La dependencia entra en la UCI

En estado reservado. Esté es el pronóstico que administraciones, instituciones y agentes sociales y económicos del sector dan a ley de dependencia. Los recortes presupuestarios del Gobierno central y la apatía de la Junta de Andalucía, que no reacciona ni jurídica ni económicamente a diferencia de otros ámbitos, auguran una evolución crítica. Las ayudas se seguirán otorgando, pero en menor cuantía y calidad. Las prestaciones económicas (recortadas) prevalecerán sobre los servicios. Cinco años después del inicio de la ley, la crisis comienza a demoler lo que fue denominado como el cuarto pilar del Estado de bienestar.

Septiembre supone un punto de inflexión, la grieta que descubre el impacto. Los beneficiarios de las ayudas han descendido a niveles de enero. No existe tasa de reposición, es decir, los que fallecen no son sustituidos por nuevos dependientes, pese a la cuantiosa lista de espera de personas que tienen reconocido el derecho y aún no perciben la ayuda; éstos pertenecen al limbo de la dependencia.

En la comunidad, a 1 de septiembre, 258.198 andaluces tienen reconocido el derecho, de los 381.757 a los que los técnicos ya han valorado y dado un dictamen. De ellos, sólo 194.794 reciben una ayuda. El número es similar que a principios de año (194.877) y 1.200 menos que en junio.

¿Está el sistema en coma? José Luis Rocha, secretario general de Calidad y Modernización de la Consejería de Salud y Bienestar Social, admite una "ralentización" en la tramitación de ayudas por el "shock administrativo" que atribuye a los cambios normativos aprobados por el Gobierno desde diciembre. Reconoce otros factores "internos", provocados por el cambio de competencias tras las elecciones andaluzas, la tardanza en la elección de delegados provinciales o el verano para explicar lo que funcionarios de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia describen como un "atasco": los técnicos aprueban los PIA (Programas Individuales de Atención), pero éstos no pasan de las delegaciones provinciales. Los expedientes se guardan en un cajón. No entran dependientes nuevos desde hace meses. No hay dinero.

Rocha confía en que se normalice la situación, pero advierte: lo que viene no es favorable. El responsable en la Junta no sólo no prevé una recuperación, sino que espera una caída progresiva en el número de dependientes atendidos. "Estos números que vemos ahora irán disminuyendo, sin duda", repasa los últimos datos publicados por el Imserso.

¿Motivos? Como todo en la actualidad, de índole económico. En Andalucía la aplicación de esta ley en los últimos años rebasó de largo los mil millones de euros. La aportación del Gobierno apenas llegó a un tercio. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha recortado en los fondos destinados a las comunidades sobre un 20% y a los usuarios (recorte de un 15% en la paga económica, baja en las cotizaciones a la Seguridad Social, incompatibilidad de tener más de una prestación,...).

La Junta, anuncia Rocha, no tiene intención de paliar esta merma, de sufragar casi en exclusiva la aplicación de la ley. No es cuestión única de Salud; no hay hasta el momento apuesta política de la Junta, pese a que la dependencia fue uno de los estandartes en campaña de los actuales dirigentes, la raya roja de las políticas sociales. Así que la consigna es mantenerse, sobrevivir, ya con eso sería un "milagro".

"No podemos, estamos atados de pies y manos, tenemos un objetivo de déficit que cumplir", subraya Rocha. Ahora toca la supervivencia a la espera de una reanimación sin fecha.

Las políticas de dependencia las gestiona la Consejería de Salud tras la desaparición de Igualdad y Bienestar Social. El objetivo de los nuevos gestores es implantar el modelo del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Hablan de revisión y planificación, de "evaluación de la calidad", benchmarking (comparación y clasificación de los servicios) o "eliminación de la variabilidad", conceptos populares en la gestión sanitaria y que pasarían por aumentar la "eficiencia" para reducir los costes.

Habrá decisiones polémicas, sobre todo, por lo que respecta a los gestores de las residencias y centros concertados. "El coste-plaza con las aportaciones actuales es inviable. Van a tener que hacer ajustes muy notables", avanza Rocha.

Se mantiene la filosofía de la Junta de no "institucionalizar" a los dependientes ingresándolos en centros. "Hay pocos dependientes en residencias e intentaremos que sean menos", subraya Rocha.

¿Alternativa? Preferentemente, la prestación económica, la paga (entre 500 y 300 euros al mes). Sin los complejos de los anteriores gestores, que pese a la mirada de soslayo la convirtieron en la ayuda favorita (110.841 de los 194.794 beneficiarios, el 56,9%), Rocha desafía a debatir por qué no es una opción adecuada, e incluso sugiere que presiones de las residencias provocaron que la paga se recogiese en la ley como una ayuda "excepcional".

El espíritu de la norma fue que los familiares (el 95%, mujeres) no fuesen dependientes del dependiente y, si no había posibilidad de darle un servicio (ayuda a domicilio, residencias, centros de día,..), tuviesen una paga cotizando a la Seguridad Social. Las administraciones se abonaron a esta fórmula cómoda y barata, aunque la fórmula tampoco desembocó en la agilidad de un sistema que se ha caracterizado por amplias demoras desde la solicitud de la ayuda.

La paga por lo tanto tomará carta de naturaleza en un nuevo modelo, de supervivencia, para un paciente maltrecho, con problemas de inanición presupuestaria y en riesgo de colapso.