La Junta rechaza que haya cocina en cada colegio de Andalucía

La proposición no de ley presentada por Adelante Andalucía en la que, entre otras medidas, pedía que hubiera una cocina en cada centro escolar para terminar así con la elaborada previamente y que es de “mala calidad”, contará con el criterio contrario del Consejo de Gobierno. Como era previsible, el Gobierno andaluz considera que no se ha calculado “ni la gestión, ni la organización de los propios centros, ni las condiciones laborales de los docentes, ni de manera especial en la financiación de dicha medida”.

La Junta considera que tanto la Proposición de Ley como la memoria económica que la acompaña “carecen del rigor técnico, distorsionan la realidad y desprestigian el servicio y el trabajo de los profesionales que lo prestan actualmente en los centros educativos en condiciones de calidad, seguridad y evaluación continua”.

En conjunto, la propuesta supondría una reconfiguración estructural del sistema, con un coste estimado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de 1.347 millones de euros. De ellos, 983 millones supondrían un incremento consolidado anual en el presupuesto: 360 millones sería el coste total de inversión en infraestructuras; 450 millones de euros anuales correspondientes al aumento de personal docente y no docente; y cerca de 530 millones de euros anuales como consecuencia de los costes recurrentes en alimentación y suministros.

El enfoque de la Proposición de Ley parte, según la Junta, de “una visión reduccionista y negativa” que no toma en consideración el esfuerzo sostenido que desde el Gobierno andaluz se ha llevado a cabo para modernizar el servicio de comedor escolar en la comunidad. “A lo largo de los últimos años se ha producido un avance significativo en la calidad del servicio, en la transparencia de los procesos de licitación, en la vigilancia técnica de las concesiones y en la promoción de valores como la salud alimentaria, la sostenibilidad medioambiental y la equidad social”, argumenta.

El Gobierno andaluz concluye que, si bien pueden existir márgenes de mejora en el sistema de comedores escolares como en cualquier política pública compleja, los datos disponibles no justifican la visión “alarmista” que plantea la Proposición de Ley.

Considera así que el modelo andaluz de comedores escolares se encuentra “en fase de consolidación y mejora continua”, combinando distintos modelos de gestión en función de las características del entorno y de las necesidades reales del alumnado y de las familias. “El sistema actual responde a criterios de sostenibilidad, eficiencia, participación y equidad, y su desarrollo futuro debe estar guiado por principios de responsabilidad técnica y viabilidad económica”, finaliza la Junta.