El juez incoa diligencias previas contra Luis Rubiales por la denuncia del 'Club de Los Cinco'

La Asociación de Clubes de la Tercera Categoría Nacional, de la que forma parte la Real Balompédica Linense, ha informado este martes que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número ocho de los de Majadahonda (Madrid) “ha incoado diligencias previas” contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales Béjar, el Secretario General, Andreu Camps, y el directivo de dicho organismo Tomás González Cueto a raíz de la denuncia presentada por los cinco clubes fundadores de dicho colectivo por la intención de la RFEF de arrebatarles el derecho a asociarse e impedir que busquen ingresos.

El pasado ocho de marco Real Balompédica Linense, Linares Deportivo, Dux Internacional de Madrid, Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes SAD y CF Rayo Majadahonda SAD constituyeron la asociación empresarial denominada 'Asociación de clubes de fútbol de la tercera categoría nacional”, contra la que ha maniobrado de manera reiterada el presidente de la Española, Luis Rubiales, quien en su último movimiento incluso trata de modificar el estatuto federativo para impedir que los clubes se asocien de manera independiente.

Esa actitud provocó una denuncia de los cinco clubes afectados, que veían vulnerados sus derechos fundamentales, aparados por la Constitución, y según informa la propia Asociación “en su resolución, el magistrado entiende que los hechos denunciados por los clubes revisten los caracteres de un presunto delito de amenazas, coacciones y prevariación y presentan las características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal y por ello acuerda incoar diligencias previas, entre ellas la toma de declaración de los investigados Luis Rubiales, Andreu Camps Povill y Tomás González Cueto, estos dos últimos, ex miembros del TAD (Tribunal Administrativo del Deporte).

El resto del comunicado de la Asociación dice íntegramente:

Los hechos denunciados por los clubes bajo la dirección del bufete Martínez-Echevarría Abogados se sitúan en la reunión convocada por el ente federativo con los clubes que integran la Primera RFEF, el pasado 10 de marzo, momento en el que los denunciados, “haciendo uso de su cargos, han engañado, amedrentado, amenazado y coaccionado de forma pública y notoria a los denunciantes con la finalidad de que estos renuncien al ejercicio de su derecho constitucional a la asociación (art. 22 de la Constitución Española) y procedan de inmediato a la disolución de la Asociación de Clubes de Fútbol de Tercera Categoría Nacional, asociación legalmente constituida”.

Los investigados, tal y como se recoge en las pruebas aportadas al juzgado -entre ellas la grabación integra de la reunión-, “amenazaron a los denunciantes con la expulsión de la competición en la que militan, con la imposición de sanciones pecuniarias y denegarles el acceso a las ayudas financieras a las que tienen derecho y que gestiona la RFEF”, si, en el plazo perentorio de 48 horas, no procedían a la disolución de la Asociación de Clubes de Tercera Categoría Nacional (Primera RFEF) de la que son socios fundadores. Disolución que, lejos de producirse, está provocando el creciente interés de otros clubes por integrarse en la misma.

En la exposición de los hechos, se manifiesta en la denuncia que la única finalidad de los investigados era evitar que la “Asociación pueda de algún modo alcanzar acuerdos de patrocinio u otro tipo de ayudas financiera en beneficio de sus asociados y al margen de la RFEF y con ello poner en peligro los emolumentos y prebendas que disfrutan los denunciados”. Y esto es así, acentúa la denuncia, “porque el Sr Rubiales percibe de la RFEF, además de su sueldo fijo (160.000 € anuales), una cantidad adicional equivalente al 0,15% de la totalidad de los ingresos liquidados por cualquier concepto, excluidas las subvenciones públicas, por lo que cualquier cantidad canalizada fuera de la RFEF supondría un menor ingreso por el Sr. Rubiales e, indirectamente, por el resto de denunciados”.

Amenazas que no solo se habrían producido en el ámbito privado de la RFEF, sino también de manera pública empleando para ello el altavoz de los medios de comunicación con la finalidad de que las amenazas vertidas lleguen también a los socios y aficionados de los clubes afectados. Una actuación que no es nueva por parte de los denunciados, habiéndose producido en situaciones anteriores con otras asociaciones y colectivos vinculados a la RFEF.