La relación entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central: tribunales... y también veinte acuerdos

El enfrentamiento político de las últimas dos semanas entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía, con el anuncio por parte del Ejecutivo andaluz de sendos recursos ante los tribunales es sólo la capa superficial de una relación compleja entre ambas administraciones. Porque en los últimos seis años, los de los gobiernos de Juanma Moreno en la comunidad autónoma, las dos administraciones han llegado a un acuerdo en el 87% de las discrepancias que han planteado. Es cierto también que en las dos últimas reuniones, el Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado iniciar los trámites para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias en el reparto de los menores migrantes decidido por el Ministerio de Política Territorial, así como denunciar ante los tribunales la decisión de Óscar Puente de retirar las ayudas para el transporte gratuito de los menores de 15 años.

¿Un cambio de estrategia en las relaciones bilaterales? Está por ver si anteponen las urgencias políticas a las necesidades reales de los ciudadanos.

La Comisión Bilateral de Cooperación entre el Estado y la Junta de Andalucía ha tratado un total de 23 asuntos en su Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias en los últimos seis años. Y de esos 23 procedimientos, que han afectado a 22 normas autonómicas y a una estatal, se ha alcanzado acuerdo en veinte de ellos. En otros dos casos no se formalizaron esos acuerdos por haber finalizado el plazo para recurrir las normas ante el Tribunal Constitucional, y sólo en un caso ambas administraciones no llegaron a sentarse a la misma mesa; la Junta consideró entonces que no había “fundamentos suficientes en el planteamiento del Estado”.

Discrepancias ideológicas y jurídicas

Las discrepancias entre el Gobierno central y la Junta se han centrado en cuestiones ideológicas; frente a la liberalización máxima que propone Moreno, los controles que ha tratado de mantener el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero los debates han sido jurídicos como corresponde, y ambas administraciones han cedido en las parcelas correspondientes. La norma que más confrontación ha generado ha sido la Ley del Suelo de Andalucía, conocida como Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía, Ley Lista. La Junta de Andalucía modificó toda la normativa urbanística de la comunidad autónoma, eliminando numerosos controles previos por considerarlos reiterativos y farragosos y se comprometió a legalizar una buena parte de las viviendas alegales que se han ido construyendo en zonas rústicas y que suponían un problema grave para los ayuntamientos. El Gobierno central entendió que se trataba de una normativa demasiado laxa y recurrió hasta 42 artículos, una disposición adicional y la disposición final.

Ante un volumen tan elevado, se creó un grupo de trabajo que encontró pronto el camino del acuerdo. La Ley del Suelo entró en vigor el 24 de diciembre de 2021, en enero de 2022 el Gobierno central anunció el recurso por invasión de competencias, en marzo se iniciaron las negociaciones y en agosto se alcanzó el acuerdo tras una sola reunión de carácter técnico y jurídico.

La otra norma con más discrepancias ha sido el macrodecreto de simplificación administrativa con el que el Gobierno andaluz trató de dar un giro en su gestión política. Con este decreto 3/2024, de 6 de febrero, se modificaron 176 normas, 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes autonómicas. El PSOE, con la firma de 50 senadores empezando por Juan Espadas, presentaron un recurso de inconstitucionalidad de toda la norma. El Gobierno central convocó a la Junta a una reunión y pactaron la retirada de un artículo que se refería a Doñana. La Junta pretendía compensar a los agricultores de frutos rojos, independientemente de si tenían derechos de riego o no, y el Gobierno se negó a premiar a quienes entendía que estaban esquilmando el acuífero del Parque Nacional.

Doñana

Precisamente el acuerdo en torno a esta joya natural ha sido el más importante de cuantos han firmado los gobiernos de Pedro Sánchez y Juanma Moreno. Tras décadas de enquistamiento de un asunto en el que todos salían perdiendo, empezando por el Parque Natural, Teresa Ribera y Juanma Moreno firmaron un acuerdo trascendente que está suponiendo la inversión de 1.400 millones de euros en la zona hasta 2027 y un camino para la recuperación del acuífero. Y eso mucho antes de la abundancia de agua que está haciendo más fácil tomar decisiones en un entorno muy frágil.

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, acaba de firmar un acuerdo con el Ministerio del Interior por el que en los próximos cuatro años la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Junta contará con 270 nuevos agentes, casi el doble de los actuales.

Hay muchos temas pendientes de negociación que están sobre la mesa. El derribo del hotel de El Algarrobico, en el Cabo de Gata, es sólo el más llamativo de todos. María Jesús Montero se estrenó como líder del PSOE andaluz asegurando que lo derribaría en cinco meses apostando por la fórmula de la expropiación que rechaza la Junta. Por el momento, las conversaciones están paradas.