La Balona pone a Rubiales ante el juez
Real Balompédica | Primera Federación
El presidente de la Española declara tras la denuncia presentada por los albinegros y de los otros clubes de la Asociación de Tercera Categoría Nacional
Está acusado de amenazas, coacciones y prevaricación por asegurar que expulsaría a las cinco entidades de la Primera RFEF
El mandatario se limita a decir que actuó de acuerdo a la ley
Una denuncia presentada por la Real Balompédica Linense y los otras cuatro entidades fundadoras de la Asociación de Clubes de la Tercera Categoría Nacional ha puesto este martes ocho de noviembre al presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a su secretario general, Andreu Camps, y a su asesor jurídico, Tomás González Cueto, ante el responsable del Juzgado de Instrucción Número 8 de Majadahonda. El titular del mismo estudia un posible delito de amenazas, coacciones y prevaricación, ya que los cinco clubes aseguran que fueron amenazados con perder sus derechos (e incluso con que no se les permitiría competir en la entonces denominada Primera RFEF) si no disolvían el mencionado colectivo. Los imputados se han sostenido ante el magistrado que se limitaban a “cumplir la ley”.
“Los anteriores hechos revisten los caracteres de un presunto delito de amenazas, coacciones y prevaricación", advierte el juez Gonzalo Laguna Pontanilla en el auto con el que acordó la incoación de diligencias el pasado 20 de mayo. "Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal", añade el mismo documento.
Como fue desvelado en su día, los clubes denunciantes son Real Balompédica Linense, UD San Sebastián de los Reyes, DUX Internacional de Madrid, CF Rayo Majadahonda, Linares Deportivo, fundadores de la Asociación de Clubes de Fútbol de Tercera Categoría Nacional. En su escrito, sostienen que los tres cargos de la RFEF les "amenazaron (...) con la expulsión de la competición en la que militan" y "con la imposición de sanciones pecuniarias y denegarles el acceso a las ayudas financieras a las que tienen derecho y que gestiona la RFEF" si no disolvían esta asociación en 48 horas.
Las cinco entidades defienden que la Española perseguía que no pudieran "alcanzar acuerdos de patrocinio u otro tipo de ayudas financieras en beneficio de sus asociados y al margen de la RFEF y con ello poner en peligro los emolumentos y prebendas que disfrutan los denunciados".
Rubiales, Camps y Cueto en principio debían declarar el pasado 19 de octubre, pero su comparecencia se aplazó en el último momento a este martes.
Según informa El Confidencial: “Ante el juez, los tres se han escudado en que se limitaron a cumplir la ley porque la asociación supuestamente incumplía el reglamento federativo, explican fuentes presentes en la declaración. Los denunciantes, a cuyas preguntas no ha respondido ninguno de ellos, apuntan por su parte a la grabación de la reunión celebrada el diez de marzo y destacan que, pese a la línea de defensa esgrimida por la RFEF, en ningún momento llegaron a abrir un procedimiento contra su Asociación”-
“A la salida del juzgado, el propia Rubiales ha declarado ante las cámaras que no ha dicho más que "la verdad" al juez. "Son ya decenas de querellas las que se han interpuesto y todas se han acabado archivado", ha afirmado sobre la investigación que sigue el Juzgado de Instrucción número 8 de Majadahonda”, continúa la información.
“Este procedimiento se instruye en paralelo al del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda, que se centra en los Supercopa Files desvelados por El Confidencial. En ese caso, la investigación parte de las pesquisas iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción a partir de la información desvelada por este diario desde el mes de abril, una serie de exclusivas que motivaron que el presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores (CENAFE), Miguel Galán, denunciara a Rubiales ante la Fiscalía por los delitos de corrupción entre particulares, corrupción en los negocios, administración desleal, prevaricación administrativa y cohecho”, apostilla.
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