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HA sido un examen en público. Lo nunca visto. Hacia las seis de la tarde se vivió el momento de mayor tensión de la reunión. El ministro estaba dispuesto a no dejar pasar el plan de ajuste andaluz. Y suspender a Andalucía junto a Asturias. La consejera preguntó por qué y Cristóbal Montoro se mostró escéptico respecto a la posibilidad de que la Junta ingrese 350 millones por la venta y posterior alquiler de 76 inmuebles. Una operación que estaba casi cerrada en diciembre y se paralizó tras las primeras invectivas del ministro contra la solvencia andaluza. Este asunto se saldó enseguida por las explicaciones de Carmen Martínez Aguayo.
Y se entró en el escollo principal. Los 506,4 millones de euros que la comunidad autónoma ha contabilizado como ingreso de fondos europeos, que cofinancien obras realizadas con el presupuesto plurianual de la UE 2007-2013. Las obras ya ejecutadas suman 1.440 millones, pero es muy lento y complejo el procedimiento de verificación, control y envío de la documentación al Gobierno, para su posterior entrega a la Comisión Europea en Bruselas. El ministro dudaba de que la Junta pudiese ingresar 500 millones más de fondos europeos; en realidad a sus servicios les salían 800 millones menos. Y Montoro se plantó.
Se produjo una situación muy desagradable e inapropiada: todos los consejeros de Hacienda estaban presenciando cómo el ministro examinaba y suspendía a Andalucía. Entonces entró en juego el seny catalán. Tomó la palabra el conseller de Hacienda de Cataluña, que reclamó responsabilidad y flexibilidad a Montoro. Andreu Mas-Colell le pidió que abriera una nueva vía de diálogo en una severa intervención en la que recordó "la que está cayendo" sobre el prestigio de España, y el riesgo de declarar inaceptable el presupuesto de la mayor comunidad autónoma por una discrepancia de esa cuantía. Mencionó que en el pasado se habían dado por buenos planes que ni siquiera habían sido presentados, como alguno de Valencia. Mas-Colell insistió en que había que evitar la mala imagen de España.
Montoro cambió de actitud. Tras 20 minutos de tensión se hizo lo que se debía haber hecho desde el principio: una bilateral entre la delegación andaluza, encabezada por la consejera y técnicos del Ministerio con el secretario general de Coordinación Autonómica, Enrique Ossorio, al frente. Aguayo insistió en que se podían ingresar los 500 millones de esos fondos, pero ofreció varios ajustes por importe de casi 300 millones. La partida más importante fueron los 200 millones de margen entre los 2.700 que se habían declarado no disponibles y los 2.500 del ajuste presupuestario. Y cerraron la discrepancia.
Esa no ha sido la única diferencia entre Madrid y Sevilla. El miércoles, el Ministerio envió a la Junta un paquete de peticiones. Por ejemplo, eliminar todo el preámbulo que encontraba el Gobierno poco técnico y demasiado político. También reclamó "partida a partida" el detalle pormenorizado de cómo repercutían en las cuentas andaluzas todos los recortes de los Presupuestos del Estado, que aparecían englobados con un montante total de 619 millones. Los técnicos de la Junta trabajaron hasta las 4:00 de la madrugada del miércoles al jueves y a las 9:30 estaba la documentación en Madrid.
El otro gran capítulo de la reunión fue la petición generalizada de crear un hispanobono, Andalucía incluida. Cristóbal Montoro no es partidario, pero aumenta la presión de las comunidades autónomas para que se cree un mecanismo común de financiación, por el que pueden endeudarse a tipos más bajos que en solitario. Todas están ahogadas, sin liquidez.
El miércoles, en un foro, el ministro lo rechazó: "Estamos buscando una fórmula, que será de apoyo. Pero no vamos a repartir el riesgo entre todas." Las autonomías tienen autorizado este año emitir deuda nueva por valor de 15.000 millones para financiar su déficit (Andalucía, 3.200 millones) y 18.000 millones para refinanciar vencimientos antiguos. En total 33.000 millones. El Ministerio maneja varios escenarios, pero el más probable es la creación de un FROB para autonomías. Con ese fondo, el Tesoro avalaría a las comunidades que cumplan la Ley de Estabilidad y el déficit fijado del 1,5% del PIB para este año.
El ministro acabó la reunión menos risueño que de costumbre.
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