La consejera de Salud cercena el diálogo con los sindicatos sanitarios en Andalucía

La salida de Catalina García de la Consejería de Salud se hizo después de que en un encuentro con los sindicatos para tratar el Plan Verano del Servicio Andaluz de Salud (SAS), la responsable del Ejecutivo presentara a los representantes de los trabajadores un documento en el que se criticaba la financiación autonómica que se negaron a firmar. La llegada de la nueva responsable, Rocío Hernández, fue más que bien recibida. Tardó apenas unos días, a comienzos de agosto en reunirse con ellos. En ese primer encuentro, habló de "permanente voluntad de diálogo" y les invitó a "abordar los asuntos prioritarios de la sanidad andaluza". Al salir del encuentro, la opinión era unánime: "el cambio de actitud es notable". Desde esa primera cita hace ocho meses, se ha repetido en otras dos ocasiones más y en ambas la consejera se ha levantado de la mesa sin completar el orden del día. La situación ha llegado a un punto tal que los sindicatos han reclamado la intervención del consejero de Administración Pública, José Antonio Nieto, para tratar de la falta de interlocución con la consejera.

No ha habido forma. De hecho, Rocío Hernández, ha denunciado la ilegalidad del pacto entre el SAS y los sindicatos alcanzado en mayo de 2023, poco antes de las elecciones municipales y con la amenaza de una huelga en todos los centros de salud, para la mejora de la atención primaria y del modelo de carrera profesional. El propio presidente de la Junta aseguró al día siguiente de la firma que el mismo suponía "un intento de hacer que los servicios públicos sean mejores".

"La capacidad de diálogo es nula", asegura Antonio Macías, de UGT. La segunda de las reuniones que mantuvo con la consejera "acabó de forma brusca y sin ninguna posibilidad de acuerdo y la reciente con Nieto, la abandonó a la hora y media de comenzar. De esta manera es materialmente imposible alcanzar ningún tipo de acuerdo y es que ahora es cuando más los necesitamos". Desde el sindicato se califica como "crítica" la situación del sistema y pide que se tenga en cuenta a la Mesa Sectorial para "a base de diálogo, revertir esta situación. Lo que no tenemos nada claro es que del otro lado tengan la misma intención".

José-Pelayo Galindo, de CCOO, recuerda que, después del primer encuentro, recién nombrada consejera, se mantuvo otro "a petición nuestra. Fue cuando denunció el pacto que habíamos alcanzado y acabó regular. Se levantó de la mesa y no ha vuelto hasta que el consejero de Administración Pública la convocó para hacerlo. Cuando no le gustó lo que le decíamos sobre los problemas que había en el SAS, se volvió a levantar de la mesa y se fue". A su juicio "no está capacitada para negociar nada". Es uno de los pocos que da la razón a la propia consejera cuando afirma que "es gestora, no política". Desde UGT se argumenta que "eso no lo puede decir alguien que es consejera, por supuesto que es política y si no le gusta, que lo deje".

El sindicato de Enfermería SATSE en boca de su secretario general, José Sánchez, considera que la actitud de la consejera "evidencian una situación de creciente tensión y desconfianza acumulada en el sistema sanitario público andaluz". En los posteriores encuentros, el sindicato SATSE ha insistido en "la necesidad de respetar y aplicar los acuerdos firmados", aunque "la falta de avances y el rechazo reiterado al cumplimiento de lo acordado nos obliga a advertir que, de no producirse cambios significativos en el corto plazo, nos veremos abocados a reemprender movilizaciones, incluyendo huelgas en los centros de salud de toda la comunidad". Añaden que "aunque la consejera dice que mantiene una actitud que pretende aparentar apertura al diálogo, se trata de un diálogo de sordos, en el que las palabras no se traducen en hechos ni compromisos reales. Esta situación, sumada al deterioro progresivo del sistema sanitario público andaluz, está generando un clima insostenible".

Tan solo el Sindicato Médico respalda a la consejera en cuanto a la denuncia del pacto suscrito por el resto de formaciones (no por ellos). El presidente del mismo, Rafael Ojeda, ha recordado que "lo único que sí que sostenemos de ese acuerdo es lo relativo a la carrera profesional". Su posición es que "la sanidad andaluza necesita más médicos y hasta ahora lo que ha entrado en el SAS son otros colectivos que también son necesarios, pero que creemos que faltan facultativos". En cualquier caso, sí que comparte algunas de las posturas de las otras formaciones, especialmente en la ausencia total de diálogo con la administración andaluza.

El pacto por la atención primaria sirvió para desactivar una huelga pocos días antes de la celebración de unas elecciones municipales. La actitud de la consejera de no sentirse vinculada a un acuerdo que no firmó ella y que no reconoce puede traer de vuelta la convocatoria de movilizaciones y los sindicatos aseguran que "no cometeremos el error una segunda vez". Todos los consultados por este periódico reconocen que "no entendemos esa actitud". De hecho, en una entrevista a este periódico a finales del pasado mes de diciembre, la consejera de Salud aseguraba lo siguiente: "La relación con los sindicatos es cordial. Reconozco que ellos son los representantes de los profesionales y mi relación con ellos es cordial porque saben que estoy a su servicio, con las organizaciones sindicales, también. A mí me gustaría que abandonásemos la queja y ese mensaje tan negativo".

Esa "cordialidad" no se ha traducido en acciones concretas. Tres reuniones en nueve meses y, salvo la primera que sirvió para presentarse, todas ellas han finalizado de manera abrupta. Hay que recordar que sus dos predecesores, tanto Jesús Aguirre como los últimos meses de Catalina García, operaban casi con una consejería intervenida desde la presidencia de la Junta de Andalucía, algo que con la boca pequeña, algunos se atreven a pronunciar. Las peticiones de dimisión por esa actitud, se hacen constantes y, mientras tanto, los problemas en el SAS, no se soluciona; listas de espera, tardanza en ser recibidos por un especialista, meses esperando una operación, la judicialización de los contratos en el SAS, y sobre todo una plantilla de más de 120.000 personas que no encuentra interlocución alguna.