El gas vuelve a pinchar en Doñana

Gas y Doñana, ¿qué hacen estas dos palabras juntas? Un combustible fósil y uno de los espacio naturales más emblemáticos de Europa, el eterno amenazado que a duras penas resiste un embate tras otro. La empresa Trinity Energy Storage ha solicitado un permiso al Gobierno central para construir un nuevo pozo cerca de la aldea del Rocío e inyectar gas natural a unos 1.000 metros de profundidad, y es posible que lo obtenga. Así se deduce de las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Sara Aaagasen en las que ha querido subrayar que el sondeo se sitúa fuera del área protegida y deviene de un proyecto "preexistente" que utilizará permisos ya concedidos a una explotación actual.

No es de la misma opinión el colectivo Salvemos Doñana, que ha presentado un conjunto de alegaciones al permiso en el que, entre otras cuestiones, pone en duda la nula afección del acuífero que defiende la empresa y que indica la autorización ambiental otorgada en 2010. Los ecologistas también esgrimen otro argumento manejado con instencia por el propio Ministerio de Transición Ecológica cuando denunció los pozos agrícolas del entorno: aunque su situación en superficie se sitúa, en efecto, fuera del perímetro del espacio protegido, el acuífero al que afecta es el mismo.

Pero en este asunto no sólo hay un interés medioambiental, también económico, España necesita depósitos naturales subterráneos para almacenar gas, un combustible fósil que se ha revelado como estratégico a consecuencia de la invasión de Ucrania y el cierre del suministro desde Rusia. Esa fue la palanca que otra empresa, Naturgy, empleó en la primera década de este siglo para intentar construir cuatro zonas de inyección en el entorno de Doñana, proyectos a los que se opuso el último Gobierno socialista de la Junta, el de Susana Díaz, y del que sólo se salvó uno, el llamado Marismas Occidental, situado a cuatro kilómetros al norte de la aldea del Rocío y a unos 300 metros del parque natural.

Es en esta instalación donde Trinity quiere volver a pinchar un nuevo pozo para inyectar gas natural y almacenarlo en una bolsa de arenas a 1.008 metros de profundidad, varias capas geológicas por debajo del acuífero que alimenta a Doñana. ¿Pero por qué Doñana? ¿Y por qué a bajo tierra?

España es un gran operador de gas natural, no lo produce pero lo exporta en su forma líquida en buques metaneros y lo procesa en varias plantas de regasificación situada en los puertos. El de Huelva es uno de ellos. Además esta conectada con Argelia por otros dos tubos, uno de los cuales está cerrado.

El gas natural no es más que una mezcla formada, básicamente, por metano con proporciones menores de etano, propano y butano, tiene un alto poder calorífico cuando se quema y sirve para calentar los hogares, para la industria y para alimentar las centrales de ciclo combinado que producen electricidad. Se trata de un combustible fósil, productor de dióxido de cárbono, pero menos contaminante que el carbón o el gasoil.

Al tratarse de un combustible estratégico, hay una necesidad de almacenarlo en grandes cantidades para sortear los desabastecimientos, como el provocado por Rusia, y los picos de unos precio que están indexados con los del petróleo. Por eso se almacena bajo tierra en depósitos naturales donde ya hubo gas. Es como una esponja, se suele inyectar en verano, cuando los precios son bajos, y se extrae en invierno, cuando el consumo es superior a causa de las bajas temperaturas. España sólo tiene tres depósitos de este tipo.

Uno de ellos, La Gaviota, situado frente a las costas de Vizcaya, tiene una capacidad efectiva de 900 millones de metros cúbicos. No hay depósitos construidos para albergar tales volúmenes. Los tanques que se suelen ver junto a los puertos contienen gas en forma líquida, pero son más caros y mucho más pequeños y, aunque en la red de gasoductos también se almacena materia, son igualmente cantidades mínimas si lo que se pretende es que un país cuente con reservas para cubrir, al menos, un año de consumo.

Los seísmos de Castor

Uno de los grandes depósitos que se han construido en España es el malogrado Castor, situado frente a las costas de Castellón, en Vinarós. Tiene una capacidad de 1.900 millones de metros cúbicos, pero cuando comenzó a ser llenado provocó seísmos de hasta cuatro grados en las provincias de Castellón y Tarragona. Se tuvieron que paralizar todas las operaciones, y el Gobierno ha autorizado esta misma semana su sellado definitivo. Un fiasco que ha enfrentado en los tribunales al Gobierno con las empresas que obtuvieron la concesión.

¿Y Doñana? Las marismas del Guadalquivir tienen en su subsuelo, a unos 1.000 metros de profundidad, unos depósitos de arenas-areniscas del Mioceno donde se puede almacenar gas. De hecho, fueron depósitos naturales. Por encima de ellas, hay una capa de margas azules que los encapsulan e impide que el gas suba hacia arriba, donde están las de arenas basales del Cuaternario que contiene las aguas del acuífero de Doñana.

Es como otra gran esponja, pero para llegar a esos mil metros del Mioceno hay que sondear y construir un pozo que atraviesa el acuífero. Éste se recubre después para evitar el contacto.

Doñana y gas, difícilmente, casan. Naturgy (antes Gas Natural Fenosa) intentó abrir cuatro campos de inyección en la primera década en un caso que derivó en el Parlamento Europeo y que provocó, después de varios titubeos, la oposición de la Junta. El ex presidente del Gobierno Felipe González formaba parte del consejo de administración de Gas Natural, y a él se dirigieron los grupos ecologistas para tratar de impedirlo, aludiendo a la relación que él había mantenido con Doñana. Finalmente, González salió del consejo porque, según él mismo confesó, se aburría, y la Junta tumbó tres de los cuatro proyectos. El que sobrevivió, el de Marismas, es el que está activo y al que se le supuso una afectación menor en el entorno. Por eso se salvó.

Pero Naturgy vendió estos activos a Trinity, una compañía participada de Teset Capital, gestora de fondos independiente. Este medio envió hace varios días un correo electrónico a la firma para conocer su opinión, pero no ha obtenido respuesta. Trinity cuenta con dos pozos de inyección: uno de ellos, denominado Marismas-3, está inactivo desde 2019 y no se ha podido volver a utilizar, por lo que la empresa quiere es abrir un nuevo sondeo, llamado Marismas 3NE, a unos 20 metros del anterior.

Uno de los asuntos que esgrimen los ecologistas es que la escasa capacidad de este almacén, de alrededor de 100 millones de metros cúbicos, no supone ningún avance para el país si se considera los volúmenes de los otros tres que funcionan en la actualidad: la Gaviota, en Vizacaya; el de Serrablo, en Huesca, y Yela, en Guadalajara. Todos superan los 1.000 millones.

El Ministerio de Transición Ecológica, por medio de una voz autorizada, ha defendido que las pérdidas económicas por los problemas del Marismas-3 "ascienden a 37,8 millones de euros en 10 años" y que, de las alternativas planteadas, ésta "no plantea problemas ambientales y cuenta con todos los permisos: está cubierta por la Declaración de Impacto Ambiental de Marismas-3 y dispone de Autorización Ambiental Unificada". Por eso, la ministra Sara Aagasen dijo este lunes en Jaén que se trataba de un proyecto "preexistente".

El depósito ya contiene gas inyectado por un valor de dos millones de euros y otro volumen que tiene un precio estimado de 11 millones de euros, correspondiente a lo que se denomina gas colchón, el que permite la operatividad de la extracción. Por eso, el Ministerio de Transición Ecológica mantiene que la puesta en marcha favorecerá la factura global del consumidor en 2,3 millones de euros anuales sin contar con las indemnizaciones que habría que pagar por dejar el gas que ya está abajo.

Un mismo acuífero

Una de las preguntas que se hacen en Salvemos Doñana, la plataforma de asociaciones que ha presentado las alegaciones contra el sondeo, es por qué ha dejado de funcionar Marismas-3 y si ello tiene relación con el acuífero. Lo que solicita es que se vuelva a realizar un estudio de impacto ambiental, que actualice al de 2010, y para ello aportan varias opiniones de hidrogeólogos que cuestionan la nula afectación del el subsuelo.

El otro argumento es bien conocido, ya se ha empleado en contra de los cultivos ilegales de Doñana y lo hizo suyo, incluso, el Ministerio de Transición Ecológica. La instalación Marismas se encuentra fuera del límite del entorno protegido, pero a sólo 300 metros del parque natural y del arroyo de El Partido, básico para la alimentación de la Rocina, una de las grandes masas de agua superficial del parque. También está a cuatro kilómetros del parque nacional (el llamado entorno Doñana es la suma del natural y el nacional), pero sobre todo el pozo atraviesa un acuífero que no entiende de límites administrativos.

Este acuífero se divide, de modo oficial y con el objetivo de mantenerlo bajo control, en cuatro grandes masas de agua. Dos de éstas, el de la Rocina y Marismas, los situados junto a los pozos de gas, están sobreexplotadas, y ésa es básicamente la causa de que Doñana haya sido excluida de la Lista Verde de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Se extrae más agua de la que entra, y eso es lo que quiere revetir el Marco de Actuaciones para Doñana que el Ministerio de Transición Ecológica aplica desde hace unos años y que, en efecto, puede lograr que el parque vuelva a entrar en esa Lista Verde.

En contra de la opinión de Salvemos Doñana, el Ministerio sostiene que no habrá afectación sobre al acuífero, una opinión que comparte a grandes rasgos las Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Con matices, no obstante. "Aunque ahora mismo cuenta con autorización ambiental vigente, entendemos -se ha explicado desde esta Consejería- que debido al transcurso del tiempo es necesario hacer una serie de recomendaciones o sugerencias para ser tenidas en cuenta por el Ministerio para la Transición Ecológica, y así se le ha transmitido esta semana al Ministerio".

El plazo de las alegaciones se cerró hace unos días, y Salvemos Doñana esperará ahora el pronunciamiento del Gobierno central porque su voluntad es recurrir la autorización si ésta se produjese. En la espera, la imagen de Doñana, que es un concepto más amplio que su propio perímetro legal, vuelve a estar ligado a una explotación energética, y quizás eso sea lo más inquietante para las administraciones que vigilan al espacio y los grupos ecologistas.