El Ministerio de Hacienda ofrece refinanciar la deuda a 36 ayuntamientos de Andalucía

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha aprobado este lunes un plan para que los ayuntamientos con problemas financieros puedan refinanciar su deuda con el Estado y mejorar así sus condiciones financieras. Esta propuesta se ha ofrece a 85 municipios de toda España por una cuantía superior a los 4.223 millones de euros, y afecta a 36 municipios andaluces según consta en el listado oficial del Ministerio de Hacienda. Son cinco municipios de Almería, diez de Cádiz, cinco de Granada, cuatro de Huelva, siete de Jaén, dos de Málaga y tres de Sevilla.

La propuesta del ministerio tiene carácter voluntario y contempla tanto el aplazamiento de los pagos hasta finales de 2025 como una ampliación de la amortización de los préstamos a 10 ó 20 años. Asimismo, permite sustituir la cancelación de retenciones de la Participación en Tributos del Estado por nuevos préstamos adecuando el plazo de amortización a esos mismos periodos, con la condición de que los ayuntamientos que pretendan acogerse a esta medida presenten y actualicen ante el Ministerio de Hacienda un plan de sostenibilidad financiera

Este programa es el mismo que María Jesús Montero pactó con la formación Jaén Merece Más para que apoyasen una moción de censura contra el alcalde del PP en el Ayuntamiento de Jaén para hacer alcalde a Julio Millán del PSOE, en una operación que beneficia a este municipio con una condonación de 517 millones de euros. El acuerdo llegó rodeado de polémica por las críticas del PP que acusaban a Montero de "comprar" el Ayuntamiento de Jaén con fondos de todos los españoles "y confundir el ministerio con el PSOE". Con este acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, Montero hace una oferta similar a los ayuntamientos que están en condiciones de dificultades financieras.

La nueva medida

Este nuevo acuerdo, por un lado, aprueba la revisión de las condiciones financieras de esas operaciones ya formalizadas en años anteriores y, por otro lado, establece los requisitos que deben reunir los ayuntamientos que pueden solicitar esta medida, con el fin de que su carga financiera sea sostenible a medio plazo.

Se trata de una medida de adscripción voluntaria. A ella se podrán acoger los ayuntamientos que, al menos, hayan presentado con anterioridad al 31 de marzo de 2025, la liquidación del presupuesto de 2024 o de 2023, o la información de la ejecución del presupuesto del cuarto trimestre de 2024 o el presupuesto de 2025, y que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones, con arreglo a la información disponible el 29 de enero de 2025. En primer lugar, ayuntamientos que estén sujetos a un plan de sostenibilidad financiera en vigor, aprobado en aplicación de los acuerdos de la Comisión Delegada de abril y julio de 2023 o de junio de 2024.

Y también ayuntamientos que reunían los requisitos para que les fuera aplicados los anteriores acuerdos, pero que no se acogieron a los mismos, siempre que concurran estas dos condiciones: Que presenten un nivel de deuda viva a 31 de diciembre de 2023 superior al 110% de los ingresos corrientes, considerando el presupuesto de 2024, o, en su defecto, la liquidación del presupuesto de 2023, o, en defecto de ambos, el dato de ejecución del presupuesto en el cuarto trimestre de 2023; y que la cuota estimada de los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales para 2026 sea, como mínimo, el 95% de la cuota correspondiente a 2025.