Porfía en el campus

El 13 de septiembre de 2013 el economista alemán nacido en Sevilla Juergen Donges se subía al escenario del teatro de la Maestranza de su ciudad natal para impartir una lección inaugural que llevaba el título de “Zona Euro, quo vadis?”, en la que defendía la construcción europea pero mostraba sus serias dudas sobre los resultados de la unidad monetaria. Donges no era cualquier economista. Había sido un personaje clave en la reunificación alemana como Presidente de la Comisión para la Desregulación de la Economía, y, posteriormente, ocupó uno de los cinco asientos del Consejo Alemán de Expertos Económicos, los cinco gurús de la Alemania de Merkel. Adscrito a la corriente económica del ordoliberalismo de la escuela de Friburgo, Donges era un defensor del liberalismo cristiano y la economía social de mercado. Pero, sobre todo, en el centro de su pensamiento se encontraba la educación como palanca para acometer reformas estructurales y la cualificación como instrumento para alcanzar competitividad. Y por eso estaba allí, porque lo que estaba haciendo era poner en marcha el curso de la primera universidad privada de Andalucía, la Universidad de Loyola.

En ese acto, al que acudió la flor y nata de la clase empresarial y académica andaluza, se echó en falta a tres personas: el consejero de Educación, el socialista Luciano Alonso, y los rectores de las dos universidades públicas sevillanas. El rector de la nueva universidad, Gabriel Pérez Alcalá, no rehuyó en su discurso de presentación las suspicacias que levantaba esta nueva institución: “La sociedad española tiene una imagen distorsionada de la universidad privada porque cree que es elitista, tenga las becas que tenga, o es de bajo nivel académico por el mero hecho de que sus alumnos pagan unas tasas (...) Es una sociedad que se preocupa más por la titularidad de las universidades que por su calidad”. A partir de ahí, puso como espejo el santoral de la educación superior internacional: Harvard - “que nació como una escuela de Teología”-, Yale o Oxford. Se comprometió a crear una Doctoral Research University y a buscar la excelencia, “algo que se consigue con las tres e: evaluación exigencia y esfuerzo”.

La sociedad española tiene una visión distorsionada de la universidad privada"

La Universidad de Loyola no nacía de la nada. Sus raíces jesuitas se remontan a la Escuela Superior de Técnica Empresarial Agrícola, que dio sus primeros pasos en 1963 en el patio de la Real Colegiata de San Hipólito de Córdoba. Fue una iniciativa innovadora, ya que su objetivo era “transformar a los propietarios agrícolas en empresarios”. Pero lo cierto es que Andalucía, por su extensión, se podía considerar una rareza dentro de la educación superior privada de nuestro país. Los jesuitas ya habían creado antes universidades a finales del siglo XIX en Comillas y Deusto, la Asociación Católica de Propagandistas fundó en el Madrid de 1933 el Centro de Estudios Universitarios (CEU) San Pablo, el Opus hizo lo propio en 1952 en Navarra y la misma Iglesia inauguró su primer centro universitario en Salamanca en 1940 para continuar posteriormente con las universidades católicas de Murcia, Valencia y Ávila. Ninguna en Andalucía.

Porque hasta hace no tanto un gran número de andaluces se tenía que ir a estudiar fuera. Y eso lo hacia quien obtuviera becas -muchas menos de las que existen actualmente- o quien económicamente pudiera costeárselo. Los que no tuvieran ni una cosa ni otra se tenían que conformar con títulos medios de las diferentes escuelas universitarias repartidas por el territorio. Las dos universidades históricas eran Sevilla y Granada. Córdoba, apoyada en su prestigiosa escuela de veterinaria, y Málaga no tuvieron universidad hasta 1972; Cádiz, que contaba con una Facultad de Medicina desde 1844, la tuvo en 1979; y Huelva, Jaén y Almería tuvieron que esperar a principios de los años 90. En 1997 se puso en marcha la más joven de las universidades públicas andaluzas, la Pablo de Olavide de Sevilla.

Esto generó una brecha que aún hoy persiste: mientras el 41% de los españoles entre 25 y 64 años cuenta con un título superior, en Andalucía sólo lo tienen un 28%. La situación, afortunadamente, ha cambiado y en la actualidad el 89% de los universitarios andaluces cursa su carrera en la comunidad y un 73% realiza también aquí el máster.

En cuanto a la excelencia de nuestra universidades siempre se relativizan los múltiples ranking que anualmente se publican, pero es el único instrumento de medición a mano. Según uno de los más prestigiosos, el THE (Times Higher Education), ninguna universidad española se encuentra entre las cien primeras. Entre el 150 y el 500 empiezan a aparecer las primeras, entre las que sólo hay una privada, la de Navarra, y ninguna andaluza, y ya entre el 550 y el 600 encontraremos a Granada y Sevilla y entre el 600 y el 800 a Córdoba.

Retener talento

Las universidades andaluzas públicas tienen difícil superar puestos porque se enfrentan a un problema de infrafinanciación, lo que les impide, según lamentan, retener talento. En el último ejercicio estuvieron esperando hasta última hora una partida de 87 millones de euros sin los que les irá imposible siquiera cumplir el capítulo 1, es decir, pagar a los profesores. La Junta se defiende poniendo sus números por delante que, según sus cuentas, es un incremento de un 30% desde que el PP gobierna en Andalucía, lo que en dinero son 360 millones de euros más.

Según el informe de 2024 de la fundación CyD (Conocimiento y Desarrollo), las universidades andaluzas son las únicas que se encuentran en una situación de déficit en la relación entre su necesidad y su capacidad de financiación. Sin embargo, Andalucía, junto al País Vasco, la Rioja y Canarias, está en la parte alta de gastos de personal por cada integrante de la plantilla, es decir, donde mejor se paga. Este mismo informe sitúa a Andalucía en la cola de gasto de la comunidad autónoma por alumno (6.483 euros), sólo por delante de Murcia, Cataluña y Madrid, si bien si se cruza el dato con el PIB el porcentaje de gasto en educación superior está por encima de la media. A su vez, la comunidad es la tercera en la que las familias tienen que dedicar menos dinero a sufragar los estudios del alumno (800 euros), por encima de Galicia y Canarias.

En este escenario, el Gobierno ha vuelto a poner el debate sobre la mesa con su propuesta de tomar el control de la aprobación de nuevas universidades privadas que tienen el on line como su principal reclamo. En concreto, se dijo que el debate no iba de universidades públicas o privadas, sino de universidades buenas o malas y que se regularía para evitar la proliferación de lo que llamaron “chiringuitos universitarios” o, en palabras de Pedro Sánchez, “fábricas de títulos”, algo que realmente existe, como pueden atestiguar algunos políticos que son titulados gracias a ellas. Porque ahora se han sumado nuevos actores que algunos dudan que tengan interés alguno en ofrecer conocimiento, sino que simplemente buscarían hacer negocio: son los fondos de inversión. El silogismo, en cualquier caso, se cae por su peso. Si hay negocio es porque hay demanda, lo que abre otro debate sobre si hay suficientes universidades públicas o si hay las que debe de haber y lo que no debe de haber es tanto titulado, aunque hay grados, como los sanitarios, donde no salen tantos titulados como se necesitan.

Como tantos, esto es más que nada un debate madrileño. En la Comunidad de Madrid hay seis universidades públicas y 27 centros de educación superior privados, la mayoría aprobados en los últimos diez años, si bien sólo trece de ellos tienen la categoría de universidad. En toda Andalucía, por contra, hay quince universidades, diez públicas -contando la UNED- y cinco privadas -aunque tres son delegaciones de universidades con sede central en otras regiones-. Y, sin embargo, aquí también ha prendido el debate.

El mercado

El punto de fricción se produjo en febrero de 2022 cuando el gobierno de la Junta, entonces formado por PP y Ciudadanos, dio luz verde a la Universidad Tecnológica Atlántico Mediterráneo, promovida por la empresa Medac, dedicada a la formación profesional, en la que había participado el que había sido consejero de Educación, el ex entrenador de baloncesto ya fallecido Javier Imbroda. Este proyecto recibió los informes negativos no vinculantes de la Conferencia General de Política Universitaria, dependiente del entonces Ministerio de Universidades; de la Dirección de Evaluación Académica de la Junta de Andalucía (Deva); y del Consejo Andaluz de Universidades (CAU). A pesar de ello, en septiembre de 2023 se autorizó a que en 2025 iniciara en Málaga su primer curso con la mayor parte de su docencia en aulas virtuales.

El verdadero cerebro de Medac es Paco Ávila, un malagueño que dice sentirse surfero antes que empresario y que confiesa que estuvo a punto de caer en el fracaso escolar cuando en su primer COU suspendió todas las asignaturas. Gracias a un profesor, en el segundo intento lo sacó adelante y, a partir de ahí, hizo un periplo por universidades de Canarias y Extremadura recolectando titulaciones. En 2021 Ávila dio el paso de gigante que le permitió acometer su proyecto universitario: un fondo de inversiones neoyorquino, KKR, adquirió Medac por 200 millones.

En su blog, Ávila se defiende de lo que sabe que reprueban este tipo de iniciativas privadas: “Que si es educación de niños ricos, que si regalan los títulos, que si te suben la nota por la cara, etc. Esto no hace más que dividir a nuestra sociedad en dos bandos, ricos y pobres, cuando los principales bandos que existen en nuestro país son los de gente trabajadora que cumple con sus obligaciones frente a gente que no quiere trabajar ni cumplir con sus obligaciones”. Para Ávila, no debería existir debate y es el mercado el que debería decidir: “Debe haber controles de calidad que supervisen si los contenidos son rigurosos y si están ajustados a lo que exige la ley, pero cada institución debería tener libertad para ofrecer la formación que en cada momento considerará más oportuna y que el mercado decidiera si quiere consumir su propuesta educativa o no”.

Cada institución debería tener libertad para ofrecer la formación que en cada momento considerará más oportuna y que el mercado decidiera si quiere consumir su propuesta educativa o no”.

Desde el sector universitario privado tradicional, que representa la Universidad Loyola, no se comparte esta visión mercantilista. Su actual rector, Fabio Gómez Stern, piensa que “la punta demográfica de máxima natalidad no llegará a la universidad hasta 2026 con un promedio que no se perderá hasta 2032. Eso no significa que debamos sacar continuamente universidades, una detrás de otra, todos los días. Esto tiene que ser un proceso muy reflexivo, con muchísimas garantías, como a nosotros nos las exigieron cuando llegamos al sistema universitario andaluz”.

La voz que clama contra la proliferación de universidades privadas es el catedrático de Derecho Civil de la Universidad Pablo de Olavide y presidente de la Asociación de Universidades públicas de Andalucía Francisco Oliva, que es tajante cuando afirma que las privadas en Andalucía no tienen ni la calidad ni el nivel de investigación necesario y, además, no se enmarcan en una estrategia global del sistema universitario andaluz. Oliva está convencido de que Andalucía está cogiendo la senda de la privatización sin que se cumplan los requisitos que exige el decreto que regula el reconocimiento de universidades, que data de 2021 y no el más laxo de 2015, lo que supondría cumplir unos niveles de transferencia de conocimiento mínimos. Esto no supone, afirma, que no puedan coexistir la enseñanza superior pública y privada, pero con “una estrategia y un sistema de calidad”.

Andalucía está cogiendo la senda de la privatización sin que se cumplan los requisitos"

El decreto al que hace referencia Oliva establece que las universidades tienen un plazo de cinco años desde el inicio de sus actividades para cumplir una serie de requisitos necesarios para ser reconocidas como tales. Entre estos requisitos se incluye disponer de una oferta académica mínima de diez títulos oficiales de grado, seis de máster y tres de doctorado, cubriendo al menos tres de las cinco grandes ramas de enseñanza (ciencias sociales y jurídicas, ingeniería y arquitectura, ciencias de la salud, artes y humanidades y ciencias). Además, las universidades deben destinar al menos un 5% de su presupuesto a programas de investigación propios. ¿Se cumple?

El consejero del ramo, José Carlos Gómez Villamandos, que viene de las universidad pública y que, de hecho, ha sido rector de la Universidad de Córdoba, garantiza que “en Andalucía ni se regalan ni se van a regalar títulos. Todas las universidades y todos los títulos que se ponen en marcha pasan por las agencias de calidad con evaluadores independientemente de que sean títulos públicos o privados”. Es por lo que se opone a las pretensiones del Gobierno por considerar que es una intromisión que rozaría la inconstitucionalidad en las competencias autonómicas, entre las que se encuentra la creación de universidades públicas y la aprobación de las privadas.

Este enconado debate se produce en un momento en el que la Junta afirma que no tiene ningún nuevo proyecto de universidad privada sobre la mesa y después de que haya rechazado en los últimos años cinco por no cumplir los mínimos baremos de calidad. El problema, según las universidades públicas, es que toda ley tiene su trampa y una falta de vigilancia “ha permitido que se dispare el número de centros académicos privados que comercializan títulos de igual validez legal a los que ofrecen las universidades”.