La Junta se la juega este año con la sanidad en Andalucía

Este año será el último antes de las elecciones en Andalucía. Con el PSOE en pleno proceso de revisión de su liderazgo y con las encuestas más que favorables, parecería que el PP tendría el camino libre para revalidar sin mayores contratiempos su mayoría absoluta. La sanidad, o mejor dicho, el mal estado de la misma, puede cruzarse en su camino. Ya pasó hace seis años. La otrora joya de la corona, deslució su brillo y le costó la Junta a los socialistas después de casi cuatro décadas. ¿Puede volver a pasar? Este periódico ha consultado a los representantes de los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud en Andalucía sobre los retos a resolver en los próximos doce meses. Hay una palabra que todos pronuncian: gestión. Curiosamente se hace después de la toma de posesión de una consejera que defiende su papel de gestora, más que de política. De cómo desarrolle esa capacidad, dependerá el éxito de su departamento y, tal vez, pueda determinar el destino de la propia Junta.

Una de las voces más críticas con la gestión de los responsables de la Consejería es Antonio Macías, representante de UGT. Considera que “lamentablemente la sanidad que nos espera el año que viene no puede tener peores augurios y es que la falta de gestores y el mantenimiento de las mismas políticas sanitarias que nos han llevado a esta lamentable situación, no hacen prever ninguna mejoría, sino todo lo contrario”. Macías detalla que los principales escollos para una mejora más que sustancial, descansan en “listas de espera interminables, tanto en atención hospitalaria como Primaria, imposibilidad de cumplir con la continuidad asistencial medico-paciente, dificultades para acceder a los centros y sus profesionales, nefasto ambiente en los centros gracias a una mala gestión de la política de personal y un distanciamiento cada vez mayor de unos estándares de calidad medianamente aceptables, hacen cada vez más débil a nuestro sistema sanitario y lo ponen en un auténtico disparadero”.

Sirva como ejemplo de todo ello “la cada vez mayor subida de agresiones que sufren el personal del SAS y es que la ciudadanía expresa su frustración con violencia a quienes no solo no son los culpables sino que son víctimas de la administración y de sus pacientes”. Su solución tan simple de enunciar como compleja de llevar a la práctica: “una apuesta contundente por lo público”.

El otro sindicato mayoritario, CCOO, en boca de José Pelayo Galindo, coincide con el anterior y señala que “el auténtico agujero en la sanidad andaluza es la gestión; no se ha gestionado bien y eso va más allá de las denuncias recientes sobre los contratos. Es un tema de fondo”. Como ejemplo señala la decisión de abandonar la subasta de medicamentos que supone “dejar de ahorrar al año cerca de 200 millones de euros que se podrían dedicar al incremento de las plantillas”.

Ese es, a su juicio, otro de los escollos a los que se enfrenta la sanidad andaluza en los próximos meses: “la necesidad de incrementar la financiación, porque Andalucía es la que destina menos dinero por habitante de toda España, sólo por detrás de Madrid”. A eso se añade “una apuesta por la externalización de los servicios”, un síntoma de que “tenemos los trabajadores sanitarios peor pagados de todo el país, lo que hace que nuestros médicos y enfermeras se vayan a otras comunidades”.

Se trata de la mezcla perfecta para conseguir que “las listas de espera se disparen y ya no es como consecuencia de la pandemia, es algo mucho más profundo, más serio y que no se ha querido, o no se ha sabido atajar”. En este mismo sentido, destaca también la “saturación de las agendas de los médicos; hay algunos que tienen más de dos mil tarjetas sanitarias que atender, sobre todo en zonas rurales. Así es imposible ofrecer una atención de calidad. Los médicos y las enfermeras salen de una guardia y entran en otra y, sencillamente la carga de trabajo hace que su situación sea completamente insoportable”.

También comparte el diagnóstico de que estamos ante un año de “conflictos” porque “sinceramente considero que las cosas no van a mejorar. Hay un acuerdo firmado con los sindicatos representados en la Mesa Sectorial que, sencillamente no se cumple. Porque esa es otra; la consejera se reunió con nosotros pocos días después de ser nombrada. Desde entonces le estamos pidiendo un nuevo encuentro y todavía no ha encontrado una fecha para poder llevarlo a cabo. Desde ahora nos dirigimos al presidente de la Junta, porque con ella es imposible”.

Enfermeros

Desde el sindicato de Enfermería SATSE, José Sánchez Gámez, considera que “el primer punto a abordar debería ser aumentar la inversión en la sanidad pública”, al menos hasta “el 10% del Producto Interior Bruto Andaluz”.A su entender se trata de una medida básica que arrastraría a las demás, ya que “el gasto sanitario por habitante en Andalucía está muy por debajo de la media nacional, siendo la cuarta por la cola, así que no se puede decir que se defiende una sanidad pública con esta infrafinanciación. Además, la comunidad autónoma sigue siendo la última de España en cuanto a las ratios de plantilla de enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas”.

El siguiente paso lo determina la “mejora de la Atención Primaria algo fundamental y que debería ser una prioridad dado que es la puerta de entrada al sistema sanitario público”. En este sentido reclama que “además de exigir el cumplimiento de los pactos firmados, abogamos por medidas de refuerzo y consolidación de la red de Atención Primaria en general, realizando una reforma profunda que contemple nuevas competencias para enfermería, cirugía menor, atención domiciliaria y seguimiento a crónicos, hospitalización a domicilio y el triaje de enfermería en la atención no urgente no demorable, entre otras medidas”.

Médicos

Rafael Ojeda, del Sindicato Médico (SMA), cree que “dos hechos muy relevantes en materia sanitaria del año que dejamos atrás han sido la profundización de la crisis de la medicina de Atención Primaria y el incremento de las listas de espera. Ambos demuestran que nuestra sanidad pública tiene un grave problema de falta de médicos y de recursos, que no se ha sabido afrontar desde la Consejería. Los médicos andaluces seguimos teniendo unas retribuciones por debajo de la media nacional. Desde el SMA seguimos esperando el inicio de un diálogo con el SAS para abordar los problemas de nuestro colectivo, pero este no llega”.

En cuanto a las soluciones a esta situación, los médicos andaluces apuntan a que el SAS “debe afrontar numerosos problemas que están detrás de la crisis de la sanidad pública. Es necesario recuperar el liderazgo del médico en los equipos asistenciales, mejorar sus retribuciones, modificar el actual modelo de productividad y de incentivos para mejorar la accesibilidad de los ciudadanos a la atención médica, implantar el nuevo modelo de carrera profesional que fue aprobado en la Mesa Sectorial, instaurar medidas que retengan a los residentes que terminan la especialidad y abordar los problemas específicos de las urgencias y emergencias y de colectivos como los veterinarios y farmacéuticos, los médicos del trabajo, los médicos de los CTTC u odontólogos”.

Para el SMA “el SAS ha renunciado a negociar con los médicos medidas efectivas que los incentiven y los atraigan al sistema público. De nada servirá formar más médicos si estos no están dispuestos a trabajar en la sanidad pública. Y esto no se va a conseguir si no mejoran las condiciones que el SAS les ofrece”. A su juicio “ninguna de estas medidas afronta la causa fundamental de la demora en las citas, que es la escasez de médicos en Atención Primaria, más grave en Andalucía que en el resto de España a causa de las peores condiciones laborales y retributivas que aquí existen”.

Lo que queda por hacer

Las expectativas de hace seis años desembocan en este. La realidad tozuda navega entre la escasez de recursos y de personal tanto en hospitales como en centros de salud, así como con una gestión que no se ha sabido encauzar desde que comenzara la andadura del cambio de gobierno en la comunidad autónoma. Curiosamente donde no faltan es en los centros privados que , tratando de encontrar una salida a las demoras asistenciales pro parte de cada vez más usuarios de la sanidad pública, viven también retrasos hasta hace poco desconocidos. El sistema sanitario público de Andalucía precisa reformas estructurales que lo devuelvan a una realidad no tan lejana. De nada vale esconderse tras la influencia de una pandemia que se ha dejado atrás con creces.

Rocío Hernández es la tercera ocupante de la Consejería de Salud en los últimos seis años. Ningún otro departamento ha tenido tantos inquilinos. De Jesús Aguirre, pasando por Catalina García. Lo que trasluce esta excesiva movilidad es que desde la Administración no se sabe cómo atajar el problema. En los dos primeros casos, fue el propio presidente de la Junta el que tuvo que tutelar el trabajo político de una Consejería que no sabía cómo transmitir lo que hacía, ni acertaba a tomar unas decisiones que dieran resultado. En el último debate sobre el Estado de la Comunidad, Moreno también se puso en primera línea. Desde el partido que sostiene la Junta creen que la situación sanitaria no les restará votos. No lo hizo en las municipales. Hasta que empiece a hacerlo.

Tres medidas y 283 millones

Se llama Plan de Garantía Sanitaria y todo indica que es el último intento de la Junta de Andalucía por reconducir una situación que ellos mismos reconocen que se les ha escapado a su control. Se puso en marcha el pasado mes de febrero y está dotado con 283 millones de euros. Su objetivo número uno es combatir el aumento de las listas de espera.

Parece que comienza a dar resultados, al menos según las cifras de la Consejería que apunta a una reducción de un 44% en la espera para poder someterse a una operación. De las que soportan los andaluces para ser atendidos por un especialista nada dicen y todas las fuentes consultadas por este periódico apuntan a que, nuevamente, han vuelto a elevarse. Hay que recordar que se trata de un paso previo antes de someterse a esas intervenciones. Junto con las de Atención Primaria, son los verdaderos cuellos de botella de todo el sistema público. Será en las primeras semanas del año cuando, bien desde el Ministerio de Sanidad, o desde la propia Consejería que se comprometió a hacerlo en febrero, en coincidencia con el primer aniversario del Plan, cuando se conozca la verdadera profundidad del agujero sanitario.

Junto a este plan, el debate sobre el Estado de la Comunidad, sirvió para poner encima de la mesa tres medidas. La primera la continuidad asistencial, por la que el personal sanitario extiende su jornada laboral en horario vespertino. Ya se aplica en algunos centros y tampoco ha servido para descongestionar las esperas. La segunda, dejar de reservar un 50% de las citas para urgencias y dejarla sólo en un 7%. Con la tercera llegó la polémica. Salud se compromete a atender a todos los usuarios en menos de 72 horas, aunque sea por teléfono y por un médico que no es el suyo. Dicho de otro modo: un paciente sevillano podrá ser llamado por un doctor que se encuentre en Albox, en Almería. La intención de la Consejería es abrir el abanico de posibilidades de resolver citas que no precisan atención presencial, aunque su alcance es aún una incógnita.

Un oferta de empleo que no amplía plantilla

La consejera de Salud de la Junta de Andalucía Rocío Hernández, aprovechó la última reunión del Consejo de Gobierno para presentar lo que denominó “la mayor oferta de empleo público del SAS en su historia”. Son 13.486 plazas que así, sin un mínimo análisis de dónde irán destinadas las mismas, suena prometedor. No obstante, tienen su trampa. La inmensa mayoría de ellas irán a reponer la sangría de personal que ha vivido el SAS a lo largo de los últimos años. De hecho, únicamente se ampliará la plantilla del mismo, según cifras de la propia Consejería, en 2.382 personas. Los sindicatos han rechazado de plano y de manera unánime dicha convocatoria.

Consideran que la consolidación de los puestos de trabajo es un derecho de sus ocupantes, “pedido y siempre rechazado, especialmente en aquellos contratados durante la pandemia que han enlazado contratos de meses o de semanas”. A su juicio, “no servirá para solucionar ninguno de los problemas que se arrastran en el sistema sanitario público de Andalucía; es más, lo van a agravar”.