La concertada gana peso en el nuevo plan andaluz de escolarización

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer el nuevo decreto de escolarización que afectará a la familias que incorporen a sus niños al sistema educativo o que cambien de centro en el próximo curso escolar (2020-2021) y cuya tramitación, como es habitual, dará inicio el 1 de marzo.

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, subrayó que la nueva norma "avanza en el derecho de las familias a elegir libremente el derecho a su proyecto educativo" que, en la práctica, se traduce en que los todos los padres con residencia en localidades donde existan centros educativos con concierto (el 18% del territorio andaluz) podrán optar a una plaza concertada para sus vástagos.

Ésa es la principal novedad del nuevo decreto, que viene a determinar en los nuevos mapas de influencia la adición de un centro concertado en todas y cada unas de las zonas de escolarización, siempre y cuando, en efecto, haya centros educativos con concierto público en la localidad.

El consejero de Educación ha destacado en los últimos días que la nueva norma se limita a acometer "ajustes", nada de "grandes revoluciones", puesto que, bajo los criterios de la norma hasta ahora en vigor, sólo el 7% de las familias se quedaban sin plazas en los centros incluidos en su listado de preferencia.

Nuevos criterios de admisión

Aparte de la inclusión de centros concertados en cada zona de escolarización, las principales novedades del nuevo decreto se centran en los criterios de admisión tenidos en cuenta cuando los colegios o los institutos disponen de menos plazas que las solicitudes recibidas.

Con carácter general, los nuevos criterios de admisión desarrollan los tramos de baremación de las rentas anuales de las familias –y que incluirá el concepto del patrimonio, al igual que ocurre en la concesión de las becas–, así como el relacionado con la característica particular de la familia numerosa y el grado específico de discapacidad de los niños o de los tutores. También se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en bachillerato, que sumarán hasta cinco puntos en los baremos para los sobresalientes.

Criterios como la existencia en el centro educativo de un padre, sea docente o no; como que el alumno sea un deportista de alto nivel, que la familia sea víctima de terrorismo o que los niños solicitantes estén en régimen de acogimiento familiar adquieren en este nuevo decreto un carácter prioritario para la obtención de las plazas en los centros.

Como detalle de lo anterior, cabe mencionar que las familias que soliciten una plaza en un centro que cuente con un hermano ya matriculado sumará 20 puntos, en lugar de los 16 que recoge la norma en vigor hasta este curso. Destaca igualmente el incremento del valor de cara a la baremación para aquellas familias con menor poder adquisitivo –desarrollado en la tabla adjunta–. Para tal cálculo se tiene en cuenta el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que es el indicador habitual empleado en España como referente para la concesión de ayudas públicas o el subsidio de desempleo, por ejemplo.

Según lo manifestado ayer por Imbroda instantes después de reunirse el Consejo de Gobierno, la nueva norma ha sido fruto del consenso con la comunidad educativa y ha recogido propuestas del Consejo Escolar de Andalucía, así como las registradas en las mesas sectoriales, aunque los consejos escolares provinciales afinarán los ajustes en reuniones que se llevarán a cabo los días 24 y 25 de febrero, una semana antes del comienzo del proceso de escolarización.

Menos trámites y "desburocratización"

Resaltó el consejero de Educación dos novedades más contenidas en el decreto. Por un lado, la norma trata de potenciar la administración electrónica, de modo que las familias tengan que presentar menos documentos y, dentro de ellos, que no sean trámites presenciales. Así –añadió Imbroda– se facilitará el proceso de escolarización mediante la "desburocratización".

En segundo lugar, con el objetivo de aumentar la transparencia del procedimiento, las listas de espera se mantendrán públicas hasta el inicio efectivo de las clases en la etapa educativa correspondiente, hasta el mes de septiembre. Con esta iniciativa, aseguró la Junta en una nota explicativa, "nadie podrá acceder a una plaza por el procedimiento de escolarización extraordinario antes que quienes en el procedimiento ordinario estuvieran en lista de espera en función del baremo".

En el decreto figura una novedad para el curso 2021-2022. Para entonces, los institutos de centros concertado estarán adscritos a institutos públicos, con el objetivo de evitar que los alumnos de la concertada abandonen su centro en tercero o en cuarto de la etapa de secundaria obligatoria (ESO) para matricularse posteriormente en el bachillerato de un centro público. De este modo, explicó el consejero de Educación, se asegura la "certidumbre" de los padres a la hora de completar el seguimiento del itinerario educativo.

La demografía y la supresión de unidades

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, durante la cual fue presentado el nuevo decreto de escolarización, el titular de Educación fue cuestionado acerca de la deriva demográfica y la consecuencia que acarrea en la reducción de unidades escolares. Imbroda, que citó la "flexibilización" del sistema educativo –"más niños, más escolarización; menos niños, menos escolarización", declaró Imbroda en una entrevista concedida a este periódico–, respondió a la pregunta sobre las posibles supresiones futuras que tal circunstancia favorecerá a la educación demandada por las familias: "Ellos serán los que elijan qué opción quieren".

La desaparición de unidades se ha convertido en una batalla política. Mientras que las formaciones de izquierda han procurado beneficiar el mantenimiento de las unidades de los centros públicos, el Gobierno de PP y Ciudadanos opta en este decreto por favorecer a los centros con mayor demanda, que, según los cálculos de diversos colectivos, favorecerá a la educación concertada.