Los docentes andaluces tendrán apoyo jurídico y psicológico ante el alumno conflictivo

Lo que puede encontrar un docente en un aula de secundaria rebasa a menudo lo imaginable. Salvando los casos de extrema gravedad, como el crimen ocurrido la pasada semana en un instituto del municipio sevillano de Gerena, las escenas de las que es testigo no pocas veces el profesorado alcanzan el grado de lo surrealista, de lo absurdo, de lo inverosímil. Solamente hay que escuchar a los profesionales. Los hay que evocan, en el más exótico de los casos, el del adolescente colgado de unos tubos en el techo. O el de ese alumno regurgitando un resto de comida a una distancia olímpica, por hacer la gracia, por dar salida al cóctel de hormona explosiva. Son ejemplos que el lenguaje administrativo define como problemas de convivencia cuando, en el mejor de los casos, los alumnos graciosos se niegan a desistir de sus gracias. En el peor de los casos aparecen los insultos, las amenazas o las agresiones. La Junta de Andalucía pretende resolver estas situaciones otorgándole al docente la figura de autoridad pública. Y va a hacerlo proporcionando una asistencia psicológica y jurídica.

La Consejería de Educación ha dado inicio a la tramitación del reglamento que desarrolla la ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado de 2021. La norma, que está todavía en la fase de información pública, tiene como objetivo “reconocer y reforzar la autoridad pública del personal docente”. Como estaba previsto, el texto reconoce la presunción de veracidad del profesor. Eso de inicio. Aparte, los profesores dispondrán también de un servicio “gratuito” de “protección jurídica y psicológica”. Esta asistencia correrá a cargo de empleados públicos de la Administración y no sólo la podrán disfrutar los equipos docentes sino también el cuerpo de inspectores y el personal laboral de los centros educativos. Los sindicatos consultados por este periódico celebran los avances incluidos en el reglamento aunque critican que no llegue más lejos, ya que el borrador de la norma no aborda realmente las cuestiones que están en la raíz de los problemas de convivencia entre los alumnos díscolos y las plantillas de profesores.

Los sindicatos creen que la norma no aborda la raíz del problema

Resumidamente, el procedimiento que debe seguir un docente que sufra una agresión verbal o física, una vez que esté vigente el reglamento, consiste en la remisión inmediata del caso al equipo directivo, que aplicará la sanción correspondiente al alumno según establezca la norma. A continuación se procederá a la correspondiente solicitud de la unidad de apoyo psicológico habilitada por la Delegación Territorial de la Consejería de Educación o, dado el caso, a la unidad de asistencia jurídica, que dará curso a los pertinentes trámites legales. La respuesta, según el borrador de la norma, deberá producirse en el plazo máximo de un mes. La responsable de los docentes públicos del sindicato CCOO en Andalucía, Lola Escabias, aplaude que el reglamento haya tenido en cuenta una reducción burocrática de los procedimientos que haga disminuir el plazo de la respuesta, pero echa en falta que la norma, el decreto aún en trámite, no haya dotado de unas cifras concretas de profesionales de la psicología o del derecho en las delegaciones territoriales. Esta circunstancia deja en el aire la respuesta efectiva que prevé el reglamento.

La responsable de CCOO, así como su homóloga en UGT, Sandra Fernández, hubieran preferido la adopción de otras medidas para la resolución de los problemas de convivencia en las aulas. Ambas representantes abundan en la pertinencia, por ejemplo, de que se hubiera llevado a cabo una disminución “drástica” de las ratios de alumnos, de modo que los docentes pudieran ocuparse más óptimamente de los alumnos disruptivos al tiempo que atienden a aquellos con necesidades educativas particulares. También mencionan la necesidad de haberse adoptado una menor carga lectiva para los profesores, menos funciones burocráticas y el reclutamiento de profesionales especializados en materia psicosocial y clínica. UGT, que en general se expresa “satisfecho” con el decreto, cree que sería necesaria la plasmación de una dotación económica en el borrador presentado en la Mesa Sectorial, órgano de negociación entre la administración educativa y las organizaciones sindicales.

Sin la tipificación de las faltas

El sindicato ANPE, en cuyo nombre habla su secretaria general en Andalucía, Susana Cueto, aplaude la próxima aprobación de la regulación de la autoridad docente, destacando del texto la presunción de veracidad de los docentes en el ejercicio de sus funciones y la facilitación de la asistencia psicológica, verdadera novedad de la norma. Cueto critica en cualquier caso la falta de concreción del decreto en esa materia, pues podría haber incluido su “adecuada” dotación. También echa de menos ANPE la tipificación de las faltas por las que los alumnos menoscaban la autoridad del profesorado en el día a día.