El plan fiscal de vivienda anunciado por Feijóo ya se aplica en Andalucía

La única novedad afecta a la subida hasta los 40 años para que la administración avale la compra de un piso

Las medidas antiokupación están en la Ley de Vivienda que la Junta está tramitando

Obra de  vivienda en alquiler asequible en el Distrito de Universidad en Málaga.
Obra de vivienda en alquiler asequible en el Distrito de Universidad en Málaga. / Javier Albiñana

Las medidas fiscales de incentivo a la compra o alquiler de vivienda que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunció el pasado domingo junto a todos sus presidentes autonómicos, incluido Juanma Moreno, en lo que han denominado ‘Declaración de Asturias’ ya se están aplicando en Andalucía. Lo que quiere decir que o bien Moreno está trasladando a pies juntillas todo el programa electoral del PP o que la actual cúpula popular en Madrid ha recogido con interés las propuestas de vivienda que está haciendo Andalucía, como también otras comunidades como Madrid. Un modelo que contrasta con el plan de vivienda que ayer presentó el Gobierno de Pedro Sánchez y que apuesta por compaginar las reducciones fiscales con el tope del precio del alquiler en determinadas zonas.

Sobre todo en lo que se refiere a la ayuda a los jóvenes para la compra o alquiler de su vivienda habitual, uno de los colectivos más sensibles en este problema que afecta a toda la sociedad.

La medida más llamativa de cuantas han anunciado los barones populares pasa por la reducción hasta el 4% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados para los jóvenes que compren su primera vivienda. Una medida que ya se aplica en Andalucía en mejores condiciones ya que se aplica una tarifa superreducida del 3,5% para comprar la vivienda habitual hasta un valor de 150.000 euros. Una cuantía que es baja para las grandes ciudades tensionadas, como sucede con Málaga y Sevilla, pero que supone un importante incentivo en las zonas rurales, o en los nuevos barrios que se están desarrollando en la periferia de las ciudades.

Además de esta rebaja fiscal, la Junta de Andalucía también ha puesto en marcha otras medidas como la deducción en el IRPF del 5% de las cantidades invertidas en vivienda habitual, o del 15% cantidades invertidas en alquiler de la vivienda habitual para los jóvenes, con un tope de 900 euros que llega hasta 1.000 en el caso de las personas con discapacidad o las víctimas de violencia machista y víctimas del terrorismo.

Otro de los asuntos que los presidentes del PP han anunciado este fin de semana pasa por el aval de la administración a la entrada de la primera vivienda. La Junta ha concertado con entidades financieras un programa, a través del decreto de Garantía Vivienda Joven, por el que la Junta de Andalucía concede garantías que, junto a la hipoteca bancaria, permiten a los jóvenes andaluces de hasta 35 años cubrir el 95% de la compra de su primera vivienda (alcanza el 100% en el caso de vivienda con clasificación energética A o B).

Uno de los pilares del plan de vivienda que ha presentado Feijóo junto a sus barones pasa por la movilización de suelo público para construir pisos protegidos, bien en alquiler, bien en propiedad y para ello tratan de poner en el mercado todas las parcelas públicas que estén disponibles. La Junta de Andalucía contempla esta iniciativa en la Ley de Vivienda que se está tramitando en el Parlamento andaluz y que está previsto aprobar en el primer trimestre del año. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, afirmaba este lunes que en Andalucía tenemos “un problema de suelo porque se necesitan 80.000 viviendas al año y sólo se construyen 8.000”. Su propuesta pasa porque “se construya más vivienda en España para que oferta y demanda empiecen a casarse”.

La Ley estatal contra la okupación impulsada por el PP se aprobó en el Senado, pero está paralizada en el Congreso. En Andalucía, la Ley de Vivienda que se está tramitando incluye diversos preceptos que el Gobierno andaluz entiende que servirán para frenar este fenómeno. Juanma Moreno considera que “hay mucho miedo a alquilar la segunda vivienda”, y por ello en la legislación andaluza se veta el acceso a una vivienda pública a quienes tengan una condena en firme por okupación. Además, prevé impulsar la rehabilitación de viviendas en los cascos históricos, reduciendo así los edificios que están cerrados por falta de recursos de sus propietarios y que pueden ser objeto de okupación.

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