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Cinco meses después y no con una nueva orden como se había anunciado, la Consejería de Salud ha eliminado la prestación de servicios de atención primaria por parte de la sanidad privada. La orden de tarifación de convenios y suscritos por el Sistema Andaluz de Salud (SAS) ya no incluye unas tarifas que llegaban a suponer hasta 150 euros por la primera consulta, 90 por las sucesivas y hasta 215 euros si se hacía con recursos de alta resolución. Desde hoy, todos esos servicios se prestan exclusivamente en instalaciones del SAS y por profesionales de la sanidad pública.
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publica hoy la modificación de la orden dictada el 23 de febrero de 2023 por la Consejería de Salud sobre el sistema de presupuestación y tarifación de convenios y conciertos que suscriba el SAS para suprimir definitivamente la posibilidad de concertar consultas de atención primaria en centros privados y que entrará en vigor el próximo 5 de junio. La modificación se ha hecho en base al decreto de simplificación administrativa en vigor desde el pasado 17 de febrero, que derogaba la denominada "unidad de producto concertado" por el que se regulaba la suscripción de conciertos de la Consejería de Salud.
La orden de tarificación incluía un anexo con la tarifación de los convenios y conciertos que suscriba el SAS con entidades privadas, para la prestación de la asistencia sanitaria en centros sanitarios, y en él se recogía un cuadro relativo a consultas médicas de atención primaria que queda ahora suprimida. Además de los precios de cada consulta, la orden incluía que, en caso de no realizarse en las instalaciones de las empresas adjudicatarias, dicha tarifa máxima se vería "reducida al 35%".
Entre los argumentos para eliminar estas tarifas de atención primaria, recoge uno de los argumentos que aducían los sindicatos sanitarios, como era la ausencia de motivos de emergencia para derivar estos servicios de atención primaria. El BOJA, señala que tras la finalización oficial de la pandemia Covid-19 decretada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con fecha de 5 de mayo de 2023", no existía la necesidad de que tales servicios fueran prestados por la sanidad privada.
Por todo ello, Salud establece que "se suprime del cuadro del anexo referido a consultas, el concepto de consulta médica de atención primaria por estar referidos a la concertación de la asistencia sanitaria de atención primaria y no considerarse susceptible de la misma" y subraya que "la asistencia sanitaria de atención primaria se prestará con medios propios del SAS".
La modificación de la orden también suprime su disposición adicional segunda, que establece que "la prestación de los servicios que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía se efectuará en dependencias o instalaciones diferenciadas de las de la propia Administración contratante y, si ello no fuera posible, se harán constar las razones objetivas que lo motivan. Para ello, la Consejería con competencias en materia de salud determinará las tarifas para la realización de procedimientos en instalaciones propias de la Administración". Desde la Consejería justifican la supresión de esta disposición adicional "por considerarse innecesaria y resultar la previsión legal de carácter básico de aplicación directa".
La orden de 23 de febrero del año pasado se había convertido en uno de los caballos de batalla de las protestas sindicales en contra de la gestión de la Consejería de Salud. Después de varios meses en las que ésta se negó en repetidas ocasiones a su supresión con el argumento de que los gobiernos socialistas también la incluían, en vísperas de las elecciones municipales se anunció un acuerdo con los profesionales del SAS en los que se comprometía a su eliminación. Ésta debía estar finalizada, siempre según lo manifestado desde Salud, para finales del año pasado. Asimismo, se aducía la dificultad de elaborar una orden nueva, como uno de los argumentos para justificar el retraso. De hecho, el pasado 23 de abril, en una comparecencia de la consejera de Salud tras la celebración del Consejo de Gobierno, Catalina García se aferró ala "dificultad de la norma" para anunciar que "se publicará en el BOJA en los próximos días tan pronto como esté finalizada".
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