La Junta pide a Montero que acabe con la “chulería” del ministro Óscar Puente

Segundo Consejo de Gobierno consecutivo en el que la acción del Ejecutivo andaluz termina con el anuncio de un recurso ante los tribunales. La semana pasada fue sobre el decreto de reparto de menores inmigrantes. En esta ocasión –la verdad es que se lo puso fácil– fue el anuncio del ministro de Transportes, Óscar Puente, de retirar las ayudas al transporte para los menores de 14 años, porque la consejera de Fomento no especificó que las mismas procedían del Gobierno central. La primera fue por una “invasión de competencias”; la de ayer fue por una deslealtad institucional adornada con calificativos como “chulería” o “infantilismo”. Lo único cierto que se deriva del enésimo enfrentamiento entre las dos administraciones es que los menores de 14 años, o mejor dicho, sus familias, se van a quedar sin ayudas al transporte.

La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ahorró poca contundencia a la hora de referirse a la actuación del vallisoletano, que calificó de “chulería”. No se quedó ahí. Su decisión, parece que definitiva, de retirar las ayudas, es un comportamiento “infantil” fruto de su “soberbia y vanidad”.

España fue incluso más allá. En un contexto en el que parecía complicado implicar a María Jesús Montero y a Cataluña, lo consiguió. A la vicepresidenta la ha reclamado “como andaluza que es” a que corrija “las chulerías de Puente”. Sobre lo segundo, se ha preguntado en voz alta si “el ministro se hubiera atrevido a quitar esas ayudas a Cataluña o al País Vasco”.

Sea como fuere, Puente dejó el terreno abonado a una actuación que según la Junta “no tiene un pase”. “Estamos cansados de los agravios, por lo que hemos activado a los servicios jurídicos a que estudien cualquier iniciativa para defender las ayudas a nuestros jóvenes. El Gobierno andaluz va a defenderlos con toda la fuerza posible y créanme que es mucha”. La portavoz incluso a desafiar al ministro de Transporte a “que lo haga si se atreve. Hay nueve millones de personas en Andalucía que le están esperando” y “toda la fuerza de los servicios jurídicos” del Ejecutivo.

Las estimaciones económicas de esa decisión “todavía se están estudiando por parte de la Consejería de Fomento”, pero de momento se ha dado cuenta de la cantidad de jóvenes a los que afectaría, aproximadamente 1,2 millones en toda la comunidad autónoma, como susceptibles de recibir unas ayudas que el Ministerio comenzó a desactivar para Andalucía y que, de no mediar una resolución judicial, parecen complicado de volver a recuperarse. .

Lo que también quedó claro es que la Junta no va a afrontar las ayudas perdidas con fondos propios. “No estamos en ello, porque sería un atraco más a Andalucía, a los que hay que añadir los 1.500 millones que nos faltan cada año, o a los 200 para Dependencia o los retrasos de las entregas a cuenta. Ya nos asfixian lo suficiente”.

Carolina España también descarta la vía de rectificación mediante una nota o una comparecencia por parte de la consejera de Fomento en la que reconociera que dichas ayudas proceden del Gobierno central. “Ya lo hizo. Dijo que eran ayudas financiadas por la Junta y por el Gobierno central. La consejera tiene derecho a expresarse libremente, pero no nos desviemos del tema. El fondo del asunto está en la actitud infantil del ministro”. Se olvidó referirse a que la otra comunidad que protagonizó un comportamiento similar, la de Madrid, realizó una rueda de prensa en la que “rectificó, reconoció su error y aclaró que la financiación era del 100% del Gobierno de España, lo que permitió reconducir la situación”, según reconoció el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. Éste pidió a la Junta seguir un camino similar, algo que a la luz de lo escuchado ayer en San Telmo, parece más que complicado.

Puente se reafirma

Si algo hay que agradecerle a Óscar Puente es que se conoce lo que piensa de cada tema –de competencia de su Ministerio o no– a tiempo real. A través de su perfil en la red X, el ministro aseguraba poco antes de la celebración del Consejo de Gobierno que “la consejera en Andalucía no sabe nada del régimen regulador de ayudas al transporte”. Para ello incluía el texto del Real Decreto que lo hace en el que se dice literalmente que las actividades de comunicación sobre estas ayudas “deberán incluir de manera expresa que reciben financiación de Ministerio de Transportes. Además “el incumplimiento de los requisitos dará lugar al reintegro íntegro de las cuantías recibidas”.

No fue la única intervención del ministro en la misma red. Ayer apuntaba a que Rocío Díaz seguía “la estela de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso” y advertía que esas palabras “iban a traer cola”. Probablemente no sabía hasta qué punto.

Desde más de un mes

Las relaciones entre las dos administraciones venían envenenadas desde hace más de un mes. Tienen su origen en una promoción de Viviendas de Protección Oficial en la barriada almeriense de Costacabana, en la que se entregaban 64 inmuebles a sendos vecinos. Fue el pasado 5 de marzo. Acudía el presidente de la Junta, Juanma Moreno y comenzaron a eso que se denomina cuadrar agendas para que coincidiera algún representante del Ejecutivo central. El presidente del Gobierno tenía al día siguiente un Consejo Europeo en Bruselas y la Junta se negó a cambiar el día. La representación corrió a cargo del subdelegado del Gobierno en Almería.

Doce días después en la Hacienda el Rosario en Sevilla se produjo la respuesta. Por parte del Gobierno, acudieron Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera, María Jesús Montero y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. De la Junta, Juanma Moreno, las consejeras Rocío Díaz y Rocío Blanco, además del alcalde de Sevilla como la administración que más fondos aportaba a la promoción de 218 viviendas.

El tercer enfrentamiento tropezó con el siempre excesivo Óscar Puente y estalló todo. La dirección general de Estrategias de Movilidad del Ministerio de Transportes, comenzó ayer mismo los trámites para la retirada de ayudas a la Junta de Andalucía. Sólo una rectificación –y aún así hay dudas sobre esto– podría evitar que las recibiera algo bastante improbable salvo una mediación expresa del presidente de la Junta. Eso, o esperar a los tribunales.