¿Qué es el Fondo de Compensación Interterritorial que Pedro Sánchez propone doblar?

Por su escasa cuantía estos ingresos autonómicos no compensarían la salida de Cataluña del sistema, pero sí permiten beneficiar a las comunidades con menos convergencia como Andalucía

Cupo o financiación singular, cómo ambas peticiones perjudican a Andalucía

Estructura de los ingresos de la Junta. Fuente: Junta de Andalucía / Departamento de Infografía

Tanto Pedro Sánchez en el arranque del curso político en el Instituto Cervantes como María Jesús Montero en el Senado han manifestado este miércoles que el Gobierno "duplicará" el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) que reciben las comunidades autónomas, pero esto no debe entenderse como una solución a la posible salida de Cataluña del Sistema de Financiación Autonómica (SFA). Son dos conceptos diferentes. De hecho, el FCI no está pensando para que las comunidades autónomas financien sus servicios, tales como la educación o la sanidad, y su cuantía es escasa: en la actualidad, sólo suman 432,4 millones de euros, de los cuales Andalucía percibe 160 millones de euros. Sólo por las transferencias del SFA, Andalucía recibirá 7.129 millones de euros en 2024.

El grueso de la financiación de una comunidad procede de dos conceptos: el primero es una cuantía de los tributos estatales asignados a cada autonomía, que en la actualidad es el 50% del IRPF, el 50% del IVA, el 58% de los de hidrocaruburos y el 100% de la electricidad, entre otros. No los recaudan las comunidades, sino el Gobierno central, que les entrega estos porcentajes correspondientes a cada territorio de modo anual según la previsión que haga el Ministerio de Hacienda de la evolución de la economía. Toda esta recaudación más los porcentajes resultantes hasta llegar al 100% es lo que gestionaría y cobraría, directamente, la Generalitat de Cataluña si se materializa el acuerdo que ha sido firmado por el PSC y ERC.

El segundo lo forman los fondos del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), que recoge el reparto interno que se hace entre comunidades y, por tanto, el flujo de dinero desde los territorios donde más se recauda hacia donde menos. Después hay conceptos menores de ingresos, como los tributos propios, los fondos europeos o el Fondo de Compensación Interterritorial. Si Cataluña saliese del SFA, que es lo que indica el acuerdo que ha sido avalado por el Gobierno, la Generalitat sólo aportaría una cantidad o cupo de solidaridad, cuya cifra y porcentaje no están especificados. En la actualidad, sólo Madrid, Cataluña y, en menor medida Baleares, son contribuyentes netos del SFA. El resto son percpetoras.

Tanto el porcentaje de la recaudación de los impuestos estatales como el SFA sirven para que las comunidades presten los servicios a sus ciudadanos en condiciones de igualdad, lo que no se viene cumpliendo, porque las diferencias de gastos por habitante vienen siendo altas por culpa del modelo actual. El FCI no es para ello, no trata de financiar servicios, lo que la Constitución le asigna es una función equilibradora de convergencia entre comunidades por medio de inversiones. Si Andalucía doblase la cantidad que percibe, serían 160 millones de euros más, 320 millones en total, una cantidad nada comparable a la de los dos grandes bloques.

Sin embargo, el FCI sí permite discriminar a favor de las comunidades más desfavorecidas, ya que su función es que los territorios converjan. Eso es lo que Pedro Sánchez propone para los Presupuestos Generales del Estado de 2025. De hecho, ni el presidente del Gobierno ni la ministra de Hacienda lo entienden como una compensación por el acuerdo catalán, pero sí de una mejora para las comunidades. No obstante, hay que tener en cuenta que siempre que se ha negociado un nuevo SFA ha comenzado con un aumento de dinero para todas los territorios, nunca ha sido una suma cero.

El Gobierno aún no tiene los apoyos necesarios para aprobar los Presupuestos Generales de 2025. El Consejo de Ministros del próximo martes enviará una nueva senda de défict y deuda al Congreso, distinta de la que le tumbó Junts en el mes de julio. Sin esa aprobación, los Presupuestos no podrán ser tramitados. Y algo parecido ocurre con el acuerdo catalán, de momento es un pacto firmado por el PSC y ERC, avalado por el Gobierno, pero que necesita de una mayoría absoluta en el Congreso para que salga adelante.

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