Las cuentas de la Junta para 2025 traen reducciones en vivienda y subida del recibo del agua

Juanma Moreno junto a la consejera de Hacienda, Carolina España, en los pasillos del Parlamento / María José López/E.P.

Las cuentas de la Junta para el año 2025 incluyen novedades tributarias que van a afectar al bolsillo de los andaluces desde el próximo 1 de enero. Las más importantes son las nuevas bonificaciones en la compra de una vivienda para determinados colectivos y para quienes adquieran una vivienda protegida, la recuperación del Impuesto de Patrimonio para quienes declaren más de 3,7 millones de euros, y la subida del precio del agua para todos los contribuyentes por la recuperación del canon de mejora que se había suspendido durante la pandemia.

Así lo recoge el texto final del Presupuesto de la Junta de Andalucía para 2025 que se ha aprobado en el Parlamento andaluz. Las cuentas, que ascienden a 48.871,6 millones de euros, un 4,4% más que el año anterior, suponen un paso más en las reformas fiscales que está llevando a cabo el Gobierno andaluz, que defiende que su rebaja tributaria genera empleo y prosperidad económica en la comunidad autónoma, además de aumentar el número de contribuyentes. Así lo entiende la consejera de Hacienda, Carolina España, basándose además en los datos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) sobre el Impuesto de la Renta de 2023 que subraya el aumento del número de contribuyentes en Andalucía. Según los datos oficiales, en 2022 se registraron 200.000 nuevos declarantes más del Impuesto de la Renta sobre el ejercicio anterior, que son un 4,9% de crecimiento relativo, y son 778.000 más en comparación con 2018, una subida del 22,1%.

Un dato que Carolina España complementa con el hecho de que las declaraciones que más han aumentado son las de los tramos de renta de más de 33.000 euros.

Con esta filosofía política, el Gobierno andaluz aborda para este 2025 pequeños cambios dirigidos a colectivos específicos. Así, en materia de vivienda se aumenta los beneficios fiscales de los jóvenes, los mayores de 65 años, las personas con discapacidad y las víctimas de violencia machista y víctimas del terrorismo. Esto significa que se amplía del 5% al 6% la deducción autonómica por inversión en vivienda habitual por jóvenes o para quienes compren una vivienda protegida.

Al aumentar el porcentaje de deducción, se busca incentivar la compra y rehabilitación de viviendas. De esta deducción se han beneficiado en 2023 (último dato publicado) 16.213 declaraciones. La Consejería de Hacienda estima que esta nueva medida, que sube un punto la deducción, beneficiará a unos 15.000 andaluces.

Las entidades instrumentales tienen 1.088 trabajadores menos

Los datos oficiales de la Junta de Andalucía recogen que la plantilla de las entidades instrumentales de la administración autonómica han perdido 1.088 trabajadores en los últimos seis años. En datos reales esto supone que, actualmente, trabajan en las empresas públicas, agencias y fundaciones con capital público de la Junta un total de 21.406 personas.

En el año 2019, el primer año del Gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía, la plantilla de los entes instrumentales era de 22.494 personas.

El volumen de la llamada administración paralela de la Junta ha estado rodeado de polémica desde el principio. Desde la oposición, el PP ponía en duda su trabajo y cuando llegó al Gobierno andaluz cambió de opinión, destacando también parte del trabajo que estas entidades realizan además de la dificultad legal y el problema de gestión que supondría despedir a todos sus trabajadores. En virtud del acuerdo de Gobierno con Ciudadanos y del pacto de investidura con Vox para llegar a la Junta en 2018, se realizaron auditorías internas independientes para verificar su operatividad y su gestión. El resultado de esas auditorías, que desvelaban algunas irregularidades pero que no recomendaban en absoluto la eliminación de todos estos entes instrumentales, no se llegó a aplicar en toda su extensión. Sin embargo, desde el Gobierno andaluz van poco a poco adelgazando estas empresas públicas y reajustando el personal que presta su servicio en las mismas.

Alquiler de vivienda

A esto se suma el incremento de los límites a la deducción del 15% por alquiler de vivienda habitual de los jóvenes menores de 35 años, de los mayores de 65 años, las personas con discapacidad o las víctimas de violencia machista y víctimas del terrorismo. Esta deducción se incrementa hasta un máximo de 900 euros cuando hasta ahora era de 600. Para las personas con discapacidad, la desgravación llega hasta los mil euros.

Desde la Consejería de Hacienda plantean un caso concreto de aplicación de este caso: un contribuyente soltero de 70 años con una base imponible de 24.000 euros, que vive de alquiler desde 2018, y paga 550 euros al mes, en 2025 se deducirá en el IRPF 900 euros, que es el límite y en 2018 no se hubiera deducido nada.

El agua

Una de las medidas que más afecta a todos los contribuyentes andaluces es la aprobación del canon del agua que se aplicará a partir del próximo 1 de enero. El Parlamento ha aprobado la subida de un 30% el canon del agua, una tarifa que Moreno suprimió en 2022 (tras las elecciones andaluzas y por la falta de ejecución de las obras hidráulicas) y lo volvió a implantar con el mismo importe en 2023. La subida supondrá, según los datos que maneja el Gobierno andaluz, unos 40 euros anuales por familia ya que es una cuota que se abona en función del gasto y cuya recaudación se destina exclusivamente a la ejecución de obras hidraúlicas.

La otra novedad impositiva es la recuperación del Impuesto de Patrimonio que tendrán que abonar los andaluces que declaran más de 3,7 millones de euros anuales. Este cambio se debe a una discrepancia política entre el Gobierno de la Junta y el Ministerio de Hacienda. Juanma Moreno decidió eliminar esta figura impositiva dentro de su “bajada masiva de impuestos” en lo que el PSOE calificaba como “bajada de impuestos a los ricos”. Entonces, María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, decidió crear un impuesto estatal a las grandes fortunas (ITSGF) cuyo ingreso iba a parar a las arcas del Estado. Y para evitarlo, el PP ha presentado una enmienda a las cuentas públicas, que se ha aprobado, por lo que el dinero se ingresará en la hacienda andaluza.