de Decreto y del Proyecto de Orden, la Secretaría General Técnica avisa en sendos informes a los que ha tenido acceso este periódico de las controversias que el núcleo de la modificación normativa podría provocar. Habilitar al órgano competente –advierte el texto de los técnicos de la Junta– para que "discrecionalmente" pueda "modificar la oferta en un centro en función de la demanda de las familias mediante el incremento o la disminución de unidades" puede llegar a "ser contraria a los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima", si ese margen de discrecionalidad –añade el informe– es "excesiva".

El consejero de Educación ha manifestado en las últimas semanas que pretende abrir un "gran debate" educativo y la primera controversia la ha encontrado desde los técnicos de la Administración, que ponen en cuestión esta modificación legislativa y su desarrollo reglamentario, capitales para el Gobierno andaluz. La norma estará varios meses en proceso de tramitación y, según aseguró Imbroda, entrará en vigor en el curso 2020-2021.

Dudas de los sindicatos

También han entrado al citado debate los sindicatos, que, al igual que los técnicos de la Junta, alertan sobre varias de las medias incluidas en el borrador de la norma que facilitará la libre elección de los centros por parte de las familias.

Aunque aclaran que el texto está todavía en un estado embrionario y, por tanto, sujeto a modificaciones, desde Ustea Andalucía lamentan que "se da por perdida" la batalla de las ratios en las aulas, así como que las nuevas áreas de influencia que sustituirán a las zonas de escolarización "vaciarán los centros de las zonas desfavorecidas", opina su portavoz, Pepe Ávalos, quien insiste en la necesidad del blindaje de las unidades en los centros públicos no concertados.

En esa misma línea se posiciona Daniel Fernández, secretario general del sindicato de Enseñanza de CGT Andalucía, quien apunta a que los centros públicos están convirtiéndose en "subsidiarios" de los privados concertados. Fernández cree que el "mantra" de la libre elección de los centros causará "ratios excesivas" en las escuelas públicas.