La situación de las macrocausas: Quedan 165 potenciales juicios

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, defendió esta semana el refuerzo de magistrados que se ha realizado en las secciones penales de la Audiencia de Sevilla para afrontar la avalancha de juicios derivados de las macrocausas que amenazan con colapsar durante más de una década estas salas de la Audiencia. El refuerzo consiste básicamente en que cada una de las cuatro secciones penales de la Audiencia hispalense –la Primera, Tercera, Cuarta y Séptima– cuenten cada una con seis magistrados, lo que les permitiría en un momento dado “desdoblarse” para formar dos posibles Salas de tres magistrados cada una para poder agilizar la celebración de los juicios. En total, estas secciones tendrían un total de 24 magistrados.

El presidente del TSJA también cuantificó en 80-90 las piezas que están pendientes por finalizar su instrucción en los juzgados de Sevilla, principalmente en los juzgados números 6 y 16, que son los que investigan las principales macrocausas que hay en Sevilla: los ERE, Invercaria, cursos de formación, las irregularidades en la Fundación Andaluza Fondo de Formación (Faffe), o los avales y préstamos concedidos por la agencia Idea, entre otras.

Pero la cifra de piezas ofrecida por el presidente del Alto Tribunal andaluz se queda muy corta, de acuerdo con la información que ha recabado este periódico y que ponen de manifiesto que la radiografía actual de las macrocausas en Sevilla muestra que actualmente hay un total de 165 potenciales juicios que vendrían a complicar aún más la situación de saturación de la Audiencia hispalense, donde en los últimos meses se han venido produciendo jubilaciones anticipadas y abandono de magistrados que se han marchado a otros destinos en órganos unipersonales –como juzgados de Instrucción, de Menores o de lo Contencioso-administrativo– al no poder afrontar el colapso.

Basta con dar una vuelta por los despachos de los magistrados de la Audiencia para comprobar cómo las mesas están repletas de causas y documentos, puesto que otra de las características de las macrocausas radica en que vienen acompañadas en muchos casos de miles de folios repletos de atestados policiales, declaraciones, expedientes administrativos y complejos informes periciales.

Pero la situación no es sólo agobiante en los tribunales que deben celebrar los juicios, porque la sobrecarga de trabajo sigue siendo alarmante en los juzgados de Instrucción.

Así, en el juzgado de Instrucción número 6 se han elevado a la Audiencia desde que comenzó la investigación de las macrocausas en el año 2011 un total de 42 sumarios para su enjuiciamiento (por ahora sólo se han celebrado tres juicios de los ERE, un cuarto que se enjuicia estos días, y uno de la formación).

El juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana mantiene “vivas”, es decir, actualmente en instrucción, otras 77 piezas de las distintas macrocausas que se investigan en este juzgado, y hay otros 20 procedimientos abreviados que están en trámite –investigaciones cuya instrucción está concluida y están a la espera de las calificaciones de las partes para su remisión a la Audiencia–.

De esta forma, sólo el juzgado de Instrucción número 6 acumula un total de 139 macrocausas, a las que hay que sumar los centenares de piezas de responsabilidad civil que acarrean esos procedimientos: una por cada uno de los aproximadamente 500 imputados que se estima que hay en los ERE, más los considerados responsables a título lucrativo o las entidades declaradas responsables civiles subsidiarios.

A todo ello hay que sumar que, aunque en menor medida, todavía quedan algunos flecos que hacen que sigan abriéndose nuevas piezas en algunas de las macrocausas. Esto es lo que puede ocurrir en la macrocausa de los avales de la agencia Idea, a pesar de que en mayo del año pasado el juez Vilaplana acordó, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, acumular en una misma causa las dos investigaciones que en los años 2014 y 2017 abrieron las magistradas Mercedes Alaya y María Núñez Bolaños, y que se denominan como “Avales I” y “Avales II”.

En la primera causa se investigaban los avales “reglados”, que fueron otorgados al amparo de una orden de la Consejería de Innovación de 2008 y de los que se beneficiaron un grupo de 18 empresas. En Avales II había otro grupo de unas 15 empresas que recibieron los llamados “avales propios” o excepcionales, que fueron concedidos por la agencia Idea en el ejercicio de sus competencias propias de fomento de la actividad económica y en los que las empresas beneficiarias en las ayudas concedidas en la macrocausa de los ERE.

Ahora se podrían abrir algunas nuevas piezas relacionadas con determinadas empresas que podrían haber simultaneado las ayudas sociolaborales y las que se concedían al amparo de esos avales reglados de la orden de la Consejería de 2008. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado ya que se abran al menos varias piezas en este sentido.

Por lo que se refiere al juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, continúa la investigación de las últimas piezas de la treintena en las que se dividió la macrocausa por las ayudas y préstamos concedidos por la sociedad andaluza de capital riesgo Invercaria, de las que ya se han celebrado cinco juicios en la Audiencia de Sevilla y hay otros tantos programados para los próximos meses.

En este contexto y aunque el presidente del TSJA haya manifestado que la situación de la Audiencia de cara a salir del colapso es la “menos mala posible”, todo indica que quizás puede haber sido demasiado optimista con unas previsiones que parece que no comparten muchos de los afectados por el enorme atasco al que se enfrentan a diario.