La Junta no declarará zonas tensionadas de viviendas y ni pondrá límite al alquiler
El Gobierno andaluz confirma que aplicará la Ley estatal de Vivienda
La Consejería de Fomento ha certificado 10.258 pisos protegidos en Andalucía desde 2019
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El Gobierno andaluz ha tomado una decisión sobre la política de vivienda. Cumplirá con la Ley estatal, “no somos insumisos en ningún caso”, pero no aplicará los artículos que consideran intervencionistas y que, además, no recogen una obligación sino que son una mera recomendación en el texto normativo. Esto significa que el Gobierno andaluz no declarará zonas tensionadas de viviendas ni tampoco pondrá límites al precio del alquiler.
Así lo ha confirmado la portavoz del Gobierno, Carolina España, quien defiende que se trata de medidas que no han resuelto los problemas de acceso a la vivienda en los lugares donde se han aplicado. Es más, el Ejecutivo considera que han causado el efecto contrario subiendo los precios del alquiler.
La Junta se remite así a la literalidad de los artículos de la norma; concretamente al artículo 18.1 donde se detalla que “las administraciones competentes en materia de vivienda podrán declarar (...) zonas de mercado residencial tensionado”. En este mismo sentido, la norma estatal establece que en estas zonas se podrá poner un límite al precio del alquiler y demandarlo a los grandes tenedores de viviendas. Una facultad que la administración andaluza no ejercerá.
Desde el Gobierno andaluz reconocen el problema de la vivienda en Andalucía. Este martes, la Federación Andaluza de Promotores Inmobiliarios (Fadeco Promotores) pedía a las administraciones públicas “declarar la situación de emergencia para asimilar la construcción de vivienda al procedimiento que se usa para otras situaciones de emergencia”, caso del ámbito sanitario o en la lucha contra la sequía. Los promotores piden más agilidad para “los nuevos proyectos de viviendas asequibles, empezando por la generación de suelo urbanizado”, en sus alegaciones a la Ley de Vivienda de Andalucía que se está tramitando.
La propuesta del Gobierno andaluz pasa precisamente por esta nueva ley que, según defiende la consejera de Fomento Rocío Diaz, tiene como objetivo construir viviendas de calidad a precio asequible. El anteproyecto de ley establece áreas prioritarias de vivienda en zonas de difícil acceso y un plan de choque de cinco años con el objetivo de construir 20.000 viviendas VPO.
Estas viviendas protegidas se pondrán construir en suelos destinados a usos terciarios, a usos turísticos y a espacios dotacionales privados, sin necesidad de modificar el planteamiento urbanístico. En estos suelos se permitirá, además, un incremento del 20% de las viviendas previstas. Además, en los suelos residenciales que se edifiquen viviendas protegidas se podrá aumentar un 10% la edificabilidad.
El PSOE denuncia el “boicot” a la Ley Estatal y “un problema de gestión”
La portavoz del Fomento del PSOE, Isabel Ambrosio, ha denunciado el “boicot” a la Ley estatal de Vivienda que está haciendo la Junta de Andalucía, que tiene un “problema de gestión y no de financiación”. “A pesar de contar con más recursos que nunca, el Gobierno andaluz sigue dejando en el cajón propuestas de políticas públicas de vivienda y sigue sin gastar el dinero”, indicó Ambrosio en rueda de prensa, apuntando que, en los últimos dos años, 2022 y 2023, “ha dejado de gastar 520 millones de euros en vivienda”. Ha agregado que en el presente ejercicio, a 31 de agosto, “de los 657 millones de euros que Andalucía tiene para gastar en materia de vivienda, sólo se ha gastado 160, ni siquiera el 25% cuando sólo quedan cuatro meses para que se acabe el año”. Estos datos, según ha destacado, confirman que el Gobierno de Juanma Moreno “no tiene un problema de financiación, no tiene una falta de recursos para invertir en las políticas públicas de vivienda, sino que lo que tiene es un problema grave de gestión y compromiso con estas políticas”.
A su juicio, para intentar “ocultar esta realidad, han tirado de manual y vuelven a mentir para hacer coincidir aquello que quieren con una realidad que no existe”.
Viviendas públicas
La consejera de Fomento, Rocío Díaz, afirma que entre 2019 y 2023 se han certificado 10.258 viviendas protegidas en Andalucía, a través del denominado Plan Vive En Andalucía. Uno de los ejes de la política de vivienda del Gobierno andaluz es la promoción de viviendas a precio asequible, con convocatorias de ayudas a promotores públicos y privados que han permitido construir cerca de de 5.700 viviendas a precio asequible, la mayoría en alquiler. Para ello, han contado con fondos propios, fondos del Plan Estatal de Vivienda y fondos europeos.
La Consejería de Fomento defiende que ha retomado la construcción de vivienda pública, que en la última década había sido inexistente. Desde la Agencia Pública de Vivienda de Andalucía, AVRA, se han impulsado la construcción de 374 viviendas, como la recién finalizada de Matadero Sur en Cádiz (60 viviendas) o el sistema pionero de permuta de suelos por vivienda, por el que la Junta adjudica el suelo a un promotor privado que le entrega a cambio un porcentaje de las viviendas que construye. Esta es la fórmula de las promociones que se han ejecutado en Huelva y Córdoba.
Asimismo, la Agencia Pública ha vendido suelos para la construcción de 1.500 viviendas, libres y protegidas y tiene en marcha el desarrollo de suelos residenciales en los que pretende construir 17.500 viviendas en zonas como el Sector 04 en Huerta Santa Isabel (Córdoba), Larga de Oliveros (Málaga), Cuartel de Mondragones (Granada), Dehesa de Ronda (Málaga) o Villanueva del Pítamo (Sevilla).
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