La Balona y una decena de clubes de Segunda B y Tercera, objeto de una inspección de Trabajo
Real Balompédica | Primera RFEF
La Guardia Civil busca indicios de un posible fraude a la Seguridad Social
Cobros en B, cotizaciones por debajo de lo percibido y patrocinadores no declarados, objeto del análisis
Inspectores de Trabajo, acompañados por efectivos de la Guardia Civil, se han personado en las últimas horas en las oficinas de varios clubes de las extintas Segunda B y Tercera división, entre ellos las de la Real Balompédica Linense, para analizar si existe fraude por parte de los mismos a la Seguridad Social. Los investigadores sospechan de cobros en B y cotizaciones muy por debajo de las cantidades efectivamente percibidas por los futbolistas. Esta actividad se lleva a cabo como consecuencia de la denuncia presentada por once clubes que entendían que se estaba favoreciendo la competencia desleal.
Las actuaciones han sido coordinadas por el Departamento de Análisis Criminal de la Policía Judicial de la Guardia Civil junto con la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, con la participación de las Unidades Orgánica de Policía Judicial de Algeciras, Cádiz, Alicante, La Rioja, Salamanca, Badajoz, Murcia y Baleares.
Diferentes medios han constatado que además de la Balona han sido objeto de estas visitas clubes como el Cartagena, ahora en Segunda, Atético Sanluqueño, Linares, Hércules, Calahorra, Salamanca CF UDS, Sanluqueño, Mérida, Extremadura, o La Nucía, sin que ello quiera decir que otros no hayan sido también objeto de la inspección, sino que no ha trascendido.
Las inspecciones que se llevan a cabo buscan constatar la existencia de actividades irregulares. De manera que efectivos de la Guardia Civil y de la Inspección de Trabajo han entrado en una decena de clubes por indicios de fraude en la Seguridad Social, fraude cometido presuntamente en categorías como la Segunda B y Tercera, las actuales Primera, Segunda y Tercera RFEF.
Los investigadores sospechan de cobros en B y cotizaciones muy por debajo de las cantidades efectivamente percibidas por los futbolistas, en claro perjuicio para las arcas públicas y de los propios jugadores. También hay indicios de dinero de patrocinadores que no es plenamente declarado.
Entre los indicios aparecen también posibles contratos paralelos sin cotización. Es decir que habría contratos privados con otras cantidades que complementan los ingresos que figuran en los contratos oficiales. Ello ha perjudicado por ejemplo a muchos futbolistas a la hora de cobrar su ERTE durante el parón provocado por la crisis del Covid-19 (coronavirus). Se vulnera el derecho del futbolista por culpa de una cotización insuficiente.
El Ministerio explica en su comunicado que una vez tuvo conocimiento de la denuncia de los clubes que se consideraban perjudicados “los investigadores realizaron contactos con distintos agentes del mundo del fútbol para comprobar la veracidad de los hechos que se ponían de manifiesto en dicha carta y que parecían normalizados y muy aceptados por la mayoría de los clubs”.
“En el marco de este análisis, tras una reunión de la Real Federación Española de Fútbol con todos los presidentes de clubes de fútbol de Seunda B y Tercera división que tuvo lugar en noviembre de 2019 y, que es de acceso público en Internet, resultó clave para dimensionar la magnitud y la normalización del problema”, continúa.
“A raíz de la constatación de la normalización del fenómeno, se preparó una campaña de lucha contra esta práctica. Este tipo de inspecciones coordinadas en la lucha contra el fraude están normalizadas y se realizan de forma habitual de forma conjunta entre la Guardia Civil y las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social, en los ámbitos laborales en los que se prevé que pudieran existir delitos de fraude a la Seguridad Social y contra los trabajadores”, matiza.
“En este caso concreto además la Guardia Civil lo ha realizado en el desarrollo de sus funciones de lucha contra la corrupción en el deporte en todo el territorio nacional”, finaliza. “De este modo, la Guardia Civil y la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude pretenden colaborar en la erradicación de esta práctica ilegal que pudiera estar normalizada y extendida en el sector del fútbol, y que perjudica la leal competencia en el mundo del deporte así como los derechos de los trabajadores en este ámbito”.
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