Las macrocausas hipotecarán la Audiencia durante más de una década

"Estamos desbordados y con pocas expectativas de que el problema se solucione”. Este es el sentimiento de angustia que albergan los magistrados de las secciones penales de la Audiencia de Sevilla ante la avalancha de más de 170 juicios derivados de las macrocausas que han comenzado a recibir en los últimos años.

La situación de saturación es tal que los magistrados ya no ocultan que muchos autos y sentencias se firman digitalmente a horas intempestivas, fuera de las habituales de trabajo en la Audiencia. Y lo peor es que se ven inmersos en un pozo sin fondo en el que no ven ninguna salida, una situación de zozobra que está provocando que algunos magistrados decidan arrojar la toalla, acogiéndose a jubilaciones anticipadas o marchándose a otros órganos judiciales unipersonales al no poder seguir soportado este esfuerzo continuado que se prolonga ya desde hace mucho tiempo. Incluso hay dos magistrados que están actualmente de baja por el estrés laboral derivado del colapso.

Faltan jueces para hacer frente al aluvión de juicios sin descuidar el resto de asuntos ordinarios, pero el problema no se resuelve sólo con medios personales, puesto que otro de los problemas a los que se enfrenta la Audiencia de Sevilla es que prácticamente sólo dispone de una Sala –la que acogió el primer juicio de los ERE– para celebrar la mayoría de estos juicios, los que cuentan con más de siete acusados o partes personadas. Porque aunque hay otra Sala con capacidad suficiente, no puede disponerse con frecuencia de ella porque en la misma se celebran los juicios con jurado popular.

Esta carencia de Salas adecuadas está complicando todavía más el señalamiento de los juicios de las macrocausas, que suelen durar una media de entre uno y tres meses, lo que se traduce en que ya se ha tenido que fijar alguno de estos juicios para septiembre de 2023 –el juicio por las ayudas de los ERE a la empresa EDM-Séneca–.

Si el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no toman medidas urgentes, los juicios derivados de las macrocausas hipotecarán la Audiencia de Sevilla durante más de una década, lo que determinará que muchos juicios puedan celebrarse incluso veinte años después de que se iniciara la instrucción judicial porque hay que recordar que, por ejemplo, el caso de los ERE, se abrió en 2011, y el de Invercaria en 2012.

El presidente de la Audiencia de Sevilla, el magistrado Damián Álvarez, se muestra convencido de que la solución pasa por incrementar el número de magistrados y crear una nueva Sección de lo Penal (la Novena), además de que las cuatro Secciones Penales actuales (Primera, Tercera, Cuarta y Séptima) “tengan cada una al menos seis magistrados -actualmente tienen cinco- para que éstas puedan desdoblarse”, es decir, que cada sección sea aparentemente doble y puedan señalar y celebrar juicios a la vez.

Damián Álvarez considera “engañosa” la demora que pueden provocar los 170 juicios pendientes, puesto que, según considera, en el momento en el que el Tribunal Supremo resuelva los recursos contra las primeras sentencias de los ERE -la conocida como el “procedimiento específico”- y de la macrocausa de Invercaria, eso “aligerará el resto de los procedimientos y provocará muchas conformidades”, vaticina. Esas dos primeras sentencias del Alto Tribunal serán los “puntos de referencia” para el resto de los juicios. Las macrocausas, a juicio de Damián Álvarez, han llegado “por sorpresa y de golpe”, y hay que buscar “una solución urgente” y mientras se crea una nueva sección Penal habrá que establecer “refuerzos de magistrados a mansalva”.

El presidente de la Audiencia confirma que todas las secciones penales están “saturadas” y en cuanto a la agenda de señalamientos subraya que aunque hay salas de vista suficientes, “no todas reúnen las condiciones para celebrar juicios de más de siete acusados”, a lo que hay que añadir que cada juicio puede tardar en celebrarse hasta tres meses y el tiempo que el magistrado ponente de cada caso necesita para redactar la sentencia.

El fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, recuerda que desde 2018 sólo se han celebrado cuatro juicios de las macrocausas. Entre lo que resta de 2021 hasta 2023 se contemplan otros 9 juicios señalados de causas de Anticorrupción, y están pendientes de señalarse aún otros 9 más. “Pero es que desde mediados de 2020 se han formulado 44 escritos de acusación por los fiscales delegados de Anticorrupcion”, por lo que “al ritmo actual esos 44 juicios se celebrarían en unos 12 años, lo que nos sitúa en un horizonte de 2034-2035 para su respectiva celebración”.

El fiscal jefe señala, asimismo, que en la actualidad hay más de 100 causas de Anticorrupción en fase de instrucción, cuya previsible conclusión se sitúa en un horizonte de 4 o 5 años, por lo que todas aquellas en que puedan sobrevenir acusaciones “alargarán aún más el horizonte del punto y final de sus respectivos enjuiciamientos”.

Luis Fernández destaca asimismo que la previsión de duración media de estos juicios viene a contemplarse entre uno y tres meses, aunque los habrá de duración superior –más de seis meses–, como también algunos de duración inferior –una o dos semanas–. “Es así acuciante la creación de una quinta sección Penal, dejando abierta en función de la evolución de señalamientos la creación de una sexta sección, ya que en asuntos como los de los ERE, que son mayoría (aunque no los únicos, piénsese en Invercaria, cursos de formación, fondos Jeremie, avales etc.) de los casos de Anticorrupción, el reparto se hace no entre 4, sino entre 3 secciones, y en el caso de una de estas tres secciones su conocimiento del llamado procedimiento específico restringe aún más ese reparto, que de facto se reduce a dos secciones y media”.

Por su parte, el magistrado Pedro Izquierdo, presidente de la Sección Primera, explica que actualmente no sólo continúan los mismos 21 magistrados en la Audiencia, “todos ellos próximos a edades no muy lejanas a la jubilación voluntaria y en las que se van poniendo de manifiesto incidencias de salud asociadas al transcurso de los años, que en algunas ocasiones se han visto agravadas por la situación de estrés laboral, sino que han sido todavía menos los que están en condiciones de asumir el incremento de reparto, al coincidir con un número significativo de exenciones permanentes estructurales por circunstancias personales, por bajas temporales prolongadas por enfermedad y la coincidencia, también con exenciones, con la celebración de macrocausas”.

Por ello, destaca Izquierdo, “no es casualidad que el destino en las Secciones Penales de la Audiencia se vea cada vez más como especialmente gravoso, provocando jubilaciones anticipadas o la solicitud de traslado a otros órganos jurisdiccionales”.

Como solución más inmediata, el magistrado apuesta por la “constitución de una Sala completa a disposición del Presidente de la Audiencia con tres Magistrados de refuerzo que pudieran hacerse cargo de la tramitación y resolución de los asuntos ordinarios de aquellos magistrados/as a quienes les correspondiera celebrar y resolver una macrocausa, sin que ello implique una sobrecarga de la actual Oficina al asignarle también un Funcionario de Auxilio y un Gestor o Tramitador”, afirma Izquierdo, que recuerda que además las cuatro secciones de lo Penal tienen que dar respuesta además a la actividad que generan un total 87 Juzgados de Sevilla y la provincia.

También sería necesario el nombramiento de magistrados de refuerzo para cubrir los excedentes de reparto por exenciones permanentes o bajas por enfermedad desde el primer momento, y de forma excepcional, previa solicitud justificada del Presidente de cada Sección, para equilibrar la pendencia existente entre Negociados de la misma que ha podido irse incrementando por diferentes causas.

“Sería asimismo conveniente por las actuales circunstancias excepcionales que concurren, entre otras medidas, el impulso a la implantación de Servicios Comunes en el marco de la nueva Oficina Judicial, así como la creación de un Gabinete Técnico de apoyo con la inclusión también en el mismo de profesionales expertos en contabilidad, auditoria e informática”, asevera el presidente de la Sección Primera de la Audiencia. Este gabinete tendría como cometido documentar y auxiliar a la misma recopilando información que luego “podría ser de interés en otros procedimientos que conozcan otras Salas, tal como en su momento se llevó a efecto por la Administración prestacional con las Salas de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia”.

La plantilla de Magistrados/as de las Secciones Penales de la Audiencia Provincial de Sevilla requieren de “medidas urgentes de refuerzo ante el riesgo de colapso de una instancia esencial tanto para la ágil instrucción de las causas pendientes, al resolver los recursos contra las resoluciones de los Jueces de Instrucción, como para la resolución de los recursos contra las sentencias dictadas por los órganos inferiores, así como para celebrar y dictar sentencia en los asuntos penales de mayor trascendencia por la gravedad de las penas que pueden imponerse...”.

El presidente de la Sección Primera también aboga por revisar los actuales criterios de “preferencia de señalamientos”, ahora por estricto orden temporal salvo causas del procedimiento del Tribunal del Jurado y causas con preso, con la finalidad de “facilitar la celebración de los procedimientos de especial complejidad”.

Por último, el magistrado Pedro Izquierdo reclama que se agilice al máximo la “tramitación de los recursos contra las sentencias que se van dictado para que los órganos superiores, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Tribunal Supremo, pudieran pronunciarse sobre cuestiones que de forma reiterada se plantean en las distintas causas al tratarse en muchas ocasiones de piezas separadas relacionadas con las mismas entidades”.

Por su parte, el magistrado Ángel Márquez, que preside la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, coincide en que la situación es “muy agobiante” por la cantidad de asuntos que reciben y señala que se ha visto agravada por la suspensión de juicios debido a la pandemia del coronavirus, así como por las bajas de varios compañeros y la exenciones parciales de reparto de otros, lo que conlleva que el número de asuntos “sea mayor para los demás magistrados”.

El juez explica que a lo largo de su dilatada trayectoria profesional “no ha conocido que nadie de la Audiencia se haya cambiado a un juzgado unipersonal, como está ocurriendo ahora”, asevera Ángel Márquez, que añade que actualmente su sección está señalando los juicios ya para enero del año 2023, a razón de tres días a la semana, y tiene pendiente de fijar la celebración de diez asuntos de complejidad, algunos de los cuales tiene 100 y 75 testigos, respectivamente, lo que muestra que se trata de procesos que necesitan de muchas sesiones de juicio.

En un semestre se han recibido los mismos asuntos que en 2010

En su opinión, la solución pasa por el nombramiento de más magistrados para que cada sección pueda “doblar la cantidad de juicios” y también se necesitan “salas amplias”. Márquez aporta unas cifras de un estudio que están realizando los letrados de la Administración de Justicia que muestra el incremento de la carga de trabajo de la Audiencia. Así, señala que en el año 2010 se repartieron en la Audiencia un total de 5.679 asuntos, una cifra que prácticamente es similar a la que se ha alcanzado sólo en el primer semestre de 2021, en el que se han recibido 4.453 asuntos, lo que significa que a final de año podrían duplicarse.

En cuanto a los asuntos de especial complejidad, en el año 2016 la Audiencia recibió 51 casos frente a los 204 que han entrado sólo en el primer semestre de este año.

Las cifras de celebración de las macrocausas no son nada halagüeñas. Desde el año 2017 hasta ahora sólo se han celebrado cuatro juicios (dos de los ERE y dos de Invercaria), de los cuales sólo se han dictado tres sentencias, la de la pieza política de los ERE y las de las ayudas de Invercaria a Aceitunas Tatis y a la diseñadora Juana Martín, que fue absuelta junto a los ex directivos de la sociedad pública de capital riesgo.

El presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia, el magistrado Carlos Lledó, comenta a este periódico que hablar de macrocausas en la Audiencia Provincial de Sevilla es, simplemente, “la crónica de una muerte anunciada. Quienes trabajamos en las Secciones Penales venimos advirtiéndolo hace varios años, pero parece que no se nos acaba de creer. Por decirlo de forma clara y contundente: es imposible que las cuatro Secciones con competencia Penal afronten la respuesta a esas llamadas macrocausas en un plazo medianamente razonable. Ello entrañará una merma de los derechos de los acusados, pero también de los acusadores y de la propia sociedad, que demandan una respuesta judicial en un tiempo al menos tolerable. Y supone también una insoportable carga para quienes tienen que dar esa respuesta, desde los funcionarios de la Administración de Justicia hasta los letrados de dicha Administración, sin olvidar por supuesto a los propios magistrados, que cargan ya sobre sus espaldas un esfuerzo que difícilmente podrán prolongar más allá".

Por todo ello, Lledó explica que no es casual que haya comenzado “una suerte de diáspora en el orden penal de la Audiencia”, donde funcionarios de los tres cuerpos generales hace ya tiempo que buscan otras ubicaciones laborales “menos estresantes o sobrecargadas”. Otro tanto está ocurriendo con los Letrados de la Administración de Justicia. Y ya en fechas más recientes se han sumado los Magistrados, que “amén de bajas por problemas graves de salud, buscan en jubilaciones anticipadas o traslados el poder recuperar la conciliación familiar indebidamente sacrificada o, simplemente, la tranquilidad y serenidad que una brutal sobrecarga de trabajo nos ha arrebatado, de forma especialmente dramática cuando ya nos acercamos al final de nuestra vida laboral activa. Todo esto, obviamente, incrementará el problema hasta límites difíciles de imaginar (o, desafortunadamente, demasiado fáciles de intuir)”, asevera el magistrado.

Lledó recuerda que las macrocausas son procesos de una singular complejidad y, sobre todo, que demandan “una atención horaria elevadísima” y se trata de procesos tramitados “conforme a nuestra vetusta ley procesal, en las que prevalece el criterio del mero acopio cronológico frente a cualquier otro lógico y que acaban conformando decenas, y a veces cientos, de tomos mamotréticos e ingobernables, de manera que quien se enfrenta a ellos por primera vez, requerirá meses para tan sólo realizar una primera lectura de aproximación a la materia”.

Otro de los problemas de estos procesos radica en que, como precisa Lledó, la celebración del juicio oral supone la dedicación exclusiva de tres magistrados durante “muchos meses, profesionales que lógicamente no podrán atender durante ese tiempo a las causas ordinarias de su Sección, de manera que o bien se provee su sustitución o bien esos otros procedimientos pasarán a engrosar las listas de espera, incrementando la gran bola del atasco hasta que resulte insoluble”.

Y en determinados casos esto adquirirá dimensiones dramáticas pues, por ejemplo, en la Sección Cuarta tienen la competencia exclusiva en materia de violencia de género para toda la provincia de Sevilla y también en vigilancia penitenciaria (permisos y otras muchas cuestiones relacionadas con el cumplimiento de las penas) respecto de tres centros penitenciarios. “Obviamente, quienes sufren la tremenda lacra de la violencia por razón de su género o quienes están privados de libertad no pueden ver postergada su protección o la garantía de sus derechos, por muy relevantes que sean en el ámbito social y político las referidas macrocausas”, advierte Lledó.

La espera por los recursos pendientes de resolver por el Tribunal Supremo

Respecto a las posibles soluciones, Lledó señala que “sería deseable que se empiecen a producir lo antes posible respuestas de nuestro Tribunal Supremo en aquellas causas que han sido enjuiciadas y penden de recurso de casación, pues la profunda imbricación entre muchas de esas macrocausas nos permitiría contar con criterios previos y estables para su enjuiciamiento, simplificando notablemente el debate”.

El magistrado coincide con los otros presidentes de Secciones en la necesidad de incrementar el número de magistrados “en una Audiencia cuyo orden penal rebasaba hace ya tiempo, antes de las macrocausas, los módulos de entrada y de respuesta aprobados por el propio CGPJ”. “La creación de nuevas plazas (que habría de ser inmediata, pues ya llega tarde) permitiría, incluso, desdoblar las Secciones, de manera que mientras tres de sus miembros estén celebrando uno de esos procedimientos, los restantes se pudieran dedicar al despacho ordinario de asuntos, paliando así en lo posible el perjuicio para el resto de ciudadanos”, explica.

También considera imprescindible contar de forma urgente con un mínimo de tres magistrados de refuerzo en las Secciones Penales, ya se acuda a la vía de las Comisiones de Servicio, los Jueces de Adscripción Territorial (JAT) o Magistrados Suplentes. Así, cada vez que tres Magistrados de una Sección inicien el juicio oral de una de estas macrocausas, los tres nombrados pasarían de inmediato a encargarse del resto de asuntos de éstos, de manera que “la Sección seguiría funcionando como si no hubiere juicio alguno y no se haría recaer la redistribución del trabajo en los restantes magistrados de la Audiencia (que es lo que actualmente ocurre, pues el trabajo correspondiente a los que inician uno de esos juicios se reparte a los restantes)”.

El presidente de la Sección Cuarta recuerda que ésta fue la propuesta que en su día elevó el Plenillo de Magistrados penales de la Audiencia y que, de facto y con algunos matices, se siguió en el primero de esos macrojuicios –el que coloquialmente es conocido como pieza política de los ERE-, con pleno respaldo del TSJA. “Por circunstancias que desconozco, actualmente no se cuenta con esas comisiones de servicio, pues tan sólo se encuentra en trámite una única plaza y es de temer que la situación de cierta interinidad en el CGPJ y, por extensión, en la Presidencia del TSJA (pronto también en la Presidencia de la Audiencia Provincial), no permita albergar muchas esperanzas de otras actuaciones más decididas y valientes como las que son necesarias”, avisa.

Carlos Lledó concluye que una situación tan extraordinaria como la que supone la acumulación de macroprocesos en las secciones penales de la Audiencia de Sevilla “exigiría también respuestas extraordinarias e imaginativas de quienes ostentan responsabilidades en ello, pues el esfuerzo de los magistrados y demás personal al servicio de la Administración de Justicia resultará manifiestamente estéril e insuficiente para afrontar, de forma medianamente digna y en plazo razonable, tales juicios, que no en vano ya se están señalando para finales del año 2023, y los previstos hasta ahora no son sino la punta del iceberg de lo que seguirá llegando en las próximas fechas. No adoptar de forma inmediata medidas decididas será simplemente condenar al colapso al orden penal de esta Audiencia Provincial, situación de la que harán falta muchos años para poder salir”.