Montero anuncia un 9,5% más de fondos para las comunidades pero evita concretar las "singularidades" para Cataluña
La vicepresidenta del Gobierno se muestra dispuesta al Consorcio Tributario en Cataluña: "Los estatutos hay que cumplirlos"
Enviará 147.412 millones de euros a las autonomías, una cifra récord de financiación
Pide a Feijóo negociar discretamente un nuevo modelo de reparto de fondos para las autonomías al margen de los gobiernos regionales
Casi cinco horas han estado sentados en la mesa el Gobierno central y las comunidades autónomas de régimen común en la sede del Ministerio de Hacienda. La cita era importante porque se trataba de aclarar el dinero del que van a disponer los gobiernos autonómicos en los próximos años así como la senda de gasto y el objetivo de déficit, todo ello con el debate de la financiación singular para Cataluña. María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, ha anunciado que para 2025, las comunidades autónomas dispondrán de un 9,5% más de fondos que en 2024 lo que se traduce en 12.754 millones de euros más en las entregas a cuenta dentro del modelo de financiación. Así, el Ministerio de Hacienda repartirá 147.412 millones de euros, una cantidad a la que hay que sumar la liquidación pendiente de 2023 y que es de 11.692 millones de euros. Unos datos históricos que se suman a los de años anteriores.
La vicepresidenta ha detallado también que las comunidades autónomas van a poder disponer de más margen de gasto ya que el objetivo de déficit que hay que cumplir siguiendo las órdenes de Bruselas lo va a asumir directamente el Estado, dejando a los ayuntamientos y a los gobiernos regionales a un lado. Así, el objetivo de déficit para estas administraciones será del 0,0% durante los años 2025, 26 y 27. Una concesión que es posible "porque vamos a crecer el doble que la media europea".
Montero ha ofrecido detalladas explicaciones sobre los datos económicos y la senda de gasto pero ha evitado en reiteradas ocasiones pronunciarse sobre la polémica del momento, la financiación singular que demanda Cataluña. A pesar de sus evasivas sí ha dejado algunas cosas claras. El Gobierno va a negociar la quita de la deuda de las comunidades autónomas, "será para todas las comunidades aunque, por supuesto, será voluntario", ha dicho reiterando que se trata de un "debate contaminado" por las comunidades que, como Andalucía, rechazan esta solución. Hay que recordar que esta quita de la deuda está en los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez con ERC y que Cataluña es una de las autonomías más endeudadas.
Ha dejado claro otro asunto: es posible que Cataluña cuente con un Consorcio Tributario para gestionar los impuestos en su territorio porque está en el Estatuto de Autonomía. "Es una ley orgánica y hay que cumplirla, no se puede hacer insumisión de las leyes". Sin embargo, María Jesús Montero ha querido desmarcarse de las negociaciones que hay en torno a Cataluña para la investidura de Salvador Illa. "Quien está negociando en Cataluña es ERC con el PSC y eso empieza en Illa y termina en Illa. El Gobierno de España no participa", ha dicho en varias ocasiones. Aunque ha aclarado, eso sí, que "el Gobierno de España confía totalmente en Salvador Illa y yo tengo plena confianza que el fruto de su acuerdo será razonable para Cataluña y para España".
Sin embargo, la versión de la consejera catalana ha sido radicalmente diferente. La consejera de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, Natàlia Mas, ha señalado que el modelo de financiación singular que busca su Gobierno "deriva de una negociación bilateral con el Estado" y ha defendido que en España deben convivir el modelo foral, un nuevo sistema de régimen común y el "modelo de responsabilidad fiscal" catalán.
Nuevo modelo de finaciación
Durante su intervención ante los medios de comunicación, María Jesús Montero ha reiterado en varias ocasiones que su propuesta para cambiar el modelo de financiación pasa una negociación "discreta" con Feijóo, "las cortes generales son las que tienen que aprobar el nuevo modelo de financiación, no es el Consejo de Política Fiscal y Financiera". Es decir, ha planteado dejar al margen a los gobiernos autonómicos "porque cada uno responde a las tensiones territoriales y a sus intereses legítimos. Si negociamos el PSOE y el PP con discreción nos vamos a poner de acuerdo".
A pesar de ello, Montero ha asegurado que va a seguir negociando con las comunidades autónomas porque las gobernadas por el PP quieren que este debate tenga lugar en este órgano y no entre los partidos políticos. Así, la vicepresidenta ha detallado que seguirá analizando las propuestas sobre la población ajustada que han enviado las autonomías para calcular los nuevos criterios de reparto.
La postura de Andalucía
La consejera andaluza de Hacienda, Carolina España, ha mostrado su decepción con el Gobierno de España que “vuelve a dar una patada hacia adelante y no aborda el problema de financiación de Andalucía”. Según su opinión, la reunión ha sido “de puro trámite” y que “ha dejado otra vez en el limbo cuestiones cruciales para los andaluces como el hecho de que no se aborde la financiación autonómica”. “A Andalucía le cuesta más trabajo prestar a los ciudadanos los servicios que son de su competencia, como la Educación, la Sanidad o la Dependencia”. “Estamos jugando en desventaja”.
Andalucía ha pedido la puesta en marcha de un fondo transitorio de nivelación mientras se modifica el sistema de financiación, si bien no ha obtenido respuesta por parte del Ministerio. “Tampoco nos ha indicado cuál es la postura sobre la financiación singular de Cataluña”, una financiación “que sería un cupo y que no se basa en ningún motivo técnico, sino sólo en favores políticos”, ha explicado. “Una financiación singular para Cataluña supone menos médicos, menos profesores o menos profesionales de Dependencia para Andalucía”, ha indicado tras insistir en que “no vamos a permitir que se creen ciudadanos de primera y de segunda y que se rompa con el principio de igualdad entre ciudadanos que se recoge en la Constitución española”. Además, la consejera ha añadido que “la singularidad fiscal supone avanzar en la ruptura de nexos entre Cataluña y el Estado y avanzar en el proceso independentista”.
El resto de las comunidades gobernadas por el PP, además de Castilla La Mancha, se han mostrado en contra de que el Gobierno no negocie con ellas la reforma del sistema de financiación, de la que desconocen la propuesta del Ejecutivo, y en cambio sí lo esté haciendo con los partidos separatistas. La consellera valenciana de Hacienda, Ruth Merino, ha exigido a Montero, que ponga "encima de la mesa" una propuesta para "poder debatir un nuevo sistema" de financiación autonómica, y cree que ahora mismo está haciendo "dejación de funciones". Luis Alberto Marín, consejero de Hacienda de Murcia, ha lamentado que la vicepresidenta primera no haya ofrecido "la más mínima pista" de cuál va a ser la reforma del sistema de financiación y ha señalado que "lo más relevante" a su juicio es que Montero "ha manifestado expresamente que no comparte la financiación singular" para Cataluña.
El conselleiro de Hacienda y Administración Pública de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos, ha mostrado su "decepción" por el hecho de que la ministra de Hacienda no haya fijado con claridad su postura acerca de una eventual reformulación del sistema de financiación autonómica, mientras que Fernández Carriedo ha dicho que lo que le gustaría al Gobierno de Castilla y León es "participar en condiciones de igualdad todas las comunidades autónomas" y que "se garantice la solidaridad, el coste en la prestación de los servicios públicos".
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