El PSOE-A exige una comisión de investigación sobre "todos los contratos de emergencia" del SAS

El Grupo Socialista va a solicitar en el Parlamento andaluz la creación de una comisión de investigación sobre "todos los contratos de emergencia" adjudicados en materia sanitaria por el Gobierno de Juanma Moreno "desde el año 2020 hasta el 2024".

Así lo ha anunciado este martes el portavoz adjunto del PSOE-A y parlamentario por Málaga, Josele Aguilar, en rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla cuando se cumple una semana, según ha recordado, de la decisión de un juzgado de Instrucción de Sevilla de admitir a trámite la denuncia interpuesta por los diputados del Grupo Socialista por "presunta prevaricación y malversación de más de 300 millones de euros" a través de contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en años de la pandemia de Covid-19 que se adjudicaron a la "sanidad privada", sin "control de ningún tipo" y "sin ningún tipo de concurrencia, a dedo", según ha afeado el representante socialista.

Josele Aguilar ha sostenido que, "si todo es legal" como defiende el presidente de la Junta y "no hay ningún problema", está "seguro" de que Juanma Moreno "no tendrá ningún inconveniente en que haya luz y taquígrafos, en que se pueda examinar en esa comisión de investigación en el Parlamento" que el PSOE-A quiere que se cree "todo lo que él dice que es legal, porque la conclusión, entonces, será beneficiosa para él".

 "Si no es así", el presidente "seguirá en el oscurantismo y tratando de ocultar lo que no es ya una mala gestión, sino una decisión política de perjudicar a la sanidad pública de todos los andaluces en beneficio de unos pocos de la sanidad privada", ha advertido Josele Aguilar, que en esa línea ha criticado que Juanma Moreno lleva "una semana sin dar explicaciones" sobre la "utilización irregular y fraudulenta" de dichos contratos de emergencia.

 Al respecto ha recordado que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, reclamó dichas explicaciones al jefe del Ejecutivo andaluz la semana pasada en el Pleno del Parlamento, y el también líder del PP-A "utilizó excusas de mal pagador" y sólo le faltó anunciar, "a lo (Nicolás) Maduro, que Andalucía ya estaba en Navidades para intentar tapar este enorme caso de corrupción en los contratos sanitarios", ha comentado.

 Josele Aguilar ha subrayado que el PSOE-A "hace ya más de un año que viene denunciando esta utilización fraudulenta de los contratos de emergencia, sin cobertura legal, sin que existiera ya razón de urgencia" derivada de la pandemia de Covid-19, así como ha recordado que el Grupo Socialista ya pidió la creación de una comisión de investigación en el Parlamento a la que el PP-A "se negó", lo que impidió su constitución.

El representante del PSOE-A ha considerado que el "nerviosismo" que, en su opinión, "desplegó" Juanma Moreno la semana pasada en el Pleno del Parlamento "demuestra la gravedad del asunto que se está investigando en los tribunales", que se resume en "300 millones de euros sacados de la sanidad pública" para destinarlos "a la sanidad privada sin ningún tipo de control" ni de "cobertura legal, sin transparencia y sin concurrencia", ha insistido en censurar.

Josele Aguilar ha criticado además que este modo de contratación se llevaba a cabo "al tiempo que se estaba despidiendo" desde la Junta a "18.000 sanitarios que habían trabajado durante la pandemia", así como de que "las listas de espera seguían aumentando", y mientras los andaluces, "como hemos visto este verano, tienen que hacer colas a altas horas de la madrugada" ante los centros de salud "para ver si consiguen una cita médica con su médico de cabecera, porque no hay otra forma de poder ser atendidos", ha señalado.

"Informes desfavorables" de la Intervención y la Cámara de Cuentas

De igual modo, Josele Aguilar ha subrayado que dichos contratos que el PSOE-A quiere que se investiguen contaban con "informes desfavorables tanto de la Intervención" de la Junta "como de la Cámara de Cuentas" de Andalucía, y "la propia Consejería de Hacienda, en el año 2021, advirtió de que no se podían seguir celebrando contratos de emergencia, que ya no había cobertura legal" ni "razón de pandemia para seguir haciendo esos contratos de emergencia".

El portavoz socialista ha criticado que, pese a todo ello, el Gobierno de Juanma Moreno "ha seguido utilizando" esos contratos "no solamente en el año 2021, sino también en el 2022, en el 2023 e incluso en este año 2024", según ha advertido Josele Aguilar, que al respecto ha señalado que, el pasado mes de febrero, "se acordó la celebración de siete contratos negociados sin publicidad por un importe de más de 120 millones de euros".

El representante del PSOE-A ha sostenido que "esto demuestra que esto ya no es un problema de mala gestión del Gobierno de Moreno", sino que lo que se da es "una decisión política" por parte de la Junta de "establecer un sistema de contratación al margen de cualquier sistema de publicidad y de concurrencia, de cualquier sistema objetivo" y "legal".

En esa línea, ha criticado que Moreno "ha decidido seguir regalando dinero de la sanidad pública de todos los andaluces a las empresas privadas" que desde la Junta "deciden unilateralmente que deben ser beneficiarias de esas ingentes cantidades de dinero", haciéndolo además "sin control".

El diputado socialista ha recordado además que desde el PSOE-A ya denunciaron públicamente este verano que la Junta acordó "en julio la decisión de eliminar los controles previos por parte de la Intervención" y sustituirlos "por el sistema del control financiero permanente", lo que, en opinión de Josele Aguilar, "significa que el Gobierno de Moreno quería seguir dando adjudicaciones a dedo y sin control de ningún tipo previo por parte de la Intervención".

El portavoz adjunto del PSOE-A ha dicho entonces que "las preguntas son muy claras" en relación a este asunto, y pasan por saber "quiénes son los beneficiarios de este sistema de contratación" y "qué relación tienen estas empresas y beneficiarios con la Junta de Andalucía", así como "quiénes son los intermediarios que presentaron estas empresas a Moreno Bonilla" para que el presidente andaluz "decidiera darles esta ingente cantidad de dinero".

Josele Aguilar ha incidido en señalar que serían "más de 300 millones de euros" los que se habrían adjudicado "en contratos de emergencia de la sanidad de todos los andaluces" para "beneficiar a unos pocos de la sanidad privada", y ha querido dejar claro que desde el PSOE-A no van a "parar hasta que se conozca toda la realidad de estos contratos de emergencia", para aclarar "quiénes fueron los beneficiarios, qué relación tenían con la Junta, qué relación han tenido posteriormente, quién los presentaba a la Junta haciendo de intermediarios", o "qué comisiones se han podido cobrar por este tipo de contratos", ha abundado.

Una cuestión técnica

La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, descartó este lunes que la Junta se vaya a personar en el procedimiento que se abra una vez que el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha admitido a trámite la denuncia presentada por el PSOE-A por "presunta malversación y prevaricación" en la adjudicación de en torno a 300 millones de euros mediante contratos de emergencia sanitaria realizados mediante el procedimiento excepcional aprobado para la pandemia de Covid-19 hasta "dos años después de su derogación legal", y ha defendido que la admisión a trámite de dicha denuncia es una "cuestión técnica de carácter administrativo".

 "Esa es la realidad", ha aseverado Carolina España, que ha agregado en esa línea que desde el Gobierno de la Junta están "tranquilos", porque "los contratos del SAS tienen cien por cien de cobertura jurídica", y "jamás ha habido tanta transparencia por parte de ningún Gobierno en cuanto a los recursos públicos", defendió.

De igual modo, la consejera de Economía y Hacienda ha agregado que "existen informes jurídicos no preceptivos que avalan la legalidad de todo tipo de contratos en el SAS", los cuales, además, "se han ido publicando en tanto en el portal del contratante como en el de transparencia" de la Junta, ha puesto además de relieve.

Tras incidir en que dicha contratación estaba sometida "al control riguroso de la legalidad", la portavoz del Gobierno andaluz ha recordado que dicha contratación de emergencia se enmarcaba en un contexto de "excepcionalidad" derivada de "la alerta sanitaria que había declarado la Organización Mundial de la Salud" (OMS) por la pandemia de Covid-19, en la que "la prioridad era salvar vidas", según ha insistido en señalar para sostener que el uso de ese procedimiento de contratación "no era una opción", sino "una necesidad".

De igual modo, ha apuntado que "esto suena a cortina de humo del Partido Socialista en Andalucía para tapar la corrupción de los 680 millones que se perdieron por el camino corrupto" de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, teniendo en cuenta que ahora, con el Gobierno del PP-A, "hay más controles que nunca", ha remachado.

Además, Carolina España ha defendido que la admisión a trámite de la denuncia del Grupo Parlamentario Socialista "no supone nada", sino que es "un trámite más de un procedimiento formal". "Supone, lógicamente, que se va a iniciar la tramitación, pero solo indica, primero, que la denuncia está bien formulada", y "que la materia sobre la que versa corresponde investigarla a ese juzgado donde se ha presentado", ha añadido.

"No tenemos nada que ocultar"

En esa línea, la consejera ha incidido en que la admisión de la denuncia es "una cuestión técnica de carácter administrativo", y desde el Gobierno andaluz van a seguir actuando "con transparencia" y "con rigor, porque no tenemos absolutamente nada que ocultar".

A la pregunta de si cree entonces que la denuncia socialista acabará archivada, la portavoz de la Junta ha respondido que ella respeta "el sistema judicial", y serán los jueces quienes "tengan que pronunciarse", y en todo caso ha reiterado que en el Gobierno andaluz están "tranquilos", y que hay más "controles que nunca", además de "transparencia y bases jurídicas, bases legales" que amparan al "cien por cien" de los contratos.

Finalmente, a la pregunta de si la Junta se va a personar en este proceso, Carolina España ha respondido que "obviamente no", al tiempo que ha aprovechado para reiterar que, como señaló la semana pasada el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en respuesta al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, el SAS realizó contratos menores por valor total de "791 millones de euros" en el año 2018, bajo la etapa del anterior Ejecutivo socialista de Susana Díaz, así como que "nueve de cada diez contratos" del Ayuntamiento de Sevilla en la época de Juan Espadas como alcalde "eran contratos menores".